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Se podría intentar rastrear el origen de la corrupción tan solo para descubrir su aparición prácticamente en el mismo instante de la creación de la primera administración pública: hay casos de actividades ilícitas documentados con miles de años de antigüedad, hay libros que intentaron analizarla, hay incluso poemas satíricos que la criticaron. Sin embargo, parece que el interés académico por la corrupción no ha hecho más que aumentar desde finales del siglo XX: sin dejar de señalar ilustres predecesores como Gary Becker en los 60 y 70 del siglo pasado y su canónico análisis económico del delito (1968, 1974), el inicio del boom del estudio de las prácticas corruptas ocurre en la década de los 90, impulsado por trabajos pioneros de Paolo Mauro, Robert Klitgaard o Vito Tanzi.

Como señala el propio Tanzi (1998), existen varias razones que explican este repentino interés por la materia. Primero, el fin de la Guerra Fría generó grandes cambios que incidieron también en la corrupción: la caída de las economías de planificación central puso al descubierto gran cantidad de actividades ilícitas de las que no había noticia y acabó con la hipocresía de tolerar la mala praxis entre países aliados ideológicamente. Por otro lado, la transición hacia la economía de mercado de las naciones del bloque socialista supuso privatizaciones salvajes e incontroladas, muy cerca del saqueo al Estado, aderezadas con nepotismo, información privilegiada e incluso fraude. Además, el crecimiento sostenido de países con democracias reales implicó el desarrollo de una prensa –más o menos– libre y activa para la que la corrupción ya no es tabú, que puede destapar escándalos y que proporciona información valiosa en este sentido a la opinión pública. Finalmente, la globalización y la internacionalización empresarial obligaron a actores de muy distintas regiones y culturas a relacionarse; personas acostumbradas a una burocracia eficiente deben enfrentarse hoy en día a la corrupción endémica de otras sociedades, dando lugar a situaciones como el pago de sobornos por multinacionales para conseguir contratos, lo que aumenta la atención internacional sobre el tema.

Más importantes incluso que todo lo anterior son los enormes efectos negativos de la corrupción en el sistema económico y social, que ayudan a entender los incentivos de muchos agentes para estudiarla y acabar con ella. Me basaré para una primera clasificación en Fernández Díaz y Fernández Cornejo (1999); demostrar sus numerosas consecuencias adversas permite justificar la necesidad de comprender el fenómeno adecuadamente para ser capaces de atajarlo y evitar graves distorsiones como las siguientes:

1. Daña la legitimidad de la economía de mercado y la democracia: ambas quedaron gravemente deslegitimadas en las economías en transición del este de Europa, en parte por las actividades ilícitas debidas a las privatizaciones masivas, y también en Latinoamérica.

2. Incrementa la desigualdad en la distribución de la renta: los ingresos potenciales de la ciudadanía más desfavorecida se ven mermados. Los que salen beneficiados de las prácticas corruptas ya disponían en muchas ocasiones de una renta notable, ya que por ejemplo debieron hacer frente al pago de sobornos, y los costes de estas prácticas recaen sobre la sociedad en general, como destacaron Gupta et al. (1998). Salinas y Salinas (2007) mostraron que los comportamientos ilícitos introducen sesgos en el funcionamiento del sector público: disminuyen la progresividad del sistema tributario y el gasto en servicios sociales. Este fenómeno se debe, siguiendo las explicaciones de Mauro (1997), a que los controles en los gastos educativos y sanitarios resultan más complicados de evitar y se tiende a dar prioridad a gastos de construcción de infraestructuras o intensivos en capital, menos controlados y de los que se pueden extraer rentas más altas. Dicha dinámica puede ser muy dañina para los sectores más pobres de la sociedad, porque se resienten servicios básicos de los que depende directamente su bienestar.

3. Distorsiona los mercados al reducir la eficiencia en la asignación de recursos: primero, distorsiona incentivos porque hace más atractivas las actividades de búsqueda de rentas y el valor añadido que la economía podría producir se resiente. Segundo, la corrupción se comporta como un impuesto arbitrario para las empresas creando un exceso de gravamen que perjudica a la larga al bienestar general. La carga tributaria es mayor que la de un impuesto indirecto porque el coste real (añadido a la cuantía del soborno) incluye la búsqueda del personal público al que es necesario sobornar y la consiguiente negociación. Además, no hay ningún mecanismo para garantizar el cumplimiento de este tipo de contratos.

