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Un parte fundamental del texto de 2001 es la introducción de los comités regionales de revisión de la eutanasia. Esta figura es central en el procedimiento, ya que actúa como un filtro entre el fiscal y los médicos. En otras palabras, los comités tienen la llave para decidir que casos puedan ser procesados y cuales no.  En España no se ha contemplado este sistema, debido a que el análisis se hace antes de conceder la petición. A pesar de esto, es importante analizar cual ha sido su recorrido para poder extraer lecciones para la propuesta española.

Los comités regionales de revisión ¿suficientemente diligentes?

En el año 2012 se introdujo una reforma en el funcionamiento de los comités de revisión. Esto se hizo con la intención de acelerar el proceso, debido a quejas en relación a retrasos en los veredictos. Los veredictos han de ser dados dentro de un límite de seis semanas, que pueden ser extendidas otras seis. Desde entonces, el procedimiento es el siguiente: una vez que la notificación es recibida por el comité, un subsecretario filtrará el caso como “fácil” o como “complicado”.

En 2018 encontramos una reforma más. Esta vez se incluyó una tercera categoría, pero dentro de los casos “fáciles”: en esta subcategoría se agrupan casos “fáciles” en los cuales, el fallo completo se sustituyó por una carta-resumen. Este fallo reducido se utiliza para pacientes que sufrían de cáncer, insuficiencia cardíaca o condiciones similares. Una vez el subsecretario realiza la clasificación, el comité se reúne de forma electrónica para decidir el resto de los casos “fáciles” -para los cuales se entrega el fallo completo- que no se encuentran dentro de esta subcategoría. Si el caso es “complicado” (en 2018, un 14% de los casos tenían este carácter), se estudiará en la reunión mensual. Si el caso se considera muy complejo y necesita mayor discusión, su documentación y archivo se enviará a la intranet de los comités. Después de estudiar todos los comentarios, se llegará a la conclusión final.

La combinación de este procedimiento“fast track” y la  introducción de la carta-resumen se puede leer de dos formas: o bien la experiencia ha permitido a los comités reducir los pasos para los casos “fáciles” o se ha dejado de prestar la atención necesaria debido a una falta de recursos. Al final del día, no importa si el caso es “fácil” o “complicado”, la eutanasia y el suicidio asistido deberían ser analizados con el mismo cuidado y detalle, teniendo en cuenta de que debería ser el último recurso tanto como para paciente como para el doctor para aliviar el sufrimiento.

Otro asunto que hay que tener en cuenta es que el análisis de los comités está centrado principalmente en la forma antes que en el fondo. Los comités examinan el caso, pero tan sólo fijándose en  si el médico siguió correctamente las pautas. Lo que esto significa es que no se realiza un estudio de si el paciente debiera haber recibido asistencia para morir (Miller & Kim, 2017). Por lo tanto, no está claro si la evaluación de la forma del caso es lo suficientemente completa y estricta. Ambos factores, el enfoque procesal y la evaluación general, generan dudas con respecto a la adecuada realización del análisis sobre la idoneidad de la concesión de la solicitud de eutanasia.

Por ejemplo, entre 2002 y 2016, solo se consideró que un 0,18% de los casos no cumplían con los requisitos legales (Miller & Kim, 2017). En el periodo entre 2012 y 2016, nueve de cada diez casos que incumplieron los requisitos estaban relacionados con pacientes con dolencias relacionadas al “hastío de vida”, pacientes incapacitados o con doctores que recibían financiación de organizaciones como la  Asociación Holandesa por El Fin Voluntario de la Vida.

Podría asumirse que, dada la excepcionalidad de cada procedimiento, se deberían aplicar unos requisitos muchos más estrictos. Sin embargo, a pesar de que existan pautas médicas más específicas, los comités solo aplican lo establecido en la ley, a pesar de que estén formados también por médicos. Esto es muy sorprendente, ya que al analizar la jurisprudencia holandesa se puede observar una clara deferencia del sistema judicial hacia los médicos. Debido a que los jueces depositan tanta confianza en los médicos, se podría esperar que las pautas médicas se aplicaran de una manera similar a las leyes y la doctrina del “lex specialis derogat legi generali” (implicando que la presencia de una ley específica sustituye en su aplicación a la ley general).

La tolerancia del sistema jurídico holandés

Resulta curioso que después de veinte años de vigencia del Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act, fuera en 2018 cuando la fiscalía decidió por primera vez llevar a juicio a un médico. Esta pionera “judicialización” se produjo debido al caso mencionado con anterioridad, en el que un médico administró sedante en el café  de un paciente dubitativo con respecto a su deseo de muerte. Es extraño que después de todos estos años no haya habido más casos que alcancen los tribunales. Podríamos considerar que se debe a que los médicos holandeses cumplen con todos los requisitos legales, pero dadas las dificultades que se han analizado en esta serie de artículos, y echando un vistazo a los informes anuales de los comités de revisión, es algo bastante improbable.

