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Este artículo encabeza una serie de artículos enmarcados bajo el título de “España y el derecho a morir: una tarea pendiente”. Todos ellos forman parte de un análisis de la legislación de las prácticas de la eutanasia y el suicidio asistido en los Países Bajos, a través del cual se pretende extraer lecciones para su aplicación en países que estén en el proceso de regular la eutanasia y el suicidio asistido, en este caso España.


Todo ser humano tiene el derecho fundamental a la vida. Sin embargo, poseer tal derecho no se ve reflejado en la situación contraria: no podemos hablar de la existencia de un derecho a morir. A simple vista, está oposición da la impresión de violar la autonomía personal y el derecho a la vida privada. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha analizado varios casos en los cuales la práctica de la eutanasia o el suicidio asistido se han sometido a escrutinio, pero nunca ha considerado que exista tal derecho a quitarse la vida. Como mucho, ha determinado que los estados miembros necesitan tener directrices claras de cómo acceder a la prestación de estos servicios para así respetar el derecho a la vida privada (Glass vs Suiza). Sin embargo, no imponen ningún tipo de obligación de regulación con respecto a las prácticas de la eutanasia o el suicidio asistido.

Así como el aborto, este es un tema muy polémico y con argumentos de peso esgrimidos tanto por sus partidarios como por sus detractores. Muy pocos países se han atrevido a tomar la iniciativa de regular estas prácticas. Los Países Bajos es uno de los “valientes” que decidieron regular tanto la eutanasia como el suicidio asistido. En realidad, fueron los primeros en hacerlo. Desde 2001 la eutanasia y el suicidio asistido siguen tipificados como crímenes bajo el código penal holandés, pero aquellos médicos que sigan las pautas establecidas, en las que se incluyen el desarrollo y envío de un informe con los detalles de la solicitud, se verán exentos de responsabilidad criminal.

España ha decidido dar el paso y unirse a esta tendencia. El PSOE, a raíz de años de activismo y del polémico caso de María José Carrasco (cuyo marido se enfrenta a cargos de violencia de género por ayudarla a quitarse la vida) presentó en Febrero de 2020 una propuesta de ley de eutanasia. Debido a la llegada del coronavirus tal propuesta está on hold por el momento, pero eso no quita la importancia de este gesto institucional. Ya que los Países Bajos han sido el primer país en regular tales practicas, resulta interesante comparar su experiencia con la propuesta española, extrayendo así conclusiones acerca de cuales son los ejemplos a seguir y los fallos a evitar.

Empezando por lo más fundamental, en ambos países se contemplan tanto la eutanasia como el suicidio asistido (en España referido como “prestación de ayuda para morir”). Sin embargo, en España el paciente ha de sufrir una enfermedad grave e incurable o crónica e invalidante. En los Países Bajos, no es necesario que la enfermedad sea grave, simplemente que el paciente considere que tiene un dolor insoportable, cuyo origen radica en una condición medica. Además, en España se considera que el paciente tiene el derecho a solicitar tanto la eutanasia como el suicidio asistido, derecho que no está presente en la ley Holandesa.

Aquí se puede ver una gran diferencia estructural entre ambas leyes: en el caso de la ley holandesa, es una ley hecha por y para la protección del doctor o doctora que desee proporcionar el deseo de muerte a un paciente. En España sin embargo, el actor principal es el paciente, al que se le garantiza el derecho a solicitar tales prácticas.   Pero, ¿cual es el proceso de solicitud? En este ámbito también encontramos diferencias importantes entre los dos modelos. Comenzando por los Países Bajos, el modelo más antiguo, la solicitud se lleva a cabo mediante un sistema de auto-informe. Dan completa autonomía y responsabilidad al médico, y será solo una vez que el médico notifica la muerte como no natural y entregue la documentación al forense municipal cuando la administración será informada de que el paciente ha fallecido como resultado de una solicitud de eutanasia o de suicidio asistido.

