TodЛs somos políticЛs. TodЛs hacemos política.

Siguiendo con la serie inaugurada aquí sobre corrupción, en este artículo nos fijaremos en aquellas situaciones que, en la práctica totalidad de los casos, se dan en los ámbitos políticos y de gestión de cualquier administración pública junto a la corrupción: la fidelidad del séquito.

Puede intuirse de entrada que dichos factores causantes de o relacionados con la corrupción se circunscriben a las competencias del Estado en particular, y de las administraciones públicas en general. Por ello, no está de más decir para evitar interpretaciones erróneas o capciosas que, como nos recuerda Tanzi (1998), esta relación tiene más que ver con la forma de operar que tiene el sector público que con su tamaño (por ejemplo, los países escandinavos, que están entre los menos corruptos del mundo, poseen una altísima ratio gasto público/PIB). Si las administraciones públicas basan sus decisiones en situaciones de monopolio y poder discrecional del decisor, la existencia de intercambio ilícitos será mucho más probable.

1. Factores políticos directos

Aquí nos vamos a centrar en 5 aspectos del desempeño de la función pública que pueden por sí mismos elevar el nivel de corrupción en el sistema. Seguimos la base del trabajo de Tanzi (1998), completando con aportaciones de Treisman (2000), Salinas y Salinas (2007), Fernández Díaz y Fernández Cornejo (2000) y Ganuza (2013).

a) Regulaciones y permisos: la presencia de muchas normas y reglas, y la necesidad de contactar constantemente con funcionarios públicos para cumplirlas, les otorga a éstos un determinado poder monopolístico, que pueden usar para extraer sobornos de los agentes que solicitan autorizaciones.

Si los reglamentos aplicados se caracterizan por la falta de transparencia en su aplicación, la disponibilidad restringida o la inexistencia de competencia entre funcionarios para expender licencias, las probabilidades de que aparezcan comportamientos ilícitos se multiplican.

Además, pueden existir facilitadores para obtener permisos por su complejidad o para evitar grandes inversiones de tiempo (reducible previo pago). Autorizaciones de grandes inversiones extranjeras, derechos de explotación de recursos, privatizaciones o ventas de activos públicos están entre las principales áreas de riesgo. De ellas destacan las decisiones en el ámbito urbanístico, que merecen atención en otro artículo.

b) Fiscalidad: leyes tributarias opacas e interpretables que requieran un buen número de contactos entre contribuyentes e inspectores fiscales, unidas a la falta de transparencia y control en los procedimientos, salarios bajos para los inspectores y tolerancia o ignorancia de los actos ilícitos, garantizan la aparición de corrupción. La concesión de incentivos fiscales fuera de los cauces legales a cambio de una recompensa puede ser una de las consecuencias más graves.

c) Decisiones en el gasto público: la opacidad y la falta de controles institucionales efectivos vuelven a ser importantes para la posible manifestación de comportamientos criminales. Funcionarios de alto nivel otorgarían discrecionalmente proyectos de inversión a cambio de comisiones (el gasto público quedaría distorsionado y su productividad bajaría), se comprarían bienes o servicios fuera de los procedimientos legales o se primaría el uso de cuentas extrapresupuestarias ilegítimas para evitar controles o expoliar las arcas públicas.

d) Provisión de bienes y servicios por debajo del precio de mercado: si existe oferta limitada de un producto y exceso de demanda, se producirán incentivos para el soborno de los potenciales usuarios a los decisores para conseguirlo o aumentar la cantidad. Hay infinidad de ejemplos, como el cambio de divisas y el acceso a la educación, la sanidad o el suelo público.

e) Financiación de partidos: en el caso de que el dinero público otorgado a los partidos para financiar sus actividades o campañas electorales no sea suficiente para cubrir todos los gastos, estas organizaciones políticas sufrirán presiones para generar fondos de manera irregular, como donaciones ocultas o créditos concedidos que luego son condonados.

2. Determinantes socioculturales

Proseguimos el análisis con ciertos determinantes históricos, culturales o sociales que explican una parte de la variación en el nivel de corrupción entre países con un desarrollo económico similar.

Es inevitable caer en generalizaciones más o menos flagrantes al tratar este tipo de temas, pero su debate resulta siempre interesante. No obstante, el impacto real de este tipo de conductas en las prácticas corruptas no ha sido medido, por lo que es necesario ser precavidos en su uso explicativo. Ejercen un efecto cualitativo que no conviene ignorar ni tampoco sobredimensionar.

