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Hace alrededor de un mes, a propósito del inminente vaciamiento de la (según los austríacos, ficticia) hucha de las pensiones, ha resurgido el debate de la reforma del sistema para, no solo garantizar su sostenibilidad, sino asegurar también el poder adquisitivo de sus beneficiarios. En este sentido, no resulta difícil recordar a De Guindos en uno de los debates previos al 26J, en el que afirmaba que las pensiones no habían perdido poder adquisitivo durante el mandato de Rajoy debido al entorno de “quasi-deflación” en el que España está (o estaba) sumida. Tampoco es difícil recordar a Celia Villalobos, tras su salida del congreso en uno de los debates previos a la sesión de investidura, hacer afirmaciones similares ante la prensa.

El caso es que, si consultamos en el Instituto Nacional de estadística la evolución del IPC y la comparamos con la revalorización de las pensiones durante el mandato de Rajoy, llegamos, sin lugar a dudas, a la conclusión contraria de lo que afirman Villalobos y De Guindos. En concreto, la inflación acumulada desde el inicio de la anterior legislatura hasta noviembre de 2016 ha sido de un 3%, muy por encima del aumento que en este período han experimentado las pensiones (por debajo del 1%).

Aún con esta evidencia sobre la mesa, da la sensación de que un análisis basado únicamente en la comparación de dos porcentajes, es demasiado simple y breve, y por lo general, en economía, los análisis simples y breves suelen ser tramposos y parciales. Por ésto mismo, es oportuno preguntarse lo siguiente: ¿Es correcto utilizar un índice como el IPC general para medir la evolución del coste de la vida exclusivamente de la tercera edad? El IPC general representa el coste de la vida según los patrones generales de consumo de toda la población, lo cual lo dota de utilidad para analizar cambios en el poder adquisitivo general. Sin embargo, *cuando se analiza el poder adquisitivo de un colectivo concreto como la tercera edad, no tiene sentido utilizar un índice general, pues inevitablemente llevará a sesgar el análisis, por lo que en un estudio sobre el poder adquisitivo de las pensiones, deben tenerse exclusivamente en cuenta los patrones de consumo específicos de las personas mayores. Para tal fin, pueden consultarse los datos de renta destinada al consumo, divididos por partidas, para los diferentes tramos de edad del sustentador principal del hogar, disponibles en el Instituto Nacional de Estadística.

Si analizamos las partidas de consumo en las que la tercera edad dedica mayor gasto que el resto de grupos demográficos, observamos que todos ellos han experimentado un aumento de precios muy por encima del IPC. La tercera edad destina un 35% más de su renta total al consumo de alimentos que los adultos jóvenes, cuyo índice de precios específico se ha encarecido alrededor de un 7% durante el mandato de Rajoy. Asimismo, ocurren sucesos parecidos con los servicios relacionados con la vivienda , el consumo de energía eléctrica (encarecimiento en ambos casos de un 10% en los últimos 5 años), y con ciertos servicios culturales y de ocio. Parte de ésto último, se explica, indudablemente, por la influencia del shock fiscal del “IVA cultural” introducido por el PP, que transformó prácticamente en un lujo actividades como ir al cine o al teatro, las cuales forman una parte importante de la cesta de consumo de la tercera edad (por encima del resto de grupos, aunque en términos globales y por formalismos técnicos, los adultos jóvenes consuman más bienes catalogados dentro de la rúbrica “cultura, ocio y deporte”).

En cuanto al transporte, aunque la tercera edad destine menor parte de su renta a su consumo, los servicios de movilidad más utilizados por las personas mayores son los que más han incrementado su coste, pues utilizan sobre todo las redes de metro y autobús, cuyas tarifas se han disparado durante el mandato del Partido Popular.

Otro factor a tener muy en cuenta es el encarecimiento de los medicamentos, debido, sobre todo, a la introducción del copago farmacéutico, que junto con otros factores, ha contribuido a que el precio de los medicamentos aumente un 25% desde 2011. Ésto tiene especial trascendencia, si se toma en consideración, que las personas mayores dedican prácticamente el doble de su renta al consumo de medicamentos que el resto de grupos de edad.

La única partida significativa en la que la tercera edad destina mayor gasto y cuya evolución del coste ha tenido signo negativo, corresponde al alquiler de vivienda, cuyo coste ha disminuido un tímido 1,14%; pero hay que tener en cuenta, que alrededor de un 80% de las personas mayores de 65 años tiene su vivienda en propiedad (INE, 2015), por lo que a la mayoría, ésto no debería afectarles en modo alguno.

Por si todo ésto fuera poco, las personas mayores se han visto obligadas a dar soporte financiero a los familiares en paro utilizando parte de su pensión, lo que ha mermado también considerablemente el poder adquisitivo de este colectivo, y es un hecho que no se tiene en cuenta cuando los analistas utilizamos indicadores de precios para estudiar el poder adquisitivo de las pensiones.

Queda en clara evidencia, que el uso del IPC general adolece de sesgos importantes cuando se usa para medir el poder adquisitivo de las pensiones, pues si se tienen en cuenta los patrones de consumo de la tercera edad, éste parece haberse mermado mucho más. No queda claro si por motivos políticos o simplemente ignorancia, pero cada vez que los portavoces del gobierno se escudan en la débil inflación para justificar la anémica revalorización de las pensiones, aparte de no llegar a conclusiones verídicas, están haciendo un análisis erróneo. Para poder realizar análisis de mayor calidad, es necesario tener en cuenta los patrones de consumo específicos cuando el análisis se realiza sobre un colectivo socio-demográfico concreto. Formulada la pregunta y ante una respuesta tan contundente, solo falta elaborar indicadores que cumplan con tales pretensiones, lo cual es, sin duda, una tarea pendiente de los analistas económicos.