TodЛs somos políticЛs. TodЛs hacemos política.

Para un tema como la corrupción, que comprende tal cantidad de complejos matices, no sorprende la existencia de un buen número de enfoques para abordarlo. En este artículo voy a tratar de analizar algunos de ellos; en concreto, aspectos de las llamadas teorías institucionales de corrupción. Cada una de ellas enfatiza aspectos diferentes del mismo fenómeno a la hora de elegir un factor diferencial para la conceptualización de actividades ilícitas en la administración. Por un lado, se da más importancia a los fallos del sistema político y económico y, por otro, a los incentivos que empujan a los individuos a delinquir.

1. Enfoque estructural

Rothstein (2011) defiende la calidad del sistema gubernamental como de importancia clave para explicar un nivel bajo de corrupción. Estas prácticas delictivas se producirían por el mal funcionamiento de las instituciones. La importancia está en los factores estructurales que dan forma a las reglas del juego, lo que llamaremos marco institucional: determinantes históricos, culturales, sociales y económicos. Variables como el desarrollo de la democracia, la efectividad del sistema legal, las costumbres y tradiciones (incluida la influencia de un posible pasado colonial) o las libertades civiles y de prensa explican, según este enfoque, de manera convincente el nivel de corrupción y priman sobre cualquier política que un gobierno concreto pueda implementar.

Para conseguir ciertos niveles de excelencia institucional también es necesaria la imparcialidad en la aplicación de las políticas gubernamentales, aspecto afín a la teoría de la burocracia perfecta desarrollada por Weber (1947): el servidor público debe ser el adecuado transmisor de las decisiones del Estado, sin provocar ninguna clase de distorsiones. El uso de métodos meritocráticos para la contratación y promoción del funcionariado contribuyen a unos niveles bajos de corrupción.

Se puede criticar este punto de vista por un cierto fatalismo o, al menos, cierta resignación, ya que no ofrece más soluciones para disminuir el grado de prácticas corruptas que cambiar el marco institucional, proceso costoso y solo posible a largo plazo. Da a entender que cualquier diseño político resulta inútil a corto/medio plazo para luchar contra la corrupción.

2. Enfoque en incentivos

Klitgaard (1988) introdujo su célebre ecuación de corrupción para enumerar las condiciones que generan incentivos para comportamientos corruptos de los agentes:

C=M+D-A

La corrupción (C) es igual al grado de monopolio que posea el servidor público a la hora de decidir sobre un bien o servicio (M) más la discrecionalidad que exista sobre la toma de la decisión (D) menos el grado de rendición de cuentas al que esté obligado el trabajador público en cuestión (A). Aquí, máxima discrecionalidad se entiende como la opacidad completa que posee un agente público al decidir sobre una acción o política al no necesitar dar ninguna clase de explicación a otros funcionarios, rivales políticos u opinión pública. Además, unida a la influencia de estos tres factores es necesaria la existencia de una perspectiva de ganancia económica asociada a la decisión.

a) Conducta del delincuente racional: si continuamos centrados en los incentivos para el comportamiento corrupto, es posible introducir las dinámicas de la corrupción en los modelos microeconómicos de la economía de la delincuencia. La conducta del delincuente racional hace uso de las herramientas de los equilibrios de mercado competitivo para llegar a la siguiente conclusión: una elección racional de la cantidad de prácticas corruptas a llevar a cabo en un determinado contexto. Podemos seguir los postulados del libro de Albi et al. (2009), referidos al análisis del fraude fiscal, si los adaptamos al análisis económico de la corrupción. El actuar o no de forma ilícita (y el alcance de dichas actividades) constituye una decisión tomada bajo incertidumbre porque optar por cometer acciones ilícitas no provoca la actuación inmediata de los organismos sancionadores. Existen dos estrategias para el agente decisor: no cometer irregularidades o cometer un número determinado de irregularidades de una gravedad concreta. Si elige la segunda, su situación final dependerá de si es o no investigado y sancionado (existirá una probabilidad de ser descubierto que puede variar y la posible sanción aumentará conforme lo hace la gravedad y el número de delitos). Daremos por hecho que el agente se comporta de acuerdo con el postulado Von Neumann-Morgenstern: ante situaciones con incertidumbre, actuará maximizando el valor esperado.

