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Retomo aquí el tema del anterior artículo: el marco teórico necesario dentro de las instituciones para que aparezcan comportamientos corruptos. Cada una de estas teorías enfatiza aspectos diferentes del mismo fenómeno a la hora de elegir un factor diferencial para la ocurrencia de actividades ilícitas en la administración. En algunas se da más importancia a los fallos del sistema político y económico, y en otras a los incentivos que empujan a los individuos a delinquir; habiendo tratado 4 tipologías, empezamos aquí con la quinta.

5. Asignación de recursos

En cualquier economía se produce una competición entre dos tipos de sectores para la captación de recursos y talento, que tiene un gran impacto en la eficiencia y productividad por la variación en la cantidad, calidad y comportamientos de las inversiones:

a) Actividades productivas: Son las que generan output y beneficio para la sociedad. Se nutre de ideas dirigidas para mejorar la productividad.

b) Actividades improductivas: Se dedican a la búsqueda de rentas y engloban comportamientos delictivos como el que abordamos en este trabajo.

La diferencia entre los beneficios producidos por ambos sectores conformará el principal incentivo para el comportamiento de los agentes. Los países que posean una tecnología muy productiva en búsqueda de rentas (es fácil involucrarse en actos ilícitos y la protección de los derechos de propiedad es baja) tendrán en consecuencia un rendimiento económico pobre causado por el trasvase de talento que se producirá desde el sector productivo al improductivo en busca de una mayor recompensa económica.

En contraste con lo anterior, se han venido defendiendo algunas teorías que relacionan positivamente la corrupción y la eficiencia. Estos puntos de vista coinciden en proponer los comportamientos corruptos como solución (al menos parcial) de fallos de mercado o de actuaciones erróneas del sector público —una corrupción institucionalizada que elimine la incertidumbre será mucho menos dañina que una aleatoria. Dichas situaciones pueden caracterizarse como de second-best (segundo óptimo).

6. Regulación económica distorsionada

Según esta perspectiva, la corrupción administrativa sería la forma de vencer las rigideces impuestas por una política económica errónea o ineficiente y un marco legislativo deficiente (por defecto o por exceso). Huntington (1968) se refirió a esto de manera muy gráfica como una forma de «engrasar la rueda administrativa»: permitir la inversión y favorecer crecimiento.

La solución de segundo óptimo en este caso es producida por usar la corrupción administrativa como una segunda distorsión con efectos compensadores sobre la primera que se considera dada.

7. Oferta de sobornos

Si los funcionarios solo toman una decisión guiados por la cuantía del soborno y las empresas cumplen los requisitos para conseguir ese contrato, se podría llegar a un resultado óptimo porque la empresa más eficiente podrá permitirse el soborno más alto. Lien (1986) propone que este mecanismo de soborno es muy similar a los procesos legales de subasta pública con información imperfecta, pero con menor coste incluso.

Pero en el modelo de subasta de Lien no se tiene en cuenta la posibilidad de que la empresa que ofrezca el pago más alto no sea la más eficiente, sino que esté especializada en la búsqueda de rentas para conseguir contratos o que reduzca la calidad de sus servicios para aumentar su oferta de sobornos. Además, podrían existir barreras a la entrada de nuevas empresas más eficientes debido a las relaciones corruptas anteriores. En lugar de facilitar remedos ilegales del sistema de subasta público, se debería reforzar este mismo sistema para garantizar que se utilice.

8. Teoría de colas

Lui (1985) llega a la conclusión de que se produciría una mejora en la eficiencia burocrática si se entregasen sobornos para acelerar la tramitación. Los individuos dan un valor diferente a su tiempo y los que tuvieran un mayor coste de oportunidad pagarían más por saltarse la fila y ser atendidos antes.

Sin embargo, en una administración lenta y burocratizada, los funcionarios tendrían incentivos para retrasar los procedimientos de manera deliberada y atraer más sobornos. Algunos agentes pagarían precios muy altos para minimizar su espera, pero el tiempo medio de solución de trámites aumentaría y no existiría mejora en la eficiencia en absoluto.

9. Complemento de salarios públicos

Los sobornos podrían ser vistos como una manera de complementar unos sueldos públicos bajos sin que el sector público tuviera que asumir el coste, según el trabajo de Tullock (1996). El gobierno conseguiría de esta forma mantener una carga impositiva menor que favorecería el crecimiento. El dilema que aquí se plantea es el siguiente: ¿son preferibles unos impuestos bajos o una corrupción baja? Los análisis indican que una carga tributaria baja no compensa los terribles efectos de una corrupción generalizada.

10. Competencia entre funcionarios

Salinas y Salinas (2007) nos llevan a matizar la división entre corrupción centralizada y descentralizada que hemos hecho antes, según la existencia o no de competencia entre funcionarios para expender licencias:

a) Servicios complementarios: no se producen cambios respecto a la situación ya comentada. Los agentes necesitan los permisos de una serie determinada o indeterminada de servidores públicos.

b) Servicios suplementarios: implica que una misma licencia puede ser expedida por varias administraciones, lo que acaba con el poder monopolístico de la administración central al necesitarse solo uno de los permisos para el suministro del bien o servicio. Formas de descentralización administrativa, política y fiscal unidas a canales de información y participación democrática efectivos supondrían menores niveles de corrupción. Las menores rentas generadas a niveles subnacionales favorecerían este efecto, aunque habría que afrontar el mayor riesgo de formación de redes clientelares.