Treisman (2000) nos ayuda a nombrar 4 factores (aunque el estudio de este autor se centra en su proyección sobre la percepción de la corrupción más que en la ocurrencia real):

a) Cultura legal: sería un error dirigir nuestras observaciones únicamente a contrastar la diferencia entre el tipo de marco jurídico que rige en Reino Unido (common law) y el que rige en la Europa continental (civil law) para explicar las razones por las que Reino Unido y sus antiguas colonias presentan una percepción de la corrupción mucho menor que el resto de países. La solución estriba en la cultura legal anglosajona, basada en la justicia procedimental y la defensa de los derechos de la propiedad individuales frente al Estado; a diferencia de las sociedades con un código civil creado desde el Estado para controlar la propiedad y que hace más difícil denunciar a la jerarquía y exponer la corrupción.

b) Tradición religiosa: afecta a dos aspectos bastante importantes. Por un lado, influye en la aptitud ética de los individuos frente a la jerarquía social (religiones más centradas en la preeminencia de la familia como el catolicismo, el cristianismo ortodoxo o el islam priman la lealtad a la propia familia sobre la lealtad al resto de la sociedad, lo cual fomenta fenómenos como el nepotismo). En cambio, el protestantismo ostenta una tradición más individualista que tiene una influencia reductora de los niveles de corrupción (el tradicional argumento weberiano de una especial ética de trabajo no afecta per se). Por otro lado, los países protestantes son menos jerárquicos, en parte por la pronta separación entre Estado e Iglesia. Por tanto ésta, junto con otras instituciones, podía ejercer presión denunciando abusos estatales.

c) Democracia: llama la atención que el hecho de que un país posea actualmente un sistema democrático no tiene apenas efecto en la percepción de la corrupción. Es necesaria la permanencia en este sistema político durante varias décadas para que se note una influencia significativa.

d) Apertura comercial: el nivel de actividad comercial exterior en relación al PIB tiene un pequeño impacto reductor en la percepción de la corrupción.

3. Factores políticos indirectos

Nuestro siguiente objeto de estudio son las causas indirectas de corrupción. Facilitan su aparición, pero no la producen por sí mismas:

a) Calidad burocrática: hemos discutido aspectos de la burocracia ideal (Weber, 1947) en anteriores artículos. La ausencia de motivos meritocráticos en la contratación y promoción de funcionarios, una estructura inadecuada de incentivos basada en el amiguismo y el nepotismo provocarán que los servidores públicos tiendan a comportamientos inadecuados.

b) Nivel de salarios públicos: también citamos ya la teoría de salarios de eficiencia de Becker y Stigler (1974), y conocemos la distinta respuesta a similares incentivos de individuos que cometen corrupción por necesidad o por avaricia.

c) Sistemas punitivos: la dureza de la pena impuesta por actividades corruptas es importante para determinar la probabilidad de que estos actos se cometan. En el caso de que muy pocas personas sean castigadas, se produzca una brecha entre las penas teóricas y las efectivamente cumplidas (por procedimientos lentos u otros impedimentos) o los jueces sean influenciables y tengan sesgos políticos, los posibles castigos perderán efectividad. Y no tendrían ya ninguna consecuencia si existe tolerancia a estos actos por parte de la administración pública o si los costes (de tiempo, de dinero, sociales) son tan altos que desincentivan a los denunciantes.

d) Controles institucionales: reflejan la actitud del cuerpo político frente a la corrupción. Estos controles deben ser independientes del poder político, estar dotados con suficientes recursos y personal íntegro y tener competencias sancionadoras efectivas. Las vigilancias más efectivas son las intrainstitucionales (como comisiones anticorrupción u oficinas éticas), que constituyen la primera línea de defensa contra actitudes impropias. Existe el riesgo de que estas agencias sean obligadas a redactar informes confidenciales o no vinculantes y se vuelvan ineficaces.

e) Transparencia normativa: como hemos comprobado repasando los factores directos de la corrupción, la opacidad es un complemento indispensable. Leyes complejas solo comprensibles para abogados, conceptualmente opacas e interpretables acaban con la transparencia.

f) Ejemplos de liderazgo: si los líderes políticos no dan el ejemplo adecuado por estar involucrados en actos ilícitos o tolerarlos en su entorno, los empleados públicos se comportarán de la misma manera.

En conclusión, hemos hecho un resumen de la multitud de factores que deben controlarse para asegurar la buena salud de las administraciones públicas. Muchas de estas líneas rojas se traspasaron sin rubor en España durante los