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La investidura catalana en los tribunales

Polémica fue la decisión tomada por el Consejo de Estado en su dictamen no expediente 85/2018, que fue emitido el día 25 de enero, por una Orden del Presidente de Gobierno. Desde Moncloa se buscaba anular la sesión de investidura en el Parlament de Catalunya, y también saber si existía cobertura legal para hacerlo. Sin embargo, dicho dictamen estableció que la impugnación de la propuesta de Carles Puigdemont como President de la Generalitat, con carácter preventivo e hipotético, estaba prohibida.

Esta decisión fue muy controvertida, y desde el mundo periodístico se tildó con dureza el texto de dicho dictamen. Un medio conservador como el ABC lo afirmó así: «El Consejo de Estado da un varapalo al Gobierno y rechaza el veto a Puigdemont»; uno progresista como Infolibre, así: «El PSOE ve en el varapalo del Consejo de Estado un "revés" del Gobierno mientras Cs confía en el Ejecutivo». A pesar del calificativo «varapalo», el Consejo de Estado tenía las manos atadas al respecto, ya que no podía confirmar las intenciones del Gobierno porque la jurisprudencia constitucional tampoco lo hacía, al menos, hasta ahora.

La STC 77/1985, de 27 de junio, dice literalmente al final de su Fundamento Jurídico 4o: «este TC debe pronunciarse, respecto a los preceptos impugnados, no sobre eventuales e hipotéticas interpretaciones de los mismos, propuestas por los recurrentes, sino sobre si se oponen a los mandatos constitucionales. Sin que procedan, por tanto, pronunciamientos preventivos referidos a posibles, y aún no producidas, aplicaciones de los preceptos legales, que no resultan necesariamente derivadas de las mismas, y que, de producirse, habrán de ser combatidas, en su caso, con los medios que ofrece nuestro ordenamiento, tanto ante este TC como ante otros órganos jurisdiccionales».

En esta misma línea también han ido Sentencias más recientes que se han remitido a la STC 77/1985. La STC 195/2012, de 31 de octubre, se pronuncia de esta manera: «[...] procede calificar su impugnación como preventiva o hipotética [...]. En numerosas ocasiones hemos descartado la pertinencia de este tipo de impugnaciones» (FJ 4o); la STC 91/2017, de 6 de julio, dice así: «Estamos así ante una impugnación preventiva o hipotética, vedada en nuestra doctrina» (FJ 9o).

Esta jurisprudencia constitucional, sumada a un dictamen del Consejo de Estado que advierte de la imposibilidad de tales intenciones, no parecía alentadora para las pretensiones del Gobierno. Aun así, éste impugnó ante el órgano máximo intérprete de la Constitución la resolución del President del Parlament que propone la investidura de Carles Puigdemont como candidato a President de la Generalitat.

La única opción que le queda ahora al ejecutivo español es que se produzca un cambio en la jurisprudencia del TC, cosa que, por otra parte, no ha sucedido muy a menudo en la historia de este Tribunal. En 2006, Francisco Fernández Segado, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, señaló en su trabajo «Los overruling de la jurisprudencia constitucional» que sólo se habían producido 5 cambios formalmente reconocidos en la jurisprudencia constitucional, aunque también incide en otros cambios que se habían producido «más o menos subrepticiamente» (Fernández Segado, 2006).

La Sentencia del TC todavía está pendiente, aunque el Pleno del Tribunal sí que dictó un auto al respecto el 27 de enero. En dicho texto jurídico se adoptó la decisión de suspender cautelarmente la sesión de investidura si:

a) Se realiza de forma telemática o a través de sustitución de Carles Puigdemont,

b) Se celebra sin autorización judicial, aunque se haga presencialmente, mientras siga vigente la orden de busca y captura e ingreso en prisión del candidato, o si

c) Los parlamentarios sobre los que recaiga una orden de busca y captura e ingreso en prisión delegan su voto en otros parlamentarios.

Todo esto muestra un indicio del contenido de la futura Sentencia en lo respectivo a la impugnación preventiva e hipotética de preceptos legales o su aplicación. Los Magistrados constitucionales ya han adoptado medidas cautelares de forma preventiva, así que, siguiendo esta lógica, esto parece indicar que se producirá un cambio jurisprudencial y ahora sí se podrán impugnar disposiciones, actos y resoluciones de forma hipotética y preventiva. Este supuesto cambio produciría unos efectos inmediatos en el sistema político e institucional.

Cualquier disposición, resolución o acto emanado del Estado o de alguna Comunidad Autónoma puede acabar en el TC en forma de conflicto de competencias positivo (arts. 62 y 63 Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, en adelante LOTC). Gobierno y ejecutivos autonómicos están legitimados para interponer este conflicto de competencias. El Gobierno lo puede hacer directamente en el plazo de dos meses posteriores; los ejecutivos de las CCAA tienen que enviar un requerimiento al órgano supuestamente infractor en el plazo de dos meses y éste tendrá un mes para contestar, pasado el cual ya se podría interponer el conflicto de competencias.
Con estas reglas del juego, y con el hipotético cambio jurisprudencial del TC, en teoría no se precisaría alegar en la argumentación jurídica la evidencia de que la disposición, resolución o acto viole la distribución competencial, sino la hipótesis de que lo hará. Del mismo modo, también cabría pretender una suspensión preventiva. Obviamente, esto sería un absurdo.

Esta distorsión del Derecho que podría hacerse en este escenario, en el que valdría impugnar actos de forma hipotética y preventiva, podría derivar en una situación ridícula: Gobierno español e independentismo catalán, una vez constituido en Govern, acudiendo sistemáticamente al TC impugnándose mutuamente las respectivas disposiciones del Estado y de la Generalitat sobre la base de la hipótesis de que la distribución competencial correría peligro si no se anulan o se suspenden preventivamente. Esto cortocircuitaría constantemente el sistema jurídico y daría lugar a una esperpéntica situación que obligaría al TC a replantearse este cambio jurisprudencial.

Si el TC finalmente adopta este cambio jurisprudencial, tal vez asistamos en un futuro a este sinsentido de conflictos de competencias; si, por el contrario, no lo hace, habrá que ver qué virguería argumentativa y jurídica hace el TC para conjugar, en un mismo proceso, la adopción de medidas cautelares contra la aplicación de la resolución del President del Parlament antes de que se aplique.

Todo este asunto entronca directamente con la judicialización de la política. Cuando los conflictos políticos son llevados a un Tribunal (en este caso, un Tribunal extraordinario como el TC), éste resuelve y otorga la razón o no de forma taxativa, sin que quepan más interpretaciones, concesiones y negociaciones después del fallo, dejándole ya muy poco margen a la política.

Por último, también será interesante ver, con la nueva propuesta del encarcelado Jordi Sánchez como candidato a President, si las disposiciones del auto del TC se salvan con un permiso judicial para que el candidato acuda al Parlament o no. Esto será indicio, a su vez, de hasta qué punto es posible seguir con esta dinámico de judicialización y bloqueo.


Fernández Segado, Francisco (2006). «Los overruling de la jurisprudencia constitucional», Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, Nº 3, 2006, págs. 27-92.

Ferran Bernad Vigo

Ferran Bernad Vigo

(Aldaia, 1997) Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la Universitat de València y la Universidad Carlos III. Embaucado por la poesía; actor y músico por defecto; discutidor por deporte.

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