Es decir, para maximizar el valor esperado de sus acciones el delincuente representativo decide teniendo en cuenta:

  • Costes: psicológicos, sociales, tiempo dedicado a delinquir, tiempo de adquisición de capacitación necesaria o riesgo de descubrimiento (según la magnitud del potencial castigo, la probabilidad de ser descubierto y su propia actitud frente al riesgo).
  • Beneficios: aumento en la corriente de ingresos, disminución del número de horas de trabajo a la semana o posibilidad de mejorar estatus social. La decisión final se tomará cuando se igualen los costes marginales con los beneficios marginales en una cantidad concreta de corrupción, de acuerdo con la ley de los rendimientos decrecientes (cada unidad adicional de delito costará más y dará menos beneficios que la anterior). El resultado cambiará cuando varíen variables como los ingresos potenciales, la dureza de las penas, la eficacia policial, la rendición de cuentas o la desaprobación social de las conductas corruptas.
Gráfico 1: Cantidad de corrupción óptima a cometer por un agente según el beneficio marginal que obtendría y el coste marginal que soportaría asociados a las conductas corruptas. Elaboración propia.

En la realización del Gráfico 1 retomo el libro de Albi et al. (2009) para adaptar al contexto de la corrupción sus gráficos sobre comportamientos de evasión y elusión fiscal usando funciones exponenciales. En el eje de abscisas se mide la cantidad de corrupción que comete el agente y en el de ordenadas la magnitud del beneficio y coste marginal del agente. Se puede observar que tanto el beneficio marginal (que llamaremos B’[C]), que es la función roja decreciente, como el coste marginal (S’[C]), que es la función azul creciente, cumplen la Ley de los Rendimientos Decrecientes al no ser lineales. En el instante inicial, la corrupción óptima del agente sería 5, ya que en dicha cifra se igualan costes y beneficios marginales y no existe incentivo para disminuir o aumentar la cantidad de delitos cometidos. También hemos introducido una situación en la que una medida gubernamental (como podría ser un aumento en la probabilidad de descubrimiento de los delitos debido a una metodología de control más eficaz) ha incrementado los costes asociados a las conductas corruptas. En consecuencia, la nueva función de costes sería S’’[C] (función verde creciente) y la nueva cantidad de corrupción disminuiría a 4. El aumento del coste de ciertos comportamientos y la disminución de sus beneficios supondrían un desincentivo para realizarlos.

Sustentándose también en la idea de la elección racional por comparación coste-beneficio del servidor público, Becker y Stigler (1974) desarrollaron una teoría de salarios de eficiencia. Un funcionario puede delinquir por necesidad (su estipendio mensual no es suficiente para mantener a su familia o cubrir sus necesidades básicas) o por avaricia (quiere mejorar su estatus social o incrementar su nivel de vida). Por tanto, aumentar los sueldos públicos hasta un nivel eficiente acabaría con la corrupción por necesidad y eliminaría incentivos para el delito. Sin embargo, subir los salarios hasta un nivel en el que no se produjeran comportamientos fraudulentos en absoluto resultaría inasumible para el sector público y existiría un nivel de corrupción óptimo distinto de cero compatible con un gasto público eficiente.

A pesar de que Raunch y Evans (2000) no han encontrado una relación negativa muy fuerte entre nivel de salarios públicos y nivel de corrupción, sí que influyen notablemente otros elementos relacionados necesarios para una administración eficiente, como son condiciones de selección y promoción basadas en el mérito y estabilidad laboral.