4. Disminuye la capacidad del Gobierno para imponer controles regulatorios (dirigidos a corregir fallos de mercado): la eficacia de estas acciones se ve mermada si las intervenciones están motivadas por la corrupción. En ese caso se añadirían a las distorsiones iniciales y el problema se agravaría.

5. Aumenta la dificultad para aplicar políticas fiscales adecuadas: el gasto público se incrementa por subvenciones injustificadas y el aumento y distorsión de la inversión pública. Tanzi y Davoodi (1997) exponen este proceso: los altos funcionarios manipulan el gasto del sector público para conseguir sobornos. Incrementan la inversión pública, sí, aunque disminuyendo al mismo tiempo su productividad, al basarse los decisores únicamente en la cuantía de las rentas generadas. Por eso se gasta más en construir infraestructuras, pero menos en su gestión y mantenimiento, por ejemplo. Por otro lado, los ingresos disminuyen por desgravaciones fiscales injustificadas y por la bajada de la inversión privada en el país a causa de la incertidumbre y los costes crecientes (Mauro, 1995). La reducción en inversión afecta al crecimiento económico, que se resiente. También se produce un aumento de la importancia de la economía sumergida, lo que debilita la capacidad de recaudación tributaria y expulsa empresas del sector formal para evitar costes. La suma de los dos fenómenos genera a largo plazo un crecimiento del déficit público.

6. Distorsiona al Estado como garante de las reglas que rigen la economía: el rol del Gobierno para reforzar el cumplimiento de los contratos y proteger los derechos de propiedad (los propietarios desisten de ejercer sus derechos) se ve afectado por la ocurrencia de corrupción y el aumento de la inseguridad económico-jurídica a la que va asociada.

7. Perjudica más a las pequeñas empresas –especialmente a las de creación reciente–: las multinacionales y grandes empresas están más protegidas contra la corrupción porque existen departamentos especializados en el trato con burocracia ineficiente, pueden usar facilitadores para conseguir permisos, su tamaño las inmuniza ante pequeñas extorsiones y poseen poder político para influenciar las decisiones del sector público en su favor y perseguir rentas con altos beneficios. En cambio, empresas de menor volumen son forzadas a asumir altos costes de dinero y tiempo en su trato con los servidores públicos, parapetados tras opacas regulaciones y tarifas discrecionales. Asimismo, operan en mercados más competitivos y la corrupción frena su desarrollo.

Con respecto a España, el citado incremento en el número de publicaciones relacionadas se produjo algo más tarde debido a circunstancias coyunturales, ya comenzado el nuevo milenio. El auge de la burbuja inmobiliaria y la mayor atención de los medios de comunicación al tema contribuyeron al aumento del interés entre los expertos primero y entre la ciudadanía después.

En artículos posteriores tendré tiempo de centrarme más concretamente en los trabajos sobre la corrupción en España, pero parece claro que este interés ha seguido creciendo tras el estallido de la crisis, por lo que todavía no es posible señalar qué parte se debe a la situación del ciclo económico y qué parte se sostendrá en el tiempo y motivará más estudios a medio y largo plazo.

Durante décadas se han ido demostrando todos los efectos nocivos que la corrupción provoca en nuestros Gobiernos. Por tanto, es tarea de todos conocer a fondo el fenómeno para prevenir su aparición y luchar contra sus consecuencias.


BECKER, G. (1968): “Crime and punishment”, Journal of Political Economy, 76: 169-217.

BECKER, G., STIGLER, G. (1974): “Law enforcement, malfeasance, and the compensation of enforcers”, Journal of Legal Studies, 3, 1-18.

FERNÁNDEZ DÍAZ, A., FERNÁNDEZ CORNEJO, J.A. (1999): “La economía de la corrupción y el control externo”, Revista Española de Control Externo, vol. 1, 3, 9-38.

GUPTA, S., DAVOODI, H., ALONSO-TERME, R. (1998): “Does corruption affect income inequality and poverty?”, IMF Working Papers, 76.

MAURO, P. (1995): “Corruption and growth”, Quarterly Journal of Economics, 110, 681-712.

 -(1997): “The effects of corruption on growth, investment, and government   expenditure: a cross-country analysis”, Corruption in the Global Economy, Washington, Institute for International Economics.

SALINAS, M., SALINAS, F. (2007): “Corrupción y actividad económica: una visión panorámica”, Hacienda pública española, 180: 109-137.

TANZI, V. (1998): “Corruption around the world: causes, consequences, scope, and cures”, IMF Staff Papers, 45(4): 559-594.

TANZI, V., DAVOODI, H. (1997): “Corruption, public investment and growth”, IMF Working Papers, 97/139.