TodЛs somos políticЛs. TodЛs hacemos política.

Las elecciones del pasado 21 de diciembre condujeron a Cataluña hacia un nuevo escenario de profunda incertidumbre. A pesar de la histórica victoria de Inés Arrimadas, que conviene no separar de las condiciones excepcionales en las que se celebraron los comicios, el verdadero ganador de la noche fue Carles Puigdemont. En unas elecciones con el Govern cesado en prisión o en el exilio, la candidatura del President, que se situaba en tercera o cuarta posición según la mayoría de encuestas, consiguió no solamente convertirse en el centro mediático de la campaña electoral sino incluso superar a ERC tanto en votos como en escaños.

Hay que tener en cuenta que Mariano Rajoy convocó dichas elecciones con la esperanza de acabar con el procés y, en cambio, se ha encontrado con un independentismo que demuestra que sigue siendo la opción mayoritaria entre los dos bloques y que, además, dispone de una capacidad de movilización electoral inigualable. La campaña mediática a favor de las fuerzas constitucionalistas y la ausencia tanto de Puigdemont como de Junqueras no fueron suficientes para impedir revalidar la mayoría absoluta independentista. Además, el PP sufrió también una derrota partidista: marginalizado en el grupo mixto y a la sombra de Ciudadanos (al cual, según el CIS, han transitado cerca del 48% de sus votantes de 2015) que parece estar capacitado para competir por primera vez por el votante conservador a nivel estatal.

Aunque el ganador fue Puigdemont, la simple fuerza de las urnas, como es normal, no servirá para todo. La victoria electoral del 21-D se tiene que enmarcar dentro de una lógica de resistencia, porque la iniciativa en el conflicto político catalán ha pasado a monopolizarla por completo el gobierno central. A día de hoy, el independentismo no dispone de una hoja de ruta capaz de orientarlo y tanto JxCAT (la candidatura que incluye al PDeCAT) como ERC y la CUP han renunciado de facto a la unilateralidad. Asimismo, conviene no olvidar que unas elecciones autonómicas convocadas desde Moncloa son la constatación del fracaso que supuso la pasada legislatura. La imprudencia de la decisión del Govern de declarar la independencia sin ni siquiera intentar aplicarla ha llevado a una situación de frustración e indefensión a buena parte de la sociedad que será difícil de asumir.

Las urnas también han dejado al independentismo en un dilema que parece irresoluble: por un lado, parece estar dispuesto a mantener la llama del conflicto político con el Estado pero, por otro, sin ejercer el derecho a la autodeterminación, la resolución de la disputa sólo es posible mediante un pacto con Madrid. En esta línea, antiguos dirigentes como Artur Mas han defendido una legislatura larga que se desarrolle estrictamente dentro del marco establecido por la legalidad española. Empero, el único consenso que parece existir actualmente dentro del soberanismo es el de la necesidad de investir a Puigdemont como presidente y hacer funcionar las instituciones de la mejor forma posible. Una estrategia llena de complejidades.

Retrospectiva de un fracaso

El 27 de octubre de 2017 se produjo el levantamiento de la suspensión de la declaración unilateral de independencia presentada 10 días antes. Tras una votación secreta carente de cualquier tipo de épica, el Parlamento aprobaba una propuesta de resolución que instaba al Govern a aplicar los efectos de la DUI. De este modo, la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República entraba en vigor y la Generalitat, siguiendo el mandato de la cámara legislativa, tenía la obligación de hacer efectiva la República.

Una situación de extrema debilidad del Estado que ha tenido otros episodios. La celebración del referéndum del 1 de octubre fue un claro ejemplo de lo que son capaces de hacer cientos de miles de personas organizadas: tomar el control del territorio y convertirse en soberanas. El Estado fue incapaz de imponer su autoridad sobre Cataluña y no sólo se abrieron la mayoría de colegios electorales sino que se constituyeron las mesas, los observadores internacionales pudieron desarrollar sus tareas con normalidad y más de 2 millones de ciudadanos ejercieron su derecho a decidir. Además, la imagen de España quedó profundamente debilitada y muchos recordaremos la portada de CNN (The shame of Europe), condenando la brutal represión policial contra una población indefensa. En la comisión parlamentaria abierta recientemente en Madrid para investigar los hechos, a la que acudió hace poco el Ministro de Interior, aún no se ha mostrado ningún espíritu de autocrítica.

La situación a día de hoy es muy distinta. El Estado ha hecho prevalecer su fuerza y ha evitado cualquier tipo de insurrección generalizada. La República ha acabado reduciéndose a un marco mental que, aunque muchos consideren inútil, es la esencial semilla de la aspiración independentista: negarlo sería romper la ilusión y dilapidar el proyecto maximalista de la DUI. De todos modos, para el independentismo es necesario aceptar la derrota y empezar a trabajar en este nuevo escenario de resistencia. Hay que asumir que haga lo que haga el próximo Govern, el Gobierno dificultará su acción política. Hay que ser conscientes de que los presos no saldrán de prisión sea cual sea la correlación de fuerzas en el Parlamento y, sobre todo, hay que admitir que una vuelta del President Puigdemont a Cataluña conllevaría una actuación policial inmediata.

