TodЛs somos políticЛs. TodЛs hacemos política.

‘’Igualdad de oportunidades’’ es una noción que despierta en todos nosotros cierto agrado; lo relacionamos esencialmente con la justicia y, no en vano, es un concepto usado recurrentemente en prácticamente todas las familias políticas.

Todo es muy bonito, en fin, hasta que toca definir en qué consiste más específicamente esta noción tan simpática. Sin duda, podríamos pensar que es un concepto de aquellos que podemos calificar como ‘’radicalmente disputados’’; esto significa, como explicaba Kuppers en su introducción a esta sección, que sería uno de esos conceptos «empleados en sentidos tan diversos —e incluso contradictorios— que no existe terreno mínimo sobre el que acordar una definición o contenido esencial». Esto, en el campo político, es una verdad bastante evidente (en España, el concepto aparece repetidas veces en el programa de todos los partidos, de Podemos a Vox), pero en el campo teórico, podríamos argüir, se han hecho algunos avances a la hora de perfilar sus rasgos.

Pensemos en los igualitaristas liberales. Estos parten de un esquema muy fácil y armonioso: debemos diferenciar entre las elecciones y las circunstancias de los individuos. Las primeras, sigue la teoría (expuesta aquí de manera rudimentaria), no son problemáticas desde una óptica de justicia social, pues los individuos deben ser responsables ante sus decisiones. La cuestión estriba en las circunstancias: por ellas entendemos ciertos factores sociales y genéticos que, en la medida en que son factores ajenos a la agencia del individuo, sería injusto que afectasen a su desempeño en la sociedad; por lo tanto, son moralmente arbitrarias (Kymlicka, 2006; Scheffler, 2003). Tal sería la base normativa para justificar intervenciones que tengan como objetivo aplacar las desigualdades derivadas de factores sociales estructurales (por ejemplo, la inversión en educación enfocada a los niños de familias con pocos recursos); la igualdad de oportunidades demanda la igualación de tales circunstancias en los distintos ámbitos que puedan resultar problemáticos al respecto, de tal manera que todas las desigualdades existentes en la sociedad sean derivadas exclusivamente de elecciones individuales (inversiones, esfuerzo, preferencias de consumo y ocio, etc.).

Tal aproximación teórica ha ido permeando el debate académico hasta tal punto que, en las últimas décadas, se puede encontrar indistintamente (con matices diversos) tanto entre liberales como en socialistas como Roemer y Cohen. Y es que esta aproximación es harto más comprehensiva que la concepción formal del liberalismo clásico, en el cual ‘’igualdad de oportunidades’’ significaba básicamente la eliminación de todas las restricciones formales que afectaran al estatus y a las oportunidades de vida de los individuos (Cohen, 2001: 68). Bajo la aproximación formal sólo se tiene en cuenta el hecho de que exista (o no) una desigualdad provocada por unas leyes discriminatorias; bajo la definición igualitarista, en cambio, se va más allá del derecho positivizado para tomar en consideración los diversos mecanismos que pueden generar, en la práctica, desigualdad de oportunidades [1]. Es importante, pues, atenerse a las propuestas políticas específicas de los partidos políticos para saber a qué concepción de ‘’igualdad de oportunidades’’ se refieren.

Sin embargo, la concepción amplia de la igualdad de oportunidades no está exenta de problemas. Y es que la sagrada distinción entre elecciones y circunstancias entraña grandes dificultades, como la dificultad analítica de determinar qué son elecciones individuales y donde empieza la mera suerte: no siempre podemos encontrar puras expresiones de agencia, pues «los rasgos personales no elegidos y las circunstancias sociales en las que nacemos son constitutivas de manera notable, aunque no exclusiva, de nuestra identidad particular» (Scheffler, 2003: 18); no es tan fácil, en definitiva, trazar las líneas que separan la agencia (y la responsabilidad individual) de la mera suerte [2]. Podemos concluir, por lo tanto, que el igualitarismo «obtiene gran parte de su atractivo a partir de una lectura implausible del estatus metafísico de la categoría ‘’elección’’» (ibídem).

En todo caso, parece poco probable que abandonemos el uso de tal concepto. Y haremos bien: más allá de la dificultad de operacionalizarlo, la ‘’igualdad de oportunidades’’ hace las veces de ideal normativo aproximativo, es decir, permite situar el debate en un esquema común que permita presentar argumentos y compararlos, con la esperanza puesta en que la continuada elaboración teórica permita que las teorías adquieran una «creciente calidad en la argumentación de las partes en disputa ideológica».


Cohen, G. A. (2001). ¿Por qué no el socialismo? En Gargarella, R. y Ovejero, F. (comps.). Razones para el socialismo. Barcelona: Paidós.

Kymlicka, W. (2006). Left-liberalism revisited. En The Egalitarian Conscience: Essays in Honour of GA Cohen, 226-249, 9-35.

Scheffler, S. (2003). What Is Egalitarianism? Philosophy & Public Affairs, 31(1), 5-39.


[1] Un ejemplo: en EE.UU. se prohibió la segregación escolar por etnia en 1954. Pero en realidad, dado que había (y hay) una fuerte segregación residencial entre blancos y negros, y dado que los niños acuden a una u otra escuela según proximidad, la segregación en las escuelas se mantuvo, y dado que la financiación de estas dependía de los distritos, y los distritos predominantemente afroamericanos tenían menos recursos, esto implicaba que sus escuelas tenían muchos menos recursos para establecer un sistema educativo de calidad. Ante tal coyuntura, se impuso en los 70s el llamado busing: el traslado obligatorio de los niños a escuelas que no fueran las más cercanas a sus casas, llevándolos si fuere necesario a otros distritos, permitiendo así una mayor inclusión racial y socioeconómica. Este ejemplo nos muestra que, a veces, la supresión de la desigualdad de oportunidades formal no implica una mayor igualdad de oportunidades real. La consecución de la segunda puede requerir de medidas distintas.

[2] Otro ejemplo: está comprobado que las personas que han nacido en familias con menores recursos (económicos, sociales y culturales) tienden a reproducir estilos de vida menos saludables (mayor consumo de alcohol, drogas o tabaco). Así pues, se trata aquí de decisiones individuales que, sin embargo, están condicionadas por factores sociales (menor información acerca de sus efectos, menor capacidad de modificar conductas –muy relacionado con el nivel educativo–, reproducción de dinámicas aprendidas en el seno familiar, ansiedad inducida por factores socioeconómicos, etc.).