TodЛs somos políticЛs. TodЛs hacemos política.

Una sentencia es una sentencia, como diría un presidente del Gobierno al que, por cierto, derribó una. La perogrullada, que es por definición innecesaria, hace falta en estos días en los que las ideas y los mensajes se centrifugan, pero no se piensan mucho. Por eso la primera reflexión acerca de la sentencia del procés tiene que ubicarnos en qué no es; sólo así podemos entender después lo que es.

La sentencia no es, ni puede ser, una solución a un problema político. La situación que se vive en Cataluña es un descomunal problema político, al que se ha llegado por descomunales errores políticos que no vienen ahora al caso pero que todos, más o menos, podemos listar. La sentencia no es, por lo tanto, un acto dirigido a modificar de algún modo esa circunstancia, o de inclinarla a uno u otro lado. La sentencia no es ni un medio ni tampoco un fin: es ajena, en su propia naturaleza, al mundo de lo político.

El problema, y la razón por la que eso es tan difícil de entender, es que la sentencia juzga a políticos que tomaron decisiones políticas cuyo contenido político ha resultado ser, además, delito. Esa mezcla aparentemente indisoluble no lo es tanto. La línea es fina, pero existe. La política y la ley discurren por caminos a veces paralelos y a veces perpendiculares, pero diferentes. La política decide qué es ley, y la ley a su vez determina lo que puede y lo que no puede hacer la política. Este baile invisible de ambos caminos es lo que llamamos «Estado democrático de Derecho». La sentencia discurre por el camino de la ley observando lo que aconteció en el —más tortuoso— camino de la política. Y en este momento, el de publicarse y adoptar su fuerza, se cruza, sin duda. Pero es un cruce puntual, sólo a los efectos de corregir lo que debía ser corregido de acuerdo a las reglas del juego. Hecha la corrección, cada camino sigue su curso.

Esta sentencia es, ahora sí en indicativo positivo, la respuesta del camino de la ley a las pedradas que se lanzaron contra él desde el camino de la política. Es, siendo pedagógico hasta el extremo, un relato de cosas que no se pueden hacer, y de la penalización por haberlas hecho.

En la sentencia publicada hoy hay que buscar esas respuestas jurídicas. Hay que buscar las argumentaciones legales por las que hacer cosas como las que se hicieron en Cataluña en 2017 no puede tener cabida en una democracia. Hay que buscar la respuesta a interrogantes legales, no políticos, como es el de si hay rebelión o sedición —términos ambos jurídicos, no políticos en lo que nos ocupa. Hay que buscar los efectos que tienen determinadas decisiones políticas no por su signo o contenido ideológico, que es totalmente irrelevante, sino por lo que resulte contrario a las normas legítimamente establecidas que nos obligan a todos, empezando por quienes detentan el poder.

De esas respuestas, como es lógico, se puede discrepar. Discrepancia que debe venir de lo jurídico, es decir, fundamentada en lo jurídico al menos con el mismo rigor con el que se fundamentan las decisiones de la sentencia, detallada y pormenorizada hasta el extremo. Hay que partir, no obstante, de un punto de partida realista —que no conformista—: esta sentencia la han elaborado personas con unos conocimientos jurídicos que exceden con mucho la media. Son magistrados —y magistrada, por desgracia en singular— del Tribunal Supremo. No son inviolables, pero no olvidemos que saben mucho, muchísimo; probablemente, son los que más sepan de su tema.

Con todo eso dicho, y me parecía imprescindible decirlo, empiezo a comentar la sentencia desde ese último punto de vista humilde, afirmando de forma rotunda: en caso de discrepancia, la sentencia tiene razón. Yo puedo plantear un punto de vista alternativo que me parece defendible, susceptible siempre de ser convencido en sentido contrario con argumentos mejores; pero los jueces son los que tienen la última palabra y la han ejercitado, y ellos, siempre, saben más.

La sentencia es impecable desde el punto de vista procedimental; enormemente pormenorizada, especialmente en lo que respecta a todas y cada una de las alegaciones de las defensas que apuntaban la más mínima vulneración de los derechos fundamentales, sobre las que me detendré.

Los catorce hechos probados abarcan en una treintena de páginas un horizonte temporal reducidísimo, de menos de dos meses: desde la aprobación de las ‘leyes de desconexión’, en los fatídicos plenos del Parlament del 6 y 7 de septiembre de 2017, pasando por los altercados del 20 de septiembre y la jornada del 1 de Octubre hasta los días que llevaron a la aplicación del artículo 155, con el cese del Govern y la disolución de la Cámara el 27 de octubre. La pretensión de las defensas era retrotraerse a la sentencia del Estatut; las de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, al entorno del fallido 9-N de Mas. El TS se niega a esto y es claro: el objeto de este juicio ha sido lo ocurrido desde el día que se intentó romper con la legalidad hasta el día en el que todos los procesados perdieron, de iure y de facto, el poder que ostentaban. Una decisión probablemente acertada, pues, de lo contrario, se habría embarrancado en análisis casi históricos que no hubieran conducido a nada.

