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A finales del siglo XIX cuando una flota británica encalló en un arrecife en el Caribe occidental, la mayoría de los pasajeros y la tripulación, incluyendo un príncipe, habrían muerto de no haber sido por el heroísmo de los pobladores de una isla cercana que se apresuraron a rescatarlos. Como muestra de su gratitud, el rey Jorge III de Inglaterra prometió que la isla, Gran Caimán, nunca más pagaría impuestos; así nació el primer paraíso fiscal del mundo. Ya en el siglo XX se trasladó a Europa, y la pieza final de los paraísos fiscales fue la ley bancaria suiza de 1934, que creó el secreto bancario con el fin de evitar los efectos de la depresión de 1929.

Los territorios conocidos como paraísos fiscales son una herramienta creada y utilizada por parte de la gran banca y la élite económica internacional para mover capitales libremente y de forma ajena a cualquier intervención de los Estados: investigaciones fiscales o judiciales, principalmente (además de otras finalidades empresariales, bursátiles o de especulación). Se estima que por sus oscuras empresas pantalla pasan cada año, huyendo del fisco, el equivalente a un tercio de toda la riqueza que se genera en el mundo en ese mismo periodo.

Cuantificar el dinero oculto en los diversos paraísos fiscales mundiales es prácticamente imposible, pero existen aproximaciones: según un reciente informe de Oxfam, las fortunas mundiales escondidas en paraísos fiscales podrían rondar los 7,6 billones de dólares, una cantidad equivalente al PIB de Reino Unido y Alemania juntos (Oxfam Intermón, 2015).

Los paraísos fiscales

Un paraíso fiscal es un territorio o Estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes que se domicilien a efectos legales en el mismo (Hernández Vigueras, 2009). Típicamente, estas ventajas consisten en una exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales impuestos, así como el secreto bancario.

La evasión fiscal la podríamos definir como el uso de herramientas fraudulentas por parte del sujeto pasivo con la intención de eludir el pago de impuestos en el país de origen, por medio de su traslado a territorios con cargas impositivas bajas o nulas –paraísos fiscales. No debemos confundir el concepto de evasión fiscal con el de planificación fiscal internacional; la principal diferencia es que en la planificación fiscal el sujeto pasivo utiliza herramientas legítimas para minimizar su carga fiscal (Chavagneux, 2007).

Para determinar si un estado es un paraíso fiscal la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) esgrime cuatro factores principales:

  • Si la jurisdicción no impone impuestos o éstos son solo nominales. La OCDE reconoce que cada jurisdicción tiene derecho a determinar si impone impuestos directos o no. Si no hay impuestos directos pero sí indirectos, se utilizan los otros tres factores para determinar si una jurisdicción es un paraíso fiscal.
  • Si hay falta de transparencia.
  • Si las leyes o las prácticas administrativas no permiten el intercambio de información para propósitos fiscales con otros países en relación a contribuyentes que se benefician de los bajos impuestos.
  • Si se permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas, aun cuando no desarrollen efectivamente una actividad en el país.

Un paraíso fiscal puede ser disfrutado tanto por personas físicas como por jurídicas; las personas físicas que residen en él se evitan las cargas fiscales, pero también pueden planificar herencias y legados; las personas jurídicas se aprovechan de la no sujeción al impuesto de beneficios obtenidos por compañías constituidas en esos países, de la libertad de movimientos de capitales y de los dividendos que reciben de las filiales. Estas últimas son las principales usuarias de los paraísos fiscales porque gozan de una mayor flexibilidad para la estructuración, planificación y desarrollo de la actividad empresarial. La oportunidad de reducir la carga tributaria hace muy apetecible tener una sociedad en un paraíso, pero igual que las personas físicas las empresas tampoco se libran de las medidas "antiparaísos" que están desarrollando los ordenamientos tributarios nacionales e internacionales.

La política exterior en materia de paraísos fiscales

Las llamadas sociedades offshore son creadas normalmente no por el propio evasor, sino por sus asesores: abogados fiscalistas o, más frecuentemente, banca privada, es decir, especializada en gestionar altos patrimonios. Estas sociedades se crean para hacer de pantalla y ocultar al verdadero titular de una cuenta bancaria.