Otro modo de desincentivar conductas delictivas consistiría en aumentar el coste esperado por participar en la corrupción, compuesto por la probabilidad de ser descubierto y la sanción aplicada en ese caso. Respecto al primer factor, los mecanismos de recogida de información y control que se requerirían serían demasiado complejos y costosos. Además, dado el caso de una corrupción generalizada los responsables de luchar contra ella también estarían implicados y favorecerían su existencia. El segundo factor tendría una aplicación más rápida y sencilla, aunque Schleifer y Vishny (1998) vislumbraron un límite: al comparar las diferencias entre los costes que suponen permitir un cierto nivel de corrupción y eliminarla totalmente deducen que la corrupción nula supondría un gasto demasiado alto. Es decir, vuelve a existir un nivel de corrupción compatible con un diseño óptimo de la burocracia unido al diseño óptimo de las sanciones.

b) Límites en la lucha contra la corrupción: Si continuamos esta línea de pensamiento, apoyándonos de nuevo en Albi et al. (2005), nos encontramos con 3 límites a la reducción de las prácticas corruptas:

  • Existe un sentido de proporcionalidad al aplicar sanciones en derecho penal. Es decir, hay un máximo en las cuantías de multas que un Estado de Derecho puede imponer en la lucha contra la corrupción.
  • Existe una economía sumergida que genera empleo. Y se perdería si la corrupción desapareciese.
  • La lucha contra la corrupción consume recursos administrativos.

Como acabamos de ver, el análisis teórico desde el punto de vista de los incentivos individuales deja margen para la implementación de políticas que reduzcan los niveles de abusos públicos y las distorsiones a su eficacia. Intentaré en la medida de lo posible aludir al desincentivo de prácticas delictivas al referirme a las potenciales soluciones de este fenómeno, aunque sin descuidar las reformas estructurales pertinentes, sin duda necesarias.

Los siguientes constructos teóricos en los que nos vamos a detener se relacionan con los llamados modelos de organización y la forma que tendría un supuesto mercado de la corrupción en el que se englobarían este tipo de prácticas.

Podemos comenzar considerando dicho mercado de la corrupción a nivel nacional como de competencia perfecta, pero las relaciones entre corruptores y corruptos concretos como un monopolio bilateral en el que el equilibrio final se conseguiría siguiendo el esquema de incentivos a los que hemos hecho referencia.

Observemos ahora los principales puntos de vista desde los modelos organizativos y la forma del mercado:

3. Modelo Principal-Agente

La relación entre los decisores y los que deben llevarlas a término se explica usando la forma concreta de este tipo de organización. El principal (Gobierno, aunque algunos autores consideran también que son los votantes) toma una serie de decisiones persiguiendo un objetivo concreto. Para que dicho objetivo se cumpla, los agentes (servidores públicos o cargos electos) deben implementar estas decisiones que el principal delega en ellos.

El problema surge porque en ocasiones la función objetivo del principal, que necesita ser maximizada por el agente para que se cumpla el plan de aquél, no coincide con la función objetivo del propio agente, que éste maximiza en realidad, debido a la existencia de información asimétrica a favor del agente. Dicha situación se produce porque el agente posee más conocimientos sobre el funcionamiento y necesidades burocráticas para gestionar la aplicación de las decisiones políticas. Así, existe la posibilidad de que el agente incumpla el contrato de agencia y actúe a favor de un tercero a cambio de un pago. Este soborno surgirá de la negociación entre el corruptor y el agente como resultado de sustraer a los beneficios que generará la corrupción la ganancia que obtendría el corruptor de no existir práctica corrupta alguna.

Por tanto, el agente maximizará su propia utilidad, solo limitada por la restricción de conseguir el beneficio mínimo para el principal que evite su despido como gestor. Además, el principal no tiene incentivos para supervisar la gestión del agente, ya que el coste de la búsqueda de dicha información sería demasiado alto.

La solución al problema principal-agente debe surgir del diseño de contratos de agencia que incluyan incentivos para que la gestión del agente redunde en unos beneficios para el principal lo más altos posible, como un porcentaje de los resultados conseguidos en forma de complemento salarial.

4. Estructura de mercado

Las consecuencias de la corrupción serán muy diferentes dependiendo del grado de coordinación que exista entre las distintas esferas políticas y administrativas. Murphy et al. (1991) demostraron que en economías donde las prácticas corruptas están muy extendidas o son endémicas, éstas son mucho más dañinas si no existe una organización central sobre ellas.

