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Los pros y contras del polémico CETA

El Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la UE entró en vigor el pasado 21 de septiembre. Tras años de negociaciones y cientos de protestas y debates, el CETA ha logrado salir adelante, aun sin recibir toda la cobertura mediática que merece, más centrada en la polémica que en la publicitación de sus características.

Una de las principales preocupaciones en torno al proceso de negociación y autenticación del CETA ha sido la escasez de transparencia: de hecho, la Comisión Europea no hizo público el contenido del Tratado hasta el fin de las negociaciones en 2014. El resultado final generó mucha controversia y se inició una fuerte campaña en su contra, llegando a acumular 3,5 millones de firmas en contra de su aprobación final. Sin embargo, las instituciones de la UE y muchos partidos (mayoritariamente conservadores) lo presentan como un tratado repleto de ventajas para el impulso económico de la Unión. ¿Pero qué indicios tenemos de que esto sea cierto?

Si empezamos analizando las virtudes del CETA, hay que comenzar con la medida clave del tratado, que ahonda en un proceso histórico de liberalización que asume ahora nuevas dimensiones: la eliminación de aranceles. Como todo buen Tratado de libre comercio, los derechos de aduanas quedan prácticamente eliminados, por lo que se podrán exportar e importar productos entre la UE y Canadá de forma mucho menos costosa. Se plasma además el compromiso por una mayor protección de los productos con denominaciones de origen frente a sus copias. En términos de balanzas, esta promoción del comercio nos puede beneficiar dado que, solo en España, 5.449 empresas exportan productos a Canadá, siendo muchas de ellas PYMES. Según datos ofrecidos por la UE, la exportación de España a Canadá alcanza un valor de 1,4 mil millones de euros anuales.

Otra de las ventajas de las que los firmantes están más orgullosos es que a partir de ahora las empresas europeas podrán presentarse a licitaciones públicas canadienses y disfrutarán de ciertas facilidades para ofrecer servicios en dicho país. Además, los ciudadanos europeos tendremos además más facilidades para encontrar trabajo en Canadá debido al acuerdo de reconocimiento mutuo de cualificaciones.

Frente a estas bondades, un elevado número de instituciones, ONGs y partidos políticos denunciaron que el CETA iba a traer consecuencias primordialmente negativas, muchas veces ocultas bajo los buenos pronósticos de su impacto económico, llegando incluso a degradar la eficacia democrática de la Unión. El problema central, en relación a esto último, radica en que el Tratado da mucho peso al sistema de arbitraje ISDS que, al tiempo que tiene un historial positivo para grandes inversores, puede suponer una importante regresión en temas de justicia y, concretamente, de su vinculación democrática. El ISDS consiste en un mecanismo de resolución de conflictos entre Estados e inversores extranjeros, por el cual éstos pueden demandar a las administraciones públicas por políticas que les afecten negativamente. Estas demandas no se hacen ante jueces sino ante árbitros en procesos en los que la transparencia es limitada y los triunfos de los inversores son del 60%, según datos de la ONU.

Otra cuestión nada desdeñable es el perjuicio que este tratado puede ocasionar a la capacidad legislativa de las instituciones a partir de ahora. Maude Barlow, que recibió el premio Right Livelihood 2005 (el Nobel alternativo), señaló la importancia de que el CETA induzca a considerar las diferencias entre ambas regulaciones en materia de derechos laborales, protección medioambiental, seguridad alimentaria o la legislación fiscal como potenciales obstáculo para el desarrollo comercial por lo que convendría suprimirlas. Se ha acordado que las futuras regulaciones puedan ser propuestas antes de que lleguen a los parlamentos democráticamente elegidos, para evitar así su distorsión.

Esto conecta con otro de los aspectos que más ha preocupado durante la elaboración del CETA: el mantenimiento de la calidad de servicios públicos que, aunque la Comisión Europea remarca que no empeorará ahora que el CETA está en vigor, muchos analistas opinan que está en peligro. En efecto, instituciones como The Corporate Europe Observatory, la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos y la Cámara Laboral de Viena firmaron un documento en el que advierten del peligro de la oleada de liberalizaciones de servicios públicos y de asistencia social que puede desencadenar este tratado, ya que la cláusula ISDS permite a los inversores extranjeros demandar al Estado si éste decide hacer público un servicio cuando se den ciertas circunstancias.

Otro factor poco satisfactorio del CETA es la veracidad de las prospecciones económicas realizadas, ya que las fuentes disponibles fluctúan entre la proyección de grandes beneficios o terribles pérdidas. La UE recalca que, al ahorrarse un total de 400 millones de euros al año en derechos aduaneros, las empresas europeas serán mucho más competitivas en el mercado canadiense.
Lo que no ha trascendido tanto es el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, que recomendaba no aprobar el CETA porque implicaría la pérdida de 200.000 puestos de trabajo, así como el debilitamiento de los derechos y garantías laborales. Por su parte, el Consejo de los Canadienses previó una caída del 0,5% y del 1% para los niveles de PIB de la UE y Canadá respectivamente, una reducción de salarios y la pérdida de 400.000 empleos a ambos lados del Atlántico. Gustavo Palomares, Catedrático de la UNED, señaló que el CETA «no establece ninguna salvaguarda respecto a los efectos negativos laborales, sociales o sindicales fruto de la aplicación recíproca del Acuerdo. Más comercio, sí. Más inversiones, también. Más empleo, por supuesto. Pero en ningún caso al coste de una renuncia tácita a la protección de derechos sociales y laborales históricos, o también derechos sectoriales nacionales ya adquiridos».

Como es evidente, la cultura política y económica de Canadá es cercana y compatible con la nuestra, sus niveles de crecimiento económico animan a ser optimistas e incluso podríamos aprender de ellos alguna que otra cosa, como por ejemplo su gestión ejemplar del multiculturalismo como riqueza social y económica. Pero no todo es positivo en este intercambio cultural: una diferencia problemática y que nos afecta de manera muy directa tras la firma del CETA es su regulación de seguridad agroalimentaria, que allí es mucho más laxa. Esto ha suscitado preocupación por poder peligrar de el principio de precaución en lo referido a medidas fitosanitarias que rige en la UE.

En definitiva, se han abierto las puertas a oportunidades comerciales prometedoras con la firma del CETA, pero al mismo tiempo se han generado altos riesgos en torno a la garantía de de temas asociados a derechos laborales, servicios públicos y seguridad alimentaria, entre otros. En cualquier caso, gracias al voto de la derecha, el controvertido tratado entre la UE y Canadá ya está en vigor. Pronto podremos ver si efectivamente se cumplen las prospecciones tan positivas que ha hecho la UE.

Pilar Bernabé

Pilar Bernabé

Estudiante de Derecho y Periodismo con especial interés por la geopolítica, los derechos humanos y el arte.

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