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Las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas son terreno abonado para malentendidos y excesos ideológicos de todo tipo. En España, la pretensión de excluir de la vida pública casi cualquier manifestación de religiosidad es relativamente frecuente entre quienes se proclaman defensores de la laicidad. Para esta visión, la laicidad del Estado no sería compatible con la presencia de símbolos religiosos en actos oficiales o edificios públicos, ni con la asistencia de representantes políticos a ceremonias religiosas, ni con la enseñanza de contenidos religiosos en la escuela pública ―ni aunque fuera voluntaria―, ni con la objeción de conciencia de los funcionarios por motivos religiosos, ni con la subvención estatal directa o indirecta de confesiones o de instituciones religiosas. Algunos defensores de la laicidad, aunque en España son claramente minoritarios, incluso pueden llegar a considerar un atentado contra la laicidad la introducción de festividades religiosas en el calendario civil o la existencia de partidos confesionales.

En primer lugar, debemos ser conscientes de que el reconocimiento de la libertad religiosa puede articularse de formas muy distintas. La libertad religiosa puede existir en un Estado confesional ―esto es, en un Estado que proclame una religión oficial, como Reino Unido―, pues el trato privilegiado a la confesión oficial no excluye la práctica de otros cultos. Para continuar, no es lo mismo un Estado laico que uno aconfesional, ni laicidad es lo mismo que laicismo. La distinción académica entre esos conceptos, aunque nunca exenta de debate, está bastante asentada en derecho eclesiástico, la disciplina jurídica que estudia las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas. El Estado laicolaicidad estrictaes aquel que es neutral o indiferente respecto al hecho religioso. Por su parte, el Estado aconfesional ­―o laicidad positiva, término asumido por el propio Tribunal Constitucional desde su sentencia 46/2001―, valora positivamente el fenómeno religioso y tiene en cuenta las distintas creencias de la población, cooperando con las distintas confesiones para favorecer el ejercicio de la libertad de conciencia y de culto de sus ciudadanos. Finalmente, un Estado laicista ―o laicidad negativa adopta una actitud beligerante contra las confesiones religiosas, permitiendo la existencia de distintos credos, pero tratando de restringir su influencia social y recluirlos al ámbito privado.

Un ejemplo claro de laicismo estatal fue la II República Española, cuya Constitución, en  base al artículo 26, prohibía a las confesiones religiosas ejercer la industria, el comercio o la enseñanza, tutelaba su actividad económica, suprimía los cementerios religiosos y excluía que un clérigo pudiese llegar a Presidente de la República o a Presidente del Gobierno. Por el contrario, España es, bajo el régimen de 1978, un Estado claramente aconfesional, regido por el principio de cooperación del Estado con las confesiones religiosas (art. 16.3 CE), en el que no tendrían cabida las medidas antes descritas, que confunden laicidad con laicismo.

El contraste entre ambas concepciones es nítido, por mucho que algunos interesadamente las mezclen. El laicismo o anticlericalismo es una posición ideológica frente (y contra) las religiones, no un principio constitucional orientado a garantizar la libertar religiosa. Por eso no se puede pretender que el carácter no confesional del Estado exija medidas que busquen excluir manifestaciones de religiosidad en el ámbito público. Aunque el Estado sea laico, la sociedad no es irreligiosa. E incluso aunque una sociedad fuera mayoritariamente atea o agnóstica, no lo sería su cultura. El predominio social de una religión durante siglos deja una profunda huella cultural que no se puede borrar de la noche a la mañana, ni es legítimo pretender hacerlo en nombre de la laicidad. Ese poso cultural explica y legitima, por ejemplo, el carácter oficial de festividades religiosas, la adopción de símbolos religiosos como distintivos de una entidad territorial (véase la bandera de Asturias o el escudo de Galicia) o la presencia de componentes religiosos en actos oficiales y de elementos estatales en ceremonias religiosas; circunstancias, todas ellas, inofensivas para la libertad de conciencia y de pensamiento.

También es un error creer que la neutralidad del Estado en materia religiosa implica necesariamente un deber de neutralidad política de las religiones organizadas, o la necesidad de que la vida política esté libre de influencias confesionales. Las confesiones, como cualquier otro actor social, tienen derecho a fijar su posición política, y a hacer recomendaciones de voto a sus fieles. Por su parte, los partidos son libres de hacer discursos antirreligiosos, pero también de plasmar en sus programas los preceptos morales de una fe, y por supuesto, a convertirlos en leyes si reúnen los votos necesarios. Esto puede sonar extraño, pero el matiz es importante. Si un partido de inspiración religiosa llega al poder, las leyes que apruebe en consonancia con sus creencias no tendrán más valor que las normas de signo contrario que podría aprobar cuatro años después un partido anticlerical, ni tendrían más vigencia que la que los ciudadanos quieran que tengan. En otras palabras, en un Estado laico, las religiones deben jugar con las mismas reglas y limitaciones que cualquier otra opción ideológica, ni más, ni menos. Y es que la laicidad no significa que política y religión no puedan mezclarse ―algo además imposible, porque comparten un terreno común―, sino que los dogmas de una religión nunca pueden convertirse en verdades oficiales ni en parámetros de validez de las decisiones estatales. Mientras se mantenga ese principio, ni influencia social de la religión ni su presencia simbólica en la esfera pública afectan lo más mínimo a la separación entre el Estado y las confesiones.


Sentencia 46/2001 del Tribunal Constitucional. Boletín Oficial del Estado.

Constitución de la Segunda República Española (Art.26). Congreso.es