En algunos casos, estas sociedades también se usan para hacer pagos en B  –por ejemplo, comisiones ilícitas. Esto plantea una disyuntiva: ¿quién es entonces el culpable? ¿El banco, la persona...? Pues bien, el culpable siempre es el propietario de los bienes, que decide usar una estructura opaca para no cumplir sus obligaciones tributarias. Los bancos, si se quiere, son cómplices o cooperadores necesarios, ya que sin su ayuda la inmensa mayoría de estas sociedades no se constituirían, casi ninguno de sus clientes las conocería o sabría cómo crearlas. De eso se ocupa la entidad, que normalmente se la compra a un bufete que en muchas ocasiones ni siquiera sabe quién es el cliente final. Para ofrecer estos servicios, la mayoría de los bancos tiene sucursales o filiales en los paraísos fiscales, que cobran comisiones bastante más altas que sus matrices en Europa o EE.UU.

Para España solo hay 33 paraísos fiscales reconocidos: Emirato del Estado de Bahréin, Sultanato de Brunei, Gibraltar, Anguilla, Antigua y Barbuda, Bermuda, Islas Caimanes, Islas Cook, República de Dominica, Granada, Fiji, Islas de Guernesey y de Jersey (Islas del Canal), Islas Malvinas, Isla de Man, Islas Marianas, Mauricio, Monserrat, República de Naurú, Islas Salomón, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, Islas Turks y Caicos, República de Vanuatu, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos de América, Reino de Jordania, Líbano, República de Liberia, Principado de Liechtenstein, Macao, Principado de Mónaco, Sultanato de Omán y República de Seychelles.

La Comisión Europea no puede regular las listas de paraísos fiscales de los países miembro (Pons, 2008), de manera que, como en el caso de Panamá, existen discrepancias entre las consideraciones comunitarias y las de cada uno de los Estados miembro.

¿Imposibilidad o falta de voluntad?

**La lucha contra los paraísos fiscales es ardua debido a diferentes causas, empezando por que hay un serio problema de definición, pues la catalogación es complicada**. Por ejemplo, para España Suiza no es un paraíso fiscal porque, aunque ofrece secreto bancario, coopera judicialmente. Entrar en la lista de paraísos fiscales implica que se apliquen una serie de medidas antielusión fiscal a todas las transacciones con destino u origen de ese país. Por ejemplo, una persona que ha cambiado su domicilio fiscal a un país considerado paraíso va a tener que seguir realizando la declaración con Hacienda durante cuatro años, o las sociedades que tengan bienes o sociedades en España tendrán que seguir tributando en España aunque tengan la residencia fiscal en un paraíso y deberán acreditar que los precios de las transacciones son de mercado y no ficticios; además, la administración tributaria española tiene potestad discrecional para poder determinar el valor real de una transacción realizada entre personas en donde cualquiera de las dos esté domiciliada en un paraíso fiscal.

En general, al no existir ni definición ni listas comúnmente acordadas, cada país va por su cuenta a la hora de presionar a los distintos gobiernos a que se comprometan para promover una mayor transparencia. Falta una definición consensuada de qué es un paraíso fiscal, una lista de miembros y una batería de medidas para poder hacer frente a las prácticas ilegales. Falta, básicamente, voluntad política (Ortega Carcelén, 2014).

**El Real Decreto 1080/1991 (complementando más tarde por la Ley 36/2006)  una salvedad según la cual los países y territorios incluidos en ese listado de paraísos fiscales que firmen con España un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información dejarán de tener tal consideración**.

A la hora de analizar la lista es imposible no apreciar la influencia de poderosos factores políticos y económicos; por ejemplo, acogiéndose a la segunda de las posibilidades arriba mencionadas, en octubre de 2010 y tras la negociación de las obras de ampliación del Canal de Panamá –adjudicadas finalmente a la compañía española Sacyr–, Panamá salió de la lista de paraísos fiscales. Al mismo tiempo Panamá seguía estando presente en la lista de paraísos fiscales de la UE.