Si el médico no desea enfrentarse a cargos criminales tiene que seguir ciertos requisitos, entre los que se encuentran que el paciente haya solicitado la eutanasia o el suicidio asistido de forma voluntaria debidamente considerada frente al resto de las opciones disponibles, siendo ésta la mejor para aliviar su dolor (el cual es necesario que sea insufrible), o que el médico haya consultado a su vez a otro médico independiente antes de proceder con la solicitud. El médico ha de entregar un informe al forense, el cual lo transferirá a los Comités Regionales de Revisión de la Eutanasia. Estos comités analizarán toda la documentación y decidirán si es necesario que el fiscal decida abrir diligencias o si por el contrario el médico ha cumplido con todos los requisitos.

En España se propone un sistema totalmente diferente (y el cual generó bastante debate en el Congreso de los diputados). En vez de tener un control ex-post como el que propugna el modelo holandés, lo que propone el PSOE es que el control se haga ex-ante, mediante unas comisiones autonómicas (llamadas Comisión de Control y Evaluación). Estas comisiones recibirán la solicitud por escrito que ha de ser firmada por el paciente, y valorarán si ha de ser concedida o no. La solicitud pasa por un proceso parecido al holandés, ya que la solicitud no es una mera petición por parte del paciente, sino que además debe de tener un respaldo médico, expresado a través de la rúbrica del profesional que trate a este paciente que solicita la eutanasia.

Si la comisión decidiese la improcedencia de la solicitud, el paciente tendrá la opción de recurrir el caso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Ya que en el caso holandés no hay un sistema ex-ante, eso significa que el paciente puede seguir “probando” con doctores hasta que encuentre uno que le facilite su deseo (y obteniendo así un derecho a morir de facto). Una vez realizada la prestación de ayuda a morir, el médico ha de enviar toda la documentación estipulada en la ley a la comisión (en el caso de España la muerte de aquellos fallecidos debido a una prestación de ayuda a morir es considerada natural).

Otra diferencia entre ambos modelos es que en el texto holandés se incluyó por primera vez el concepto de “advance directives”, conocido en España como testamentos en vida (y referido en la propuesta como “documento de instrucciones previas”). En los Países Bajos, no se requiere que la petición de eutanasia o de suicidio asistido sea por escrito, pero sí que se especifican los casos en que la persona considere que no va a ser capaz de expresar su deseo en un futuro, pudiendo dejarlo por escrito a través de este instrumento. Algo peculiar es que no es necesaria la presencia de un notario ni de una firma para acreditar su validez (además la solicitud nunca prescribe, aunque el paciente siempre puede revocarla). Está en las manos del médico analizar si es una solicitud válida. Este tipo de instrumento puede usarse siempre y cuando la persona esté capacitada y sea mayor de dieciséis años.

Finalmente, una diferencia que no es visible a través del análisis de ambos textos es que la ley holandesa no es más que la cristalización de la jurisprudencia que lleva desarrollándose desde 1952. Aunque oficialmente se “legalizaran” en 2001, estas técnicas llevan siendo practicadas y toleradas por la sociedad holandesa desde mucho antes. El año 1952, con el primer pronunciamiento judicial acerca de estas cuestiones, marcó el nacimiento de desarrollo de estas prácticas, cuya realización se ha ido permitiendo poco a poco en los tribunales. Desde el primer hasta el último caso juzgado hasta la fecha, las sentencias siempre han sido favorables hacia la profesión médica. Las cortes holandesas construyeron un sistema de tolerancia mucho antes de la ley del 2001. Esto no es visible en España, donde los pocos casos que ha habido no han desarrollado ningún tipo de jurisprudencia bajo la cual los médicos se hayan podido amparar.

A pesar de que ambos modelos quieren llegar a un mismo fin: proveer al paciente de la oportunidad de morir de forma digna, el proceso que siguen es bastante diferente. Debido a que en España no se ha llegado a aprobar la propuesta y que por tanto, su desarrollo tanto legal como jurisprudencial no es tan extenso como lo es el de Países Bajos, es necesario prestar atención al caso holandés, para así determinar que fallos no hay que seguir, pero teniendo en cuenta qué lecciones deberían reproducirse.


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Un informe avala que María José Carrasco era «capaz» de manifestar su deseo a morir. (2019). Retrieved 4 June 2020, from https://www.abc.es/sociedad/abci-eutanasia-informe-avala-maria-jose-carrasco-capaz-manifestar-deseo-morir-201911191346_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F