El origen de este “fenómeno” se encuentra en el propio sistema procesal holandés. En los Países Bajos se sigue el principio de la oportunidad. Este principio procesal implica que el fiscal tiene en cuenta el interés público a la hora de decidir qué casos procesar. Este principio se utiliza en otros países, como por ejemplo Estados Unidos. El “problema” que tiene el uso de este principio en conjunción con la eutanasia es que en los Países Bajos hay un clima de tolerancia y una acción muy permisiva respecto a la aplicación de las penas respecto a ciertas materias. muy fuerte. Esta tendencia podemos hallarla en otros asuntos tratados por la legislación holandesa, como el uso de drogas o la prostitución. Sin embargo, es en el caso particular de la eutanasia donde se refleja de manera más evidente la deferencia de los jueces hacia los doctores y  las penas reducidas que los médicos juzgados por eutanasia o suicidio asistido han recibido a lo largo de los años, antes de que se regularan por completo las prácticas en 2001.

En 1970, se declaró en el informe anual  de la fiscalía holandesa que el principio de oportunidad debía interpretarse de modo que el enjuiciamiento solo se llevaría a cabo si la población quisiera que ocurriera. Esto es un cambio que prima face parace sutil, pero no lo es. Antes de 1970 se procesaban todos los crímenes a no ser que fuera contrario al interés publico, y desde entonces se procesan solo si beneficiase al interés publico. Desde entonces, se han celebrado reuniones periódicas en las que el fiscal y la policía discuten qué prácticas deben ser procesadas.

Con respecto a la eutanasia y el suicidio asistido, la fiscalía considera que no es necesario llevar a juicio aquellos casos en los cuales el médico interviniente no ha consultado a un médico independiente. Esta suavidad a la hora de no considerar penalmente punibles manifiestos casos de mala praxis por parte del médico interviniente resulta muy alarmante. Los académicos intentan justificar esta escasa judicialización aludiendo a que si se impusieran penas mayores, los médicos se sentirían amenazados y por lo tanto o bien no se concederían las peticiones o no se informaría sobre ellas.

Sin embargo, esta actitud ha resultado en una judicialización muy baja de estas materias,  ocasionando una escasez de jurisprudencia que aclare los estándares legales del texto de 2001. Sí es cierto que se han publicado pautas por parte de los comités de revisión y la comunidad médica -siendo esta última la más estricta-, pero debido a la tolerancia inherente del sistema los comités de revisión aceptan prácticas que no están  del todo acorde con lo establecido en el plano legal.

¿Qué podemos anticipar con respecto a la propuesta española?

A pesar de que en España no se plantea un sistema de comités de revisión, las implicaciones que han sido observadas también pueden servir para mejorar el sistema de comisiones autonómicas propuesto por el PSOE. En la propuesta no se detalla cuál será su composición, debido a que se transferirá la competencia a las comunidades autónomas. Esta transferencia ha generado debate, ya que se considera que en comunidades con una ideología mas tradicional en la cual la vida tiene un rol central, muchas peticiones sean denegadas. Si esto sucediese, se daría lugar a un fenómeno de fórum shopping dentro de las fronteras españolas. Se observaría una concentración de peticiones en ciertas regiones del país, dando lugar a una posible saturación del sistema.

Con respecto a los problemas específicos estudiados, es necesario que las comisiones dispongan de un amplio grupo de recursos y personal para no derivar en retrasos o en análisis incorrectos. Sin embargo, este problema no sería particular de las comisiones autonómicas sino del sistema jurídico y administrativo español. En 2019 el Defensor del Pueblo publicó un informe específicamente dedicado a los retrasos en la Administración de Justicia española.

Finalmente, ha de hacerse referencia a que en España no se utiliza el principio de oportunidad, sino el principio de necesidad. Tal y como indica el artículo 1 de La Ley de Enjuiciamiento Criminal, existe una “obligatoriedad del juicio para resolver el daño causado por la infracción penal mediante la imposición de una pena al culpable, siempre que se declare su responsabilidad”. Asimismo, el análisis realizado para el caso holandés no tiene aplicación directa en el ámbito español, debido a la diferencia fundamental ante ambos sistemas: control ex-ante español, frente a control ex-post holandés. En España, toda aquella práctica fuera de este sistema sería penalmente punible, sin un comité actuando como intermediario entre el fiscal y el médico interviniente.

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