/

La rigidez constitucional: el caso catalán

El origen del relato catalán, y de las discrepancias Estado-periferia, comenzó a emerger con fuerza a principios del siglo XVIII, cuando Felipe V dicta los Decretos de Nueva Planta, por los que se suprimen las instituciones catalanas y se prohíbe la lengua en la administración del condado. En 1705, mediante el Pacto de Génova, los caudillos austracistas catalanes firmaron una alianza militar entre el Principado de Cataluña y el Reino de Inglaterra, aunque los acuerdos de Utrecht de 1713 habían sentenciado que los británicos abandonaran a su suerte a los catalanes. El problema crucial para Barcelona fue que los británicos faltaron a su promesa de protegerla. Finalmente en 1714 la situación en Barcelona era insostenible y se le ofreció recibir una delegación ciudadana, con la esperanza de que firmara su rendición, pero se negaron a hablar sobre las condiciones de la rendición, por lo que finalmente la ciudad de Barcelona cayó.

Remontándonos a 1922, se crea el primer partido independentista, Estat Català, creado por Francesc Macià, y tras el golpe de Miguel Primo de Rivera, se confirmó en Cataluña la vía independentista insurreccional. El propio Francesc Macià planificó desde la frontera francesa una invasión a Cataluña, pero el intento fracasó (aunque supusiera un gran éxito mediático para Macià y los suyos), y Cataluña continuó bajo el yugo de Primo de Rivera, un yugo que, inicialmente, fue apoyado por la burguesía catalana.

Más tarde, en 1931, el partido de Francesc Macià se unió al de Lluís Companys para fundar un nuevo partido, Esquerra Republicana de Catalunya. El 14 de abril de 1931, después de unas elecciones municipales que dieron la mayoría a su nuevo partido, Macià proclamó la República Catalana desde el Palacio de la Generalitat. Esta proclamación abrió un conflicto con el recién constituido Gobierno provisional de la República, que para resolverlo envió a tres ministros del Gobierno provisional a Barcelona para negociar. Se logró alcanzar un acuerdo por el que Macià renunciaba a la República Catalana.

Unos años más tarde, en 1934, tuvo lugar en Barcelona la proclamación del Estado Catalán dentro de la República Federal Española por parte del presidente Lluís Companys. El presidente Lerroux ordenó al general Batet que interviniera militarmente en el intento de golpe de estado y detuvo al presidente del Parlament, al presidente de la Generalitat y a todo su gobierno, salvo al consejero de Gobernación. Los detenidos, puestos a disposición judicial, fueron condenados por sentencia firme de 31 de mayo de 1935 a 30 años de prisión mayor e inhabilitación permanente. Se produjo también la suspensión total de la autonomía de Cataluña.

Ya, finalmente, y para concluir esta perspectiva histórica, vivimos nuevas tensiones que se remontan diez años atrás a la aprobación del Estatut y que entran en la más aguda espiral de violencia cuando en junio de 2017 conocíamos a través del President de la Generalitat la fecha de convocatoria del “referéndum” para la independencia –o no- de Cataluña. Desde entonces la tempestad se avecinaba, y la estabilidad territorial y política de España comenzaba a tambalearse, el día 1 de octubre se postulaba como candidato a desbancar a su precursor 9-N y poner realmente en jaque las relaciones entre el Gobierno Central y Cataluña. El 27 de octubre, tras los resultados favorables a la independencia -pese al escaso éxito en cuanto a participación y fiabilidad- del referéndum del 1-O, se proclama la independencia, y por tanto, la República catalana.

Con la conclusión de esta visión histórica de las tensiones acaecidas entre Cataluña y el Estado, cabe plantearse por qué estas tensiones nunca se han abordado de una manera total, qué las origina, y por qué Cataluña utiliza la vía de la independencia para intentar solucionar unilateralmente estas tensiones.

Puede que la respuesta la encontremos en lo que tanto demandan los partidos nacionalistas e independentistas catalanes, además de muchos otros partidos, instituciones o personajes públicos: derecho a decidir/votar. Es en este punto donde podemos intentar establecer una relación entre Constitución y democracia, relación en su sentido negativo, puesto que se origina un choque de conflictos y un enfrentamiento de legitimidades.