En estas circunstancias, el independentismo debe tener claras sus expectativas, sus fortalezas y sobre todo sus debilidades. No es momento de lamentarse por los errores post referéndum, aunque todavía sea necesario un ejercicio de autocrítica, sino de empezar a trabajar para cumplir con el mandato del 1-O. El Estado ha demostrado que no hay margen de maniobra: el 1-O ya no fue un 9-N y difícilmente se podrá celebrar un nuevo referéndum de autodeterminación. El escenario de pequeñas desobediencias tampoco es posible y en este sentido debe entenderse la renuncia de Carme Forcadell a presidir nuevamente el Parlamento. En una legislatura condicionada por los procedimientos judiciales, repensar tácticas y estrategias será vital para garantizar la viabilidad del procés. Sin duda, el primer paso será restablecer las instituciones catalanas pero lo más difícil vendrá después: decidir entre autonomismo, autodeterminación e independencia a largo plazo (y el equilibrio de estas preferencias que se vaya articulando en el seno de las fuerzas independentistas).

Escenarios futuros

Para cumplir con los resultados del 21-D lo primero que debían de asegurar los independentistas era la mayoría en la Mesa del Parlamento. Sin el control de dicho órgano, encargado de interpretar el reglamento de la Cámara, hubiera sido imposible plantear una investidura a distancia de Puigdemont. En este sentido, todos los partidos del bloque constitucionalista (y también los comunes) ya han rechazado dicha posibilidad, y Moncloa ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional cualquier investidura no presencial.

Por otro lado, que ocho diputados electos independentistas estén en prisión o en el exilio dificulta la aritmética parlamentaria. De los 70 diputados, sólo 62 podrán asistir al Parlamento con normalidad. Ha habido casos de diputados en prisión preventiva participando en la sesión de investidura presencialmente, aunque es posible que esta vez se produzca por delegación del voto (impidiendo así la imagen de diputados electos llegando en furgón policial al Parlamento). Pero, en este caso, los independentistas sumarían 65 diputados, los mismos que el resto de la oposición. Por lo tanto, sería imprescindible que al menos uno de los diputados electos que se encuentra en Bruselas renunciase al acta para garantizar la Mesa y la investidura del President en segunda vuelta. Un vez obtenida la mayoría necesaria, se abrirán distintos escenarios.

1. Puigdemont o Puigdemont

Disponiendo de la mayoría en la Mesa, hay vía libre para convocar la sesión de investidura de cualquier diputado. El consenso entre las tres fuerzas independentistas gira alrededor de Carles Puigdemont (posiblemente, el único consenso real que pueda existir). Ciertamente, la candidatura de Puigdemont es la más simbólica porque dispone de la legitimidad pre y post 155. Sin embargo, dicha estrategia ha despertado ciertas reticencias dentro del propio independentismo. Por ejemplo, ERC ha mostrado muchas dudas respecto a la posibilidad de una investidura telemática o delegada. Si bien la formación de Junqueras ha declarado su voluntad política de investir a Puigdemont, también ha pedido explicaciones al PDeCAT sobre cómo hacerla posible, reclamando su retorno a Cataluña.

En caso de que finalmente esta sesión de investidura a distancia se produjera, la decisión del Parlamento sería inmediatamente recurrida y suspendida al día siguiente por el Tribunal Constitucional. JxCAT ha repetido por activa y por pasiva que su única opción es investir a Puigdemont. De este modo, comenzaría la cuenta atrás para la disolución del Parlament y la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas que sólo podría suspenderse en caso de presentarse otro candidato.

Puigdemont cree en la imposibilidad de negociar el autogobierno. Es consciente de que la única salida posible es aplicar los resultados del 1-O o encontrar una solución mediante la intermediación de la UE. Además, esta situación de bloqueo tendría como objetivo generar un clima de mayor inestabilidad en España porque investir a Puigdemont sería poner al Estado frente a su propio fracaso. Este escenario todavía podría empeorar si Puigdemont optase por volver a Cataluña como prometió en campaña. Cataluña sería una comunidad autónoma oficialmente en rebeldía y la estrategia de Rajoy de pasar página del procés se dinamitaría por completo. Se abriría entonces un elenco de nuevas posibilidades.

Ciertamente, es difícil que el independentismo avance con la fórmula Puigdemont o Puigdemont pero tampoco es descartable que se produzcan ciertas victorias, aunque simbólicas. Los soberanistas catalanes fueron capaces de organizar y celebrar el referéndum con todo un Estado en contra y también podrían defender al President de su detención. De todos modos, optar por esta opción cuando el Govern decidió no enfrentarse directamente al Leviatán el pasado 27 de octubre podría ser demasiado aventurado.