Casi doscientas de las 493 páginas están dedicadas a dar respuesta a las cuestiones de derechos fundamentales a las que me refería antes. Esto es así no por tozudez del magistrado Marchena, presidente del Tribunal y ponente contra el que se dirigen muchas de esas flechas, sino para evitar en la medida de lo posible que los condenados tengan el camino expedito al Constitucional (TC) o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Hay que recordar que estos Tribunales no pueden alterar el fondo de la sentencia —la valoración de los hechos—, sino detectar posibles vulneraciones de derechos durante el proceso judicial y, en su caso, anularla si corresponde. Lo que hace el Supremo con tan pormenorizado repaso es desmontar esas alegaciones, de manera que tanto el TC como el TEDH puedan ver que la propia sentencia del TS ha analizado todas las posibles vulneraciones de la forma más garantista posible.

No es infalible, claro está; pero sí está bien defendida de cara a estas instancias. Por resumir mucho esta primera parte, lo más importante que el Supremo resuelve es que el derecho a la defensa ha sido garantizado a lo largo del proceso; que no ha existido persecución ideológica ni política, y que el independentismo es una opción política legítima cuya legalidad, en sí misma, nunca se ha puesto de manifiesto —salvo por alguna declaración excesivamente exaltada de algún líder político.

El último apartado de este bloque, el 17 (páginas 197 a 253), se dedica íntegramente a la línea clave de las defensas: que los derechos fundamentales amparan el comportamiento de los acusados, es decir, que no son ilegales —aunque en ocasiones, se admite, pudieran no ajustarse a la ley, como reconocen— porque fueron fruto del ejercicio de esos derechos inviolables, y por tanto no son antijurídicos. Por ejemplo: el derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación, el derecho de asociación o los derechos de libre expresión y reunión, así como el derecho a la desobediencia civil —en particular sobre éste, el TS hace una interesantísima reflexión (páginas 234 a 242), que se podría resumir en que es patrimonio de la cultura política madura y una herencia preciosa del pensamiento político occidental contra la tiranía y la injusticia; pero que en un Estado democrático de Derecho no es posible aceptar que la discrepancia con la ley suponga el derecho a no cumplirla.

El Supremo desmonta uno por uno esos argumentos de forma que los actos llevados a cabo —la aprobación de las leyes de desconexión, los tumultos del 20 de septiembre, la celebración del referéndum y todo lo que conllevó y la declaración de independencia— sí fueron ilegales y no se encuentran amparados por ningún derecho humano. En el caso del «derecho a decidir», se dedica incluso tiempo a casos comparados, como Canadá o Escocia, para desmontar la existencia de tal derecho y, por extensión, de una justificación para los actos que se ejecutaron en su virtud.

A continuación, la parte más sensible de la sentencia (páginas 253 a 294) es el juicio de tipicidad: por qué se aplican unos tipos penales (sedición y no rebelión; malversación y desobediencia, y no organización criminal) y en qué hechos probados se fundamentan.

Las líneas que me parecen esenciales en la determinación del delito de sedición, y no de rebelión, se encuentran a partir de la página 268, y son éstas, que reproduzco casi en su integridad porque son muy claras:

«El delito [de rebelión] surge cuando se pasa de la expresión política del deseo de aquellas metas o, si se quiere, de la defensa teórica de su excelencia, a la procura activa de su consecución. Pero de tal manera que sea inequívoca la objetiva adecuación ex ante entre los actos y el objetivo penalmente relevante.
[...]
Bastó una decisión del Tribunal Constitucional para despojar de inmediata ejecutividad a los instrumentos jurídicos que se pretendían hacer efectivos por los acusados. Y la conjura fue definitivamente abortada con la mera exhibición de unas páginas del Boletín Oficial del Estado que publicaban la aplicación del artículo 155 de la Constitución a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Este hecho determinó a algunos de los procesados a emprender repentina huida. Los acusados que decidieron permanecer —ya sea por decisión personal, ya por la efectividad de las medidas cautelares de prisión que fueron adoptadas— desistieron incondicionalmente de la aventura que habían emprendido.
[...]
Pese al despliegue retórico de quienes fueron acusados, es lo cierto que, desde la perspectiva de hecho, la inviabilidad de los actos concebidos para hacer realidad la prometida independencia era manifiesta. El Estado mantuvo en todo momento el control de la fuerza, militar, policial, jurisdiccional e incluso social. Y lo mantuvo convirtiendo el eventual propósito independentista en una mera quimera. De ello eran conscientes los acusados. El Estado actuó, por tanto, como único depositario de la legitimidad democrática para garantizar la unidad soberana de la que aquella emana».

Es difícil decirlo todo en menos palabras, pero aún así lo intento: los acusados no podían, materialmente, lograr sus fines con lo que hicieron –—no era suficiente, dice el Tribunal. Y, además, los acusados eran conscientes de que todo era una quimera.