Si existe corrupción centralizada significa que se encuentra organizada desde arriba y se internalizan los efectos distorsionadores. Hay colusión entre los agentes y se comportan de forma similar a un monopolio, maximizando los beneficios conjuntos de los participantes en las acciones delictivas. Los ciudadanos o las empresas conocen previamente a quién deben pagar un soborno según lo que necesiten conseguir. Dicha certidumbre les permite realizar ciertos cálculos de rentabilidad económica para llevar a cabo su actividad. A su vez, el cártel político-administrativo debe establecer una estructura de sobornos adecuada, que no disuada excesivamente a posibles inversores; en caso contrario, no se conseguiría el nivel mínimo de actividad económica para poder maximizar los ingresos netos por sobornos y el poder ejecutivo se comportaría de forma depredadora (es decir, con una perspectiva únicamente a corto plazo para el saqueo desenfrenado y sistemático del Estado).

Si existe corrupción descentralizada significa que las actividades son realizadas de manera desorganizada y competitiva. Cada nivel administrativo exige un soborno independiente de los demás a los agentes que persiguen la provisión de cierto bien o servicio, lo que da lugar a un daño económico más pronunciado. Los ciudadanos u organizaciones empresariales se ven forzados a sobornar a una serie indeterminada de funcionarios y provoca incertidumbre sobre los costes de establecimiento en el mercado. Los pagos efectuados a los servidores públicos toman la forma de costes hundidos: pueden ser irrecuperables si el último funcionario deniega el permiso o licencia.

Siguiendo con la influencia de las fuerzas del mercado en la corrupción, es posible considerar el comportamiento de  los funcionarios corruptos como similar al de empresas maximizadoras de beneficio (en este caso el nivel de actividades corruptas elegido depende de la estructura del mercado de sobornos, la elasticidad de la demanda de sobornos de los funcionarios y su posible coordinación entre sí para fijar el importe). Siguiendo las similitudes con el modelo empresarial, la naturaleza ilegal del mercado de la corrupción no impide la formación de contratos de precios altamente sofisticados, tal y como probaron Olken y Barren (2007) usando el sistema de pagos al que los transportistas indonesios estaban obligados por el ejército al pasar por cada checkpoint. A pesar de tratarse de corrupción descentralizada, se llevaban a cabo unas complejas series de discriminaciones de precios de tercer grado (según características del camión) y de segundo grado (posibilidad de adquirir cupones previos y uso de tarifas variables).

La complejidad del tema requiere un análisis amplio; hemos podido ver los intrincados modelos de delincuencia que, consciente o inconscientemente, forman las redes de corrupción. Precisamente por eso, para captar todos los niveles de diversidad delictiva, terminaré este somero repaso en la siguiente entrega.


ALBI, E., GONZÁLEZ-PÁRAMO, J. M., ZUBIRI, I. (2009): Economía Pública II, 3ª edición, Ariel: Barcelona.

BECKER, G., STIGLER, G. (1974): “Law enforcement, malfeasance, and the compensation of enforcers”, Journal of Legal Studies, 3, 1-18

KLITGAARD, R. (1988): “Controlling corruption”, University of California Press, Berkeley

MURPHY, K., SHLEIFER, A., VISHNY, R. (1991): “The allocation of talent: implication for growth”, Quarterly Journal of Economics, 116, 503-530

OLKEN, B. (2007): “Monitoring corruption: Evidence from a field experiment in Indonesia”, Journal of Political Economy, vol. 115, 2: 200-249

ROTHSTEIN, B. (2011): “The quality of government”, The University of Chicago Press

RAUNCH, J., EVANS, P. (2000): “Bureaucratic structure and bureaucratic performancein less developed countries”, Journal of Public Economics, 75

SHLEIFER, A., VISHNY, R. (1998): “The grabbing hand, government pathologies and their cures”, Harvard University Press

WEBER, M. (1947): The Theory of Social and Economic Organization, translated by A. M. Henderson and Talcott Parsons. Talcott Parsons, New York