2. Gobierno de transición

El abstencionismo diferencial ha sido uno de los fenómenos característicos del sistema político catalán. Tradicionalmente, los votantes catalanistas han tenido mayor participación en las elecciones autonómicas que el resto de población. Sin embargo, desde las elecciones de 2015 la excepcionalidad política ha revertido dicha tendencia. Ya no hay mayorías silenciosas en Cataluña y los resultados del 21-D son representativos del la complejidad social del país. Como bloquear la situación e ir a nuevas elecciones no aseguraría un incremento de votantes en términos relativos o absolutos para el independentismo, investir a otro presidente es una opción muy a tener en cuenta aunque técnicamente el primer nombre a someter a decisión de la Cámara sea el de Puigdemont.

Puigdemont está en Bruselas y todos los miembros del antiguo Govern tienen limitado su margen de actuación por los procedimientos judiciales. El marco de represión en el que se desarrolló el 21-D impide no sólo a Puigdemont sino también a Junqueras, que podría permanecer durante un máximo de dos años en prisión provisionl, poder asumir con normalidad las tareas de gobierno.

La fórmula de investir a un nuevo candidato supondría asumir el abandono (temporal) de la desobediencia. Dado que el Govern cesado optó por acatar el 155, se debería de afrontar un nuevo escenario a medio y largo plazo con la recuperación de las instituciones como prioridad principal. Además, se debe de asumir que la actual situación de parálisis institucional sólo puede finalizarse con un progresivo cambio generacional de liderazgos (a este respecto, es significativo el salto a la palestra del joven Roger Torrent). Una vez las estrategias de defensa de los investigados y los encarcelados no condicionen la acción de gobierno, el independentismo tendrá mayor margen de maniobra para conseguir sus objetivos.

La primera cita importante podrían ser las elecciones municipales de 2019. Dado que la LOREG dota a las candidaturas más votadas de amplias facilidades para obtener la alcaldía (es necesaria una mayoría absoluta alternativa para escoger a otro candidato) sería una buena jugada diseñar listas electorales conjuntas en los municipios donde las listas separadas no sumen, como por ejemplo en Barcelona.

En resumen, el desarrollo del gobierno de transición supondría un cambio de actores y de estrategia. Sería una legislatura necesaria para reflexionar sobre los errores del pasado y volver a poner el foco sobre la autodeterminación y la ampliación de la base social del independentismo. Aunque a corto plazo se abandonara la unilateralidad, el objetivo sería garantizar la mayoría republicana por todo el territorio para asegurar la viabilidad del proyecto máximo de independencia.

3. Gobierno técnico

Algunas voces dentro del independentismo han reclamado que las elecciones del 21-D supongan el abandonamiento definitivo de la unilateralidad. Es el caso de Andreu Mas-Colell, antiguo consejero de Economía del gobierno Mas, que aboga por una legislatura de cuatro años con un liderazgo bipartito. Por un lado, la figura de Carles Puigdemont en Bruselas serviría para ampliar la proyección internacional de la causa catalana. Por otro, un gobierno técnico en Cataluña tendría como prioridad la garantía de la estabilidad social y económica y la recuperación del autogobierno.

En este escenario resultaría muy difícil contar con el respaldo de los 4 diputados de la CUP, imprescindibles para la investidura de un presidente. Quizás entonces se abriría la puerta a contar con el apoyo de otras fuerzas políticas (¿los comunes?) que por el momento todavía tienen un papel muy secundario en el Parlament. Para cumplir con los objetivos de dicha estrategia sería prioritario el restablecimiento de un clima de confianza mutua entre la Generalitat y el gobierno central, y esperar a que Montoro abandonase la desmedida intervención de las finanzas catalanas (que tiene fundamentos estrictamente políticos). Sin autonomía financiera la autonomía política nunca estará garantizada (una estrategia entrañable por su parte).

La derrota del PP y la victoria del Estado

En resumen, a pesar de disponer de todo un Estado en contra y participar en unas elecciones convocadas desde Moncloa, el independentismo salió victorioso del 21-D al demostrar que puede superar el peor de los vendavales sin apenas perder apoyos (apenas 75.000 votos). De los 1,826 millones de votos del 9-N se ha pasado a prácticamente 2,06 millones, y España ha sido incapaz de ofrecer una sola alternativa para contrarrestarlo más allá de las porras. Sin embargo, el margen de maniobra del independentismo se ha visto reducido tras la aplicación del artículo 155 y el autogobierno nunca volverá a ser el mismo desde la intervención financiera. De todos modos, el independentismo dispone de un elemento fundamental para la consecución de sus objetivos: la fuerza de las urnas y, tras ella, un relato fuerte.

Por otra parte, el PP ha sufrido una doble derrota electoral: no ha podido evitar la mayoría absoluta independentista y, además, ha obtenido unos resultados indignos de un partido de gobierno. A pesar del duro golpe para Rajoy, el Estado ha salido victorioso y prepara una ofensiva contra los líderes políticos y de la sociedad civil independentista porque es consciente de que el enemigo es mucho más fuerte de lo que creía.

Al margen de todo esto, y teniendo en cuenta cómo Ciudadanos ha canalizado el surgimiento de lo que parece una fuerza identitaria netamente españolista que por primera vez gana unas elecciones autonómicas, el conflicto en Cataluña parece ser que no sólo no ha acabado sino que justo acaba de empezar, abriéndose a otra dimensión de consecuencias imprevisibles.