Por ello, los hechos, aunque —dice el Supremo— sí se ejecutaron con violencia que se declaró probada, especialmente la acontecida el 20 de septiembre en la Consejería de Economía cuando se acosó a la comitiva judicial y la Guardia Civil, no llegan a la categoría de rebelión porque en ningún caso y en ninguna hipótesis hubieran sido suficientes para lograr el objetivo de la ruptura territorial y constitucional.

Discrepo en el matiz con el Tribunal Supremo y me alineo aquí con el alegato del fiscal, que explicó en el juicio oral que la violencia existió y ésta era suficiente para lograr un fin, la secesión. No con armas. No a tiros. No se asaltaron centros de poder, simplemente porque se ostentaban todos. Se utilizó la violencia que se necesitaba para conseguir dos fines: suspender parcialmente la Constitución y declarar la independencia. En el Parlament así se declaró, y declarar eso desde una Cámara es lo suficientemente violento como para crear una situación ante la que el ciudadano medio puede, como mínimo, dudar acerca de qué legalidad se le aplica; y ésa es, en mi opinión, una violencia jurídica innegable que afecta a los cimientos más profundos del ordenamiento jurídico.

El Tribunal, sin embargo, considera que el propio hecho de que los acusados sabían que sus actos eran una quimera y que no iban a ser suficientes les despoja de tal fortaleza. Si los acusados sabían que no lograrían su objetivo, es obvio que no pretendían conseguirlo. El Tribunal expresa con rotundidad que el fin de los acusados no era la secesión en sí misma, sino forzar un diálogo con el Gobierno. «Tensar la cuerda pero sin romperla», como declara uno de ellos.

Si de la práctica de las pruebas, testificales y documentales, el Supremo llega a esa conclusión, poco o nada puedo decir; yo llego a otra diferente, que es, ni más ni menos, que no se iban a detener ante la ruptura de la cuerda. Concedo que quisieran tensarla y que si hubieran logrado una negociación con el Ejecutivo de Rajoy la hubieran aprovechado; pero que si la cuerda se rompía, la huida hacia delante de la independencia era lo que pretendían, costara lo que costara, y aprovechándose —lo dice la sentencia, p. 272— de «una parte de la ciudadanía que confía ingenuamente en el liderazgo de sus representantes políticos y en su capacidad para conducirles a un nuevo Estado que solo existe en el imaginario de sus promotores». Un durísimo, y merecido, varapalo a la opinión pública catalana.

Queda la sedición, lógicamente, en el momento en el que se asume esa incompetencia de los procesados para lograr el fin de la rebelión, y por tanto al análisis jurídico que se hace no puedo tener más reproche. Sedición consciente, en ningún caso involuntaria; porque, como recuerda el TS durante toda la sentencia, los avisos a los procesados por parte del TC de la ilegalidad de lo que hacían fue cercana al infinito. Se les advirtió hasta la saciedad y persistieron en sus actos.

En conexión con la sedición, en la que se encuentran el conjunto de actos nítidamente ilegales que condujeron al 155, se plantea el delito de malversación. Está detallado hasta el céntimo y su tipificación es enormemente compleja, muy por encima de mis conocimientos penales, por lo que sólo destacaré la obviedad: que para realizar el referéndum —sobre todo, pero no exclusivamente— se gastó dinero público. Y gastar dinero público en cosas ilegales, como sabemos casi todos, es delito. Casi nadie discute este apartado y por tanto no veo mayor interés en su comentario.

Concluye la sentencia, por fin, con las penas que resultan de lo expuesto, y las especificaciones técnicas de responsabilidad civil, costas y prisión preventiva antes del fallo condenatorio.

¿Cabe la interpretación diferente? Siempre que esté fundamentada, sí. Nos encontramos en un Estado de Derecho, pero no en un 'gobierno de los jueces', y tampoco en un régimen de infalibilidad de la toga. Sólo puedo insistir en que de la sentencia no se pueden esperar respuestas a preguntas diferentes a las que se le han planteado: ¿fueron delito los actos que se produjeron? ¿qué pena les corresponde? Esos interrogantes han sido respondidos con rigor y con una fundamentación jurídica que puede no compartirse, pero que no es ni un atropello, ni un golpe a la democracia, ni una vulneración de derechos.

¿Qué hacemos ahora? ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿Cómo se sale del bucle? ¿Debe votar Cataluña por fin? ¿Cuándo y cómo debe reformarse la Constitución? Las respuestas a preguntas como éstas, por suerte, no están en la sentencia, ni se las espera, como diría un insigne y olvidado asturiano. Esa no es la sentencia que se ha conocido hoy, ni lo será nunca. Esas preguntas no se resuelven en la Sala de Vistas de Tribunal Supremo, sino en instituciones democráticas sometidas a unas normas que las vinculan a ellas como a todos. Instituciones como las que, por cierto, estamos a punto de volver a elegir.