«Panamá aplicaba la denominada cláusula de retorsión: consideraba como paraíso fiscal a cualquier otro país que le incluyese en su lista. Esto podía significar, entre otras cosas, limitaciones a la contratación pública; precisamente en la época en que se licitaba una de las mayores obras públicas de todos los tiempos: la ampliación del Canal de Panamá», publicaba en 2014 el entonces inspector de Hacienda y ahora diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre, en El Confidencial.

A partir del 11 de septiembre de 2001, como consecuencia de los atentados terroristas de Nueva York, la política criminal estadounidense influiría de manera determinante en las legislaciones de todo el mundo (Wayne, 2007), sobre todo cuando el foco de atención internacional se concentró en la nueva amenaza global y la legislación penal empezó a ser utilizada como un arma recurrente en la lucha contra el terrorismo.

Con el propósito de detectar, romper y desmantelar la infraestructura de financiación del terrorismo, Bush rubrica la PATRIOT Act. Concebida para ensanchar el ámbito de aplicación la Ley del Secreto Bancario a los bancos extranjeros y obtener un control global sobre las transacciones financieras, también amplió el número de conductas comprendidas en la descripción del delito de lavado, alcanzando incluso a aquellas realizadas fuera del territorio estadounidense. Esto supondría la extensión de la lucha contra el lavado de activos a entidades financieras de todo ek mundo, así como el boicot a aquellos que no cooperasen adecuadamente. Hoy en día las autoridades de Estados Unidos pueden prohibir a sus bancos que operen financieramente con un banco extranjero que se niegue a proporcionarles alguna información. Asimismo, los fondos que un banco extranjero tenga en ese país pueden ser confiscados, si las autoridades estadounidenses consideran que dicha institución financiera participó en una operación de lavado de activos. Esto puede ocurrir incluso si las cuentas que fueron usadas para cometer el delito están ubicadas fuera de su territorio.

Sin embargo, hay una gran variedad de regímenes jurídicos; si bien en la mayoría de países el fraude fiscal se encuentra tipificado como delito, en Suiza la falsa declaración de impuestos y la ocultación de ingresos para dejar de pagar impuestos son tipificadas como infracciones administrativas. De la misma manera, el secreto bancario está totalmente protegido, sin que existan medidas administrativas o judiciales que permitan su levantamiento.

Después del análisis efectuado, podemos evidenciar que no existe un concepto típico ni aceptado de paraíso fiscal. Sin embargo, la práctica internacional ha aceptado un consenso acerca de elementos característicos de los paraísos fiscales, por lo que no hace falta que se cuente con una definición para encasillar a una jurisdicción como paraíso sino que basta con el análisis de los elementos característicos para saber si nos encontramos ante un paraíso fiscal o no.

No obstante, la legislación antiparaísos es aún débil, las lagunas en lo que a cooperación internacional se refiere son enormes y el impacto que tiene la existencia de los paraísos fiscales sigue siendo enorme, y va desde el incremento de la inestabilidad financiera hasta los conocidos casos de corrupción y blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas, pasando por la agudización de la desigualdad y la pobreza (Martínez Selva, 2009). Va también más allá, ya que su mera existencia es un elemento que presiona a los regímenes fiscales de los países desarrollados y los lleva a competir en condiciones de desigualdad. Así, los países ricos se ven presionados a reducir sus cargas impositivas para evitar en cierta medida la fuga de capitales, provocando un incremento de la desigualdad y deteriorando los servicios públicos. Por último, la aparición de internet, es una verdadera revolución de la libertad global que, en su vertiente negativa, facilita la evasión fiscal.


Martínez Selva, José María (2009). Los Paraísos Fiscales, Madrid, Dijusa.

Chavagneux, Christian (2007). Los Paraísos Fiscales (El viejo topo), Madrid, Intervención cultural, 2007.

Ortega Carcelén, Martín (2014). Derecho Internacional Público en la era global, Madrid, Tecnos.

Hernández Vigueras, Juan (2009). La cortina de humo del G-20, Icaria.

Oxfam (2015). Informes, disponibles en [www.oxfam.org/es/informes].

Pons, Marcial (2008). La realidad de la ayuda, Barcelona, Oxfam Intermón Editorial, 2008

Wayne, Elwood (2007). Globalización, Barcelona, Oxfam Intermón Editorial.