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A lo largo de los artículos de esta serie he expuesto cómo los holandeses fueron los primeros en responder a la necesidad social de crear un sistema de regulación de la eutanasia y el suicidio asistido; y cómo en términos generales, y a pesar de ser los pioneros, han sido capaces de construir el sistema más exhaustivo hasta la fecha. Por lo tanto, es necesario reconocer cuáles son las buenas prácticas que podrían replicarse en otros países.

Ha de señalarse que ambas prácticas (eutanasia y el suicidio asistido) continúan siendo punibles bajo el Código Penal holandés. Hay un mensaje claro: la realización de estas prácticas no es algo que se pueda tomar a la ligera. Sólo pueden ser llevadas a cabo por médicos y siguiendo las pautas establecidas, contribuyendo a un mayor control. Ésta es la línea seguida por la propuesta del PSOE,  en la que cualquier acción fuera del procedimiento establecido se consideraría como un crimen. Además, los requisitos legales que exige el modelo holandés siempre se han desarrollado teniendo en cuenta la opinión de la comunidad médica.

Tiene especial importancia el procedimiento de informe de los comités regionales de revisión de la eutanasia. Se puede establecer que, a pesar de los fallos identificados en los artículos anteriores, éste es un procedimiento bastante extenso, y gracias a ellos se ha evitado que el sistema jurídico holandés se desborde, ya que han ayudado a filtrar los casos que llegaban a la Fiscalía. Asimismo, es necesario recalcar el rol de la comunidad médica: a pesar de haber colaborado con el gobierno para aportar su expertise, se han mantenido independientes y han denunciado su inconformidad con las últimas posiciones adoptadas por el Gobierno.

Sin embargo, a pesar de los visibles logros que ha tenido la propuesta holandesa, hay varias lagunas y fallos a mejorar. Es respecto a estas carencias donde la propuesta española puede tomar la iniciativa para crear –si llega el caso– un  nuevo sistema reforzado.

En primer lugar, cabe recalcar que la ley holandesa pone el foco en el rol del médico, dejando en un segundo plano al paciente. Después de observar el desarrollo socio-político y legal del modelo holandés, resulta patente que su desarrollo se ha producido en torno a este papel principal de la figura del médico. Debido a que el médico es el centro de la regulación, los pacientes pueden sentirse desprotegidos. En la propuesta española se da mayor importancia al paciente, que posee el derecho a solicitar tanto la eutanasia como el suicidio asistido. Es necesario obtener un equilibrio entre ambas figuras si se quieren evitar consecuencias poco deseables, tal y como la propuesta de regulación del suicidio asistido para personas que se encuentran “cansadas de vivir”, o el desarrollo del fenómeno de forum shopping como resultado del establecimiento del Expertisecentrum Euthanasie. Estas externalidades muestran la erosión de la confianza entre el médico y el paciente, la cual es clave en este tipo de procedimientos. Como resultado, el paciente no busca la mejor alternativa para aliviar su sufrimiento, sino un médico dispuesto a satisfacer su demanda de eutanasia o de suicidio asistido.

Segundo, este desgaste de la relación médico-paciente también se debe a una falta de control ex-ante, algo que la propuesta española podría remediar. Debido a que todo el proceso depende del auto-informe del médico, no existe la posibilidad de asegurar que el paciente obtenga la mejor alternativa para aliviar su sufrimiento, ya que la decisión será analizada una vez concedida la petición. Esto no derivaría en ningún problema si las pautas fueran lo suficientemente claras y los comités regionales de revisión produjesen sentencias más claras. Sin embargo, tal y como se ha observado en los artículos precedentes, éste no ha sido el caso en los Países Bajos.                                                    

En añadidura, este foco en el médico acentúa el problema relacionado con el análisis de los testamentos vitales y la demencia. Aunque en el caso de España se propone un control ex-ante, este problema permanecería. El análisis, aunque realizado esta vez por las comisiones autonómicas, es muy complejo y existen opiniones muy distintas. Es necesario tener un input mayor del paciente, salvaguardar sus derechos y su dignidad. Por lo tanto, es especialmente importante observar el comportamiento de los comités holandeses y sus legisladores y así poder adaptar las directrices correspondientes a los testamentos vitales e instrucciones previas, establecidas en el Real Decreto 124/2007. Además, España contaría con una dificultad añadida: no sólo se podrían dar discrepancias de opinión entre las diferentes comisiones autonómicas, sino que también podrían existir disparidades en las especificaciones de las distintas regulaciones autonómicas de los testamentos vitales.

Por último, es necesario que en España se desarrolle una doctrina jurisprudencial más marcada que la producida en los Países Bajos. Tal y como se aprecia en el artículo dedicado a su desarrollo legal, al no tener sentencias aclarando los estándares, existe una mayor confusión en la aplicación de las pautas, y se observa una cierta situación de impunidad en relación a los médicos. Los profesionales de la salud no tienen claro cómo proceder, ya que a pesar de la existencia de pautas médicas lo que prevalece es lo descrito en la ley de 2001, sobre la cual no existe una jurisprudencia clara. En última instancia, en el caso de una actuación irregular, el más perjudicado es el paciente.  Tras analizar las decisiones de los comités de revisión, la tasa de traslado a la Fiscalía es mínima. Incluso una vez en las manos del fiscal, ya hemos visto que en la inmensa mayoría de las ocasiones tampoco se da pie a más actuaciones en el plano judicial. Como resultado, los médicos son conscientes de que aunque no sigan adecuadamente las pautas, véase como ejemplo el caso de la paciente con demencia que fue sedada, no serán imputados.

En España no ha habido un desarrollo jurisprudencial amplio con respecto a la eutanasia y el suicidio asistido. Esto puede achacarse a la inexistencia de legislación en este tema y, viceversa, el hecho de que no hayan abundado casos de esta naturaleza ha ralentizado la conciencia social y, por tanto, la necesidad del legislador a actuar. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es crucial que si la propuesta del PSOE llegase a término, las comisiones autonómicas publiquen sus decisiones, siempre respetando la intimidad del paciente, para ayudar al desarrollo y aplicación de la ley. A pesar de su carácter administrativo, sus análisis han de ser observados y estudiados para mejorar la implementación de la ley, para así avanzar en la regulación de nuevos derechos construyendo sobre los éxitos y errores de otros países pioneros.