Para la existencia de una Constitución y de unos derechos fundamentales, o de los derechos en general como instituciones jurídicas, solo existe un marco en el que esto se pueda dar: la democracia. Sin embargo, los derechos pueden ser un límite a la democracia, ya que las normas se toman y se constituyen por la regla de la mayoría, y en democracia hay decisiones que no se pueden tomar por mayoría. Tal y como señalaba el Juez Robert Jackson (1943): «El propósito mismo de una Declaración de Derechos fue retirar ciertos temas de las vicisitudes de la controversia política para colocarlos fuera del alcance de mayorías y funcionarios y establecerlos como principios jurídicos que serían aplicados por los tribunales. El propio derecho a la vida, a la libertad y la propiedad, a la libertad de expresión, a la prensa libre, a la libertad de cultos y de reunión y otros derechos fundamentales no deben someterse a votación: no dependen del resultado de elecciones».

La tesis que aquí se plantea es si el constitucionalismo, y específicamente la Constitución Española de 1978, plantean un muro infranqueable al ejercicio de la democracia. El propio Stephen Holmes (El precompromiso y la paradoja de la democracia) señala que «el constitucionalismo es esencialmente antidemocrático. La función básica de una constitución es separar ciertas decisiones del proceso democrático, es decir, atar las manos de la comunidad». Es aquí donde nace esa tensión entre Constitución y democracia, puesto que para los demócratas la Constitución es un fastidio, y para los constitucionalistas, la democracia es una amenaza.

El referéndum del 1-O manifiesta esa diferencia entre la rígida Constitución y la realidad democrática, y es que el problema del constitucionalismo se ve reflejado en la inamovilidad de los preceptos constitucionales, lo que atenta contra la democracia en el sentido de que algunos derechos evolucionan, y desde un punto de vista iusnaturalista, esos preceptos establecidos ya no concordarían con la ética y la moral predominante en la sociedad, pero la rigidez de la norma suprema haría muy complicado el cambio de esos preceptos obsoletos, tal y como lo aprecia Ansuategui en "Derechos, Constitución y Democracia".

Estos derechos obsoletos e incoherentes con la realidad social se expresan en el mismísimo artículo 2 de la Constitución: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». Este precepto constitucional no permite que se ejerza la democracia en el sentido más ontológico (es decir, de máxima expresión del demos) en Cataluña, algo que, como demuestran los datos, se demanda. Se demanda no el hecho de independizarse, ni el de constituirse como una república, sino el hecho de ejercer la máxima expresión de la democracia, como es ejercitar el derecho al voto.

Gargarella, en la obra Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho, entiende la democracia como deliberativa, y entiende que los problemas de índole colectiva deben abordarse con la deliberación colectiva y establece un principio fundamental dentro de la democracia: «el principio que nos dice que nadie tiene el derecho de arrogarse el poder de toma de decisiones sobre todos los demás miembros de la sociedad». Lo que cabe interpretar de este principio es que nadie está por encima de la soberanía popular, ni nadie está por encima de la voluntad mayoritaria y colectiva.

Con esta conexión establecida entre la tensión actual que vivimos en España y la teoría del constitucionalismo y la democracia, simplemente se pretende dar visión a esa real contradicción democrática existente entre una constitución rígida y una realidad social que no se ve atendida y democráticamente abordada, por el hecho de la existencia de esa misma consistencia constitucional que hace tan difícil adaptar sus preceptos a realidades sociales cambiantes y en constante progreso.

Y cabe preguntarse, ¿es justo el Derecho por el hecho de ser Derecho?, y finalmente, ¿existe algún mecanismo contra el Derecho que es injusto? Frente a una acción, existe una reacción, por lo que frente a la rigidez constitucional debe haber una reacción, una reacción consagrada en muchas constituciones: artículo 9 de la constitución mexicana, artículo 36 de la constitución argentina o artículo 20 de la constitución alemana.