Todavía hoy en día no se ha podido aclarar completamente si, ceteris paribus, la descentralización de un Estado promueve o inhibe la corrupción vigente, a pesar del gran número de trabajos académicos que han intentado ocuparse de este tema. El debate continúa a la espera de datos más concluyentes.

11. Influencia del marco institucional

A partir de aquí, termino este repaso a las más relevantes teorías generadas en torno al fenómeno de la corrupción fijándome en un suceso difícil de aclarar en su totalidad: la persistencia de la corrupción en las sociedades, así como las complicaciones que surgen al intentar disminuir su nivel, siguiendo las investigaciones de Jiménez (2013), Ganuza (2013), Fernández Díaz y Fernández Cornejo (2000) y Jiménez Sánchez (2008).

Por lo que respecta a la influencia del marco institucional, se constata que países con similar desarrollo económico presentan muy distintos niveles de corrupción en parte a causa de sus marcos institucionales concretos. Los procesos de formación de las reglas y costumbres sociales evitan en cierta forma la desaparición de la corrupción debido a la influencia de:

a) Existencia de rendimientos crecientes en la tecnología de la corrupción: cuanto mayor es el sector dedicado a la búsqueda de rentas, mayores rentabilidades extrae (a partir de cierto nivel de corrupción y hasta cierto punto).

b) Condiciones iniciales (de nivel de corrupción, normas sociales o calidad institucional): producen el fenómeno conocido como dependencia de la senda (path dependency); es decir, el sustrato cultural previo es muy relevante para una mayor o menor persistencia de la corrupción.

Ostrom (1998) bautizó como dilema de acción colectiva de segundo orden al hecho de que el incumplimiento de normas tienda a aumentar cuando existe desconfianza social hacia la honestidad de los demás. Los agentes son actores racionales que dependen de las expectativas compartidas sobre cómo actuarán otros para decidir. Si los incentivos para actuar de forma corrupta son fuertes, la honestidad va a ser percibida como fuente de pérdidas económicas innecesarias. Este punto es de extrema importancia para la persistencia de actuaciones ilícitas en la sociedad: el comportamiento general va a marcar el individual.

Las conductas ilícitas surgen de manera más sencilla en países con equilibrios sociales basados en intercambio de baja calidad. Gambetta y Origi (2009) argumentaron que estos acuerdos de baja calidad conllevan la asunción implícita del incumplimiento mutuo, e incluso penalización por cumplir una parte, ya que lo contrario se da por hecho. Por tanto, en este tipo de sociedades imperará una aceptación sumisa de los intercambios de la corrupción.

12. Equilibrios múltiples

Si en una sociedad un shock incrementa notablemente el nivel de corrupción, superando en mucho los niveles tradicionalmente aceptados, estas acciones ilícitas van ganando aceptación poco a poco y convirtiéndose en normales hasta que dicha sociedad las acepta de forma plena. El país pasa a un equilibrio social con un nivel de corrupción mayor que será difícil de disminuir una vez asumido.

Con esto doy por concluido este breve repaso a la teoría de la corrupción, que una vez más pone de manifiesto la complejidad y multiplicidad de matices que atañen a un fenómeno escurridizo y cambiante.


FERNÁNDEZ DÍAZ, A., FERNÁNDEZ CORNEJO, J.A. (1999): “La economía de la corrupción y el control externo”, Revista Española de Control Externo, vol. 1, 3, 9-38.

GAMBETTA, D., ORIGGI, G. (2009): “L-worlds: the curious preference for low quality and its norms”, Sociology Working Papers, Paper 2009-2008, University of Oxford.

GANUZA, J. (2013): “Luchar contra la corrupción y salir de la crisis económica: dos caras de la misma moneda”, Cuadernos de Información Económica, 236.

HUNTINGTON, S. (1968): “Political order in changing societies”, New Haven, Yale University Press.

JIMÉNEZ, J.L. (2013): “Corrupción local en España”, Cuadernos Económicos del ICE, 85, 23-41.

LIEN, D. (1986): “A note on competitive bribery games”, Economic Letters, 22, 337-341.

LUI, F. (1985): “An equilibrium queuing model of bribery”, Journal of Political Economy, 93: 760-781.

OSTROM, E. (1998): “A behavioral approach to the rational choice theory of collective action”, American Political Science Review, 92, 1-22.

SALINAS, M., SALINAS, F. (2007): “Corrupción y actividad económica: una visión panorámica”, Hacienda pública española, 180: 109-137.

TULLOCK, G. (1996): “Corruption theory and practice”, Contemporary Economic Policy, 14: 6-13.