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Volando voy, volando vengo: fantasmas de la política aeroportuaria.

Recientemente veíamos la trágica historia del Aeropuerto de Ciudad Real, que lleva tiempo en una subasta cuya última puja han sido 10.000 euros, cuando su coste osciló entre los 100 y 1.000 millones de euros. Pero desgraciadamente esta no es la única  historia de los aeropuertos fantasma, Castellón y su fallido aeropuerto es el ejemplo de una problemática patente en España. Así, uno de los más sonados y polémicos casos sobre el gasto que realizan las  Comunidades Autónomas, son los enormes gastos en obras que se han realizado en los últimos años en tranvías, aeropuertos y demás infraestructuras que no se utilizan más que una vez al día.

En este artículo Roger Senserrich nos hablaba sobre la posibilidad de destinar los Presupuestos Generales del Estado en tema de infraestructuras para cada Comunidad Autónoma en en función del PIB de la misma. Sin embargo, uno los problemas que se derivan de este sin fin de infraestructuras infrautilizadas es la manera en la que nuestro sistema competencial prevé la instalación de las mismas.

Nuestra Constitución prevé, en cuanto a la construcción de aeropuertos, que las Comunidades Autónomas tengan competencias en función de un criterio territorial -es decir, dentro de la Comunidad en sí-, y siempre que no sean de interés general, pues en este caso serán competencia de la Administración General del Estado. De este modo, debemos distinguir las infraestructuras de interés general. Ente tipo de estructuras se considerarán de interés general siempre que ostenten los siguientes criterios -en el caso de aeropuertos (Real Decreto 1150/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2858/2982, de 27 de noviembre, sobre calificación de aeropuertos civiles.

  1. Que, por la importancia de su tráfico, se integren en la red transeuropea de aeropuertos como componentes internacionales o comunitarios de la misma.
  2. Aquellos cuya gestión conjunta resulte necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la red común de transporte en todo el territorio del Estado.
  3. Que puedan incidir sustancialmente en la ordenación del tránsito aéreo, la estructura del espacio aéreo y el control del mismo.
  4. Que sean de interés para la defensa nacional.
  5. Que constituyan la parte civil de los aeródromos de utilización conjunta civil y militar.
No podemos olvidar que la construcción de infraestructuras y obras públicas y sobretodo de este calado no deja de estar intrínsecamente ligada con la dirección política del gobierno del momento, de tal modo que dependerá principalmente de la decisión o bien del gobierno central o de los diferentes gobiernos autonómicos. Teniendo en cuenta que los requisitos para que un aeropuerto sea de interés general no son muy exigentes, prácticamente cualquier comunidad puede gestionar por su cuenta y riesgo, y montarse su aeropuerto o aeropuertos de una manera fácil, sencilla y para toda la familia. ¿El resultado de todo ello? Nada más que 46 aeropuertos con vuelos de pasajeros en España.

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Fuente: AENA

A la luz del mapa podemos observar que hay aeropuertos en las ciudades grandes y de un claro interés turístico como Madrid, Barcelona o Bilbao –entre otras muchas. Del mismo modo, parece lógico que las islas posean su propio aeropuerto. Sin embargo, vemos que lejos de quedarse en capitales de Comunidad Autónoma o ciudades de interés turístico, empiezan a proliferar aeropuertos en ciudades tan pintorescas como Huesca o Logroño. O cómo, en una misma Comunidad Autónoma podemos encontrar casi un aeropuerto por provincia –véase Andalucía- o a una proximidad entre ciudades realmente pequeña,  como es el caso de Santiago de Compostela y A Coruña ambas con aeropuerto y a una distancia de 70 kilómetros entre sí.

Hay que señalar que obras de tal envergadura ya no solo forman parte de una dirección política y una decisión, en teoría, avalada por estudios de viabilidad económica sino que, además, están muy atadas desde el punto de vista del Derecho Administrativo. Así, deben enmarcarse necesariamente en Planes Estratégicos con el fin de evitar la arbitrariedad en las decisiones políticas. No obstante, tal y como decíamos, el sistema competencial permite que las Comunidades Autónomas sean realmente autónomas en esto, quizás se necesiten tantos aeropuertos ¿o no? Vamos a ver qué dicen los datos.

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Fuente: AENA

El gráfico nos muestra una evolución de los 43 aeropuertos españoles –hemos excluido Sabadell por no tener vuelos de pasajeros hasta los últimos años, y los helipuertos de Algeciras y Ceuta- desde el 2004 hasta el 2014 en función del número de pasajeros que viajan al año. En el gráfico se observa como los aeropuertos que están en ciudades muy turísticas o de carácter singular tienen cifras anuales de 37.559.044 de pasajeros como el Aeropuerto de Barcelona, 10.065.873 de pasajeros en 2014 en Alicante, y una serie de aeropuertos que superan los 4 millones de pasajeros al año. Sin embargo, dentro de esas desorbitadas cifras, vemos una serie de zonas que, en comparación, son ínfimas y que corresponden a aeropuertos como el de Granada (650.000 pasajeros), Valladolid (223.587 pasajeros), Vitoria (7.073 pasajeros), Córdoba (6.613) y bajando hasta los 263 pasajeros que tuvo el aeropuerto de Huesca-Pirineos en 2014.

No parece realmente que tenga sentido tener un aeropuerto en Granada o Córdoba teniendo el de Sevilla que ronda los 3 millones de pasajeros o el de Málaga que supera los 13 millones de pasajeros anuales; o uno en Vitoria teniendo el de Bilbao.

Una vez más, el Estado de las Autonomías del que gozamos y que aquí explica Pablo Simón , ese quiero y no puedo del federalismo ha dado lugar a situaciones como esta. Por una parte, las CCAA tienen potestad para realizar infraestructuras que no sean de interés general –coherente-, pero por otra, el listón del “interés general” es tan alto que apenas ningún aeropuerto llega a considerarse como tal para su construcción. La descentralización de competencias tiene sus ventajas, como la potenciación del benchmarking entre Comunidades, sin embargo puede dar lugar a una rivalidad que extralimitándose puede da lugar a incentivos perversos entre Comunidades y generar desigualdad. Así es como finalmente llegamos a soluciones tan disparatadas como la reciente subasta del aeropuerto de Ciudad Real reciente subasta del aeropuerto de Ciudad Real.

Lorena Sánchez Chamorro

Lorena Sánchez Chamorro

Jurista y politóloga. Friki de la literatura, las telecomunicaciones y la vida en general. Firme defensora del conocimiento multidisciplinar. Siempre aprendiendo. Análisis crítico como base de todo.

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