Ese mecanismo/reacción existe, y, como ya se ha mencionado, está amparado en muchas constituciones como las señaladas, y es la desobediencia civil. La desobediencia civil es "oportuna y conveniente" en un sistema liberal democrático que aspira a una sociedad justa.

«Desde la clásica postura de Antígona, que Sófocles convierte en un tópico universal, hasta la posición de Gandhi frente al colonialismo británico, pasando por Tomás Moro, por los perseguidos de las sectas religiosas minoritarias, socinianos, arminianos, puritanos, independentistas, etc, por los mártires de la libertad política, de la igualdad y de la tolerancia desde el siglo XVIII, hasta hoy, con la terrible experiencia nazi, stalinista, de nuestra misma guerra civil o del apartheid en África del Sur, la pregunta de ¿por qué hay que obedecer al Derecho?».

Este extracto de la obra Desobediencia civil y objeción de conciencia del Profesor Peces-Barba plasma los choques morales y los problemas que han surgido con la convivencia entre Derecho y sociedad. Desde la perspectiva y la moral occidental actual vemos que el Derecho de la Alemania nazi, o el Derecho del apartheid, o el Derecho soviético, son Derechos que no consideramos justos, no consideramos morales. Quizá la perspectiva moral de dentro de 50 años contemple lo que está pasando a día de hoy en España y piense que estábamos cometiendo una atrocidad, que cómo no podía el Estado dejar votar a una región para decidir sobre su futuro; pero no deja de ser una predicción no falsable.

Henry David Thoreau afirma en Desobediencia civil y otros escritos que «el mejor gobierno es el que gobierna menos», y es que el autor americano partía de la máxima de que el gobierno debe contar con la aprobación y el consenso de todos los gobernados. También, por su parte, el Profesor Eusebio Fernández exponía: «En mi libro Teoría de la Justicia y Derechos Humanos (1984), y siguiendo a J. Rawls, escribí que la desobediencia civil es "oportuna y conveniente"». Por último, J. Habermas también afirmaba: «ha de reconocerse la desobediencia civil como parte constitutiva de la cultura política de una comunidad democrática desarrollada».

Con las ideas de estos exponentes de la filosofía del Derecho, que piden fervientemente la institucionalización de la desobediencia del Derecho, debemos plantearnos la idea de hasta qué punto esta desobediencia al Derecho es necesaria, justa y debe ampararse en nuestra propia Constitución junto con el artículo 16.

El referéndum, la declaración de independencia, o las protestas civiles acaecidas en este período, representan un acto de desobediencia civil, un acto de lucha contra el Estado que no deja ejercer el derecho a la toma de decisiones de una región sobre su porvenir. Decía Habermas, en su obra Ensayos políticos, que «la desobediencia civil en el Estado de Derecho tiene la misma relación frente a la resistencia activa contra el despotismo que el legalismo autoritario en el Estado de Derecho frente a la represión del pseudodespotismo». ¿Cómo derrocar a un Estado déspota, o cómo luchar contra un Estado injusto? Con la desobediencia civil.

No intento plantear la idea de que nuestro Gobierno sea déspota o injusto, simplemente quiero concluir con la idea de que se necesita abordar la cuestión catalana que tanto nos está afectando a día de hoy, y si la rigidez de nuestra Constitución, y sus preceptos obsoletos e inamovibles, que no garantizan ningún mecanismo para modificarlos y adaptarlos más allá de la reforma constitucional, no nos permite abordar esta cuestión, se deben utilizar mecanismos que, si bien están fuera de la Ley, están moralmente legitimados y son necesarios en una sociedad democrática y constitucional. En este sentido, es posible concebir que Cataluña simplemente haya querido esquivar la Ley en forma de desobediencia civil para tratar una tensión que, sin ninguna duda, está requiriendo ya una respuesta democrática, y ésta pasa por la actualización de nuestro constitucionalismo y de la garantía de mecanismos institucionalizados. La frontera clave para discernir esto será la diferencia entre lo que consideremos una desobediencia justificada o no.

Álvaro Morales Coloma

Álvaro Morales Coloma

(Santa Cruz de Tenerife, 1996) Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Enamorado de la filosofía política y de las teorías e ideologías políticas.

Más