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Vivimos una situación de emergencia climática. Un momento histórico en el que las demandas por la reestructuración del sistema capitalista empiezan a florecer en muchas partes del mundo, clamando por un cambio estructural. Muchos creen que este sistema está hoy obsoleto, pero el movimiento no es nuevo;  tiene su origen unos cuantos años atrás: en 2007, el norteamericano Thomas L. Friedman asentó las bases para la construcción del llamado “Green New Deal” en su artículo «Una advertencia del jardín». Resonando con el “New Deal” del expresidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, abogaba por una serie de reformas y políticas con el objetivo de suprimir la adicción de la sociedad posindustrial a los combustibles fósiles y por empezar a considerar los distintos tipos de energías renovables como el principal y único suministro de energía, además de considerar una serie de nuevos modelos de producción para crear una industria totalmente limpia.

La institucionalización del movimiento ecologista ha sido lenta pero progresiva. La ONU publicó en 2008 el informe Global Green New Deal con el objetivo de estimular la economía en época de recesión económica y potenciar la sostenibilidad ambiental de la economía mundial. Asimismo, desde Europa en los últimos años se ha puesto el foco en esta emergencia climática. Ya en 2005 se creó el European Union Emissions Trading System (EU ETS), siendo el primer sistema internacional de comercio de emisiones del mundo, limitando los derechos de emisión de las empresas y potenciando su reducción. Además, debido a la insistencia de organizaciones como el Green New Deal Group, creada en 2007, se ha abogado por una mayor inversión pública en fuentes de energía renovables. Ya en 2014 Varoufakis intentó reestructurar la economía europea después de la crisis de 2008 con un manifiesto para la Izquierda Europea; y más tarde, a través de la formación DiEM25, creó en 2019 el movimiento Green New Deal for Europe para lograr una transición democrática hacia una Europa sostenible. Cabe mencionar también la importancia del movimiento Fridays for future para la transmisión del mensaje de una Europa sostenible a través de todo el mundo. Por otro lado, en Estados Unidos ha resultado impactante la entrada en escena del “Green New Deal” de la mano de la congresista Alexandra Ocasio-Cortez y el senador Ed Markey, quienes firmaron una resolución no vinculante sobre lo que iba a suponer este nuevo modelo de producción, sus costes y beneficios.

A nivel europeo, la nueva Comisión Europea liderada por Ursula von der Leyen ha mostrado desde el primer momento un gran compromiso y voluntad de aplicar un proyecto de transición verde para la Unión Europea. El candidato socialdemócrata en las pasadas elecciones europeas, Frans Timmermans, será el comisario encargado de impulsar un “Acuerdo Verde Europeo”, y para ello deberá colaborar con el comisario conservador Valdis Dombrovskis (quien ostenta la cartera “Economía que funciona para la gente”) en relación a su financiación. Las principales ambiciones de la nueva Comisión se centran en conseguir para 2030 la reducción en un 50% las emisiones de CO2, tal como se refleja en el acuerdo para los primeros 100 días de gobierno llamado “European Climate Law”. A largo plazo, el objetivo es la neutralidad climática de la Unión para 2050 (intentando limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius). Esta iniciativa constituye un proyecto ambicioso que comprende diversas estrategias: la creación de un Plan de Inversión de Europa Sostenible, el impuesto fronterizo al carbono y la creación de un Banco Climático, entre otras.

¿Cómo pueden aplicarse estas medidas? Podríamos apuntar al decrecimiento económico como principal factor, abandonando la consigna del “crecimiento por crecimiento”, para conseguir una mayor conciliación entre la humanidad y la naturaleza, pero a día de hoy no es una posición suficientemente consensuada. A demás, debemos considerar las políticas fiscal y monetaria de la Unión como instrumentos para la propia financiación del proyecto. Asimismo, desde 2015 existe el llamado Network for Greening the Financial System, formado por la unión de distintos bancos centrales y supervisores para la ecologización del sistema financiero en relación a los objetivos del Acuerdo de París (reducir la emisión de CO2 en un 40% para 2030). El BCE forma parte de esta organización. Siendo la estabilización de la inflación una de sus principales preocupaciones, el cambio climático ha generado que este tipo de instituciones consideren la actual situación climática de urgencia. Sus externalidades negativas provocan un aumento de los flujos migratorios, junto con efectos en cadena en el mercado laboral y en la evolución de los salarios, por lo que no sólo repercute negativamente en la salud. Además, los impagos de préstamos bancarios pueden aumentar a causa del efecto sobre los negocios que pueden tener sequías, inundaciones, tormentas, daños en infraestructuras u oscilaciones de precios de aquellos productos más expuestos a desastres naturales, entre otros. En términos de política monetaria, el BCE ya se ha comprometido con la emisión de bonos verdes (en el Plan Juncker 2015, con el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, ya existía) para facilitar tanto la inversión ecológica Europea como la creación de agencias de obras públicas en las regiones europeas donde sea requerido. Además, existe el compromiso de convertir el Banco Europeo de Inversiones en un banco climático, “enverdeciendo” así la economía. Desde el ámbito de la política fiscal resulta atractivo imponer un impuesto a los combustibles fósiles; desde hace unos pocos años el precio del carbón en Europa está aumentando debido a una serie de reformas de la UE (sistema de emisiones y comercio) para reducir así los derechos de emisión, junto con los efectos de la recuperación económica. Aun así, el precio de los combustibles fósiles debería aumentar más, aunque podría conllevar consecuencias económicas (como un cambio de la distribución de la generación de ingresos en la UE).

La crisis climática debe ser entendida como un agregado de consecuencias derivadas de la inestabilidad económica o el establecimiento de un modelo desigual centro-periferia liderado por países ricos (quienes generan la mayor parte de emisiones), creando asimismo una situación de crisis civil. El Green New Deal se basa en corregir nuestra dependencia energética del petróleo, mediante el “keynesianismo verde”, en una intervención estatal destinada a crear un modelo más sostenible, eliminando las emisiones contaminantes y mejorando nuestra calidad de vida. Y ello está unido de forma inevitable al requerimiento de una mejor redistribución de la riqueza entre países ricos (más contaminantes) y pobres. Aun así, también hay que observar los posibles costes que supondría un cambio de esta magnitud en un mundo globalizado dependiente del modelo actual. Hacer un tabula rasa y empezar desde cero es prácticamente imposible. Por esta misma razón, la transición debe ser progresiva, implementando un cambio en la forma de actuar y de producir, corrigiendo poco a poco las prácticas contaminantes.

El verdadero problema reside en la gran reestructuración del sistema productivo y en borrar la huella del carbono. Tal y como especifica Kirkegaard, una de las principales consecuencias a corto plazo de este nuevo proyecto es la destrucción de ciertas infraestructuras, además de la subida de los precios, con pérdidas de trabajo y dificultad de acceso a una serie de productos de gente que depende exclusivamente de este tipo de recursos (véase lo ocurrido con los chalecos amarillos). De la mano del desplazamiento de trabajadores deberá ir un sólido compromiso de los gobiernos de los estados miembro para gestionar esta transición de forma mesurada y ofrecerles compensación. Por otra parte, también atribuye importancia a la capacidad de ahorro de las empresas europeas a lo largo de estos últimos años, con tasas de interés bajas, que permitirían una financiación de un nuevo modelo económico apartándose de los combustibles fósiles (debido a su elevado precio), junto con la ayuda de los bonos verdes ya mencionados anteriormente.

Ursula von der Leyen ya ha considerado movilizar hasta 1 billón de euros en inversión privada durante la próxima década; pero, para poder destinar una parte sustantiva del presupuesto de la Unión, debe haber compromiso y voluntad por parte de los Estados miembro. Este compromiso no es tan sencillo de labrar si consideramos la actitud inquebrantable del llamado “Grupo de Visegrado”, que seguramente buscaría importantes compensaciones económicas. Además, la oposición también es fuerte en el sector financiero “dolarizado” —seamos realistas— que no acostumbra a rendir cuentas, y para ello es necesario el compromiso de las administraciones públicas. De ahí la voluntad de crear el Banco Europeo del Clima para defender las finanzas climáticas, junto con el control de la evasión fiscal de las multinacionales. Con estas restricciones las finanzas verdes podrían aumentar, ya que el “Green New Deal” requiere de grandes inversiones. Para conseguir todo ello el sector financiero debe estar subordinado, en una mayor medida, a las pretensiones de los Estados miembro.

En definitiva, un “Green New Deal” deberá basarse en un criterio justicia, en tener una mayor consideración por los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Cabe la necesidad de políticas industriales que no beneficien el crecimiento de un solo sector de la economía, sino que beneficien en su conjunto y especialmente a los más afectados por las consecuencias del cambio de modelo. Hacer una Europa más verde debe basarse no solo en las energías renovables, sino también en conseguir una economía verde en su totalidad, tal y como explica la economista Mariana Mazzucato, abriendo la puerta a una nueva era basada en un nuevo contrato social entre la sociedad civil, el mundo empresarial y el gobierno. Las iniciativas no sólo deben proceder de instituciones globales, las cuales carecen de liderazgo político, sino que debe basarse principalmente en una cooperación internacional y de convergencia de valores ecologistas, haciendo valer la soberanía y responsabilidad democrática de los Estados nacionales y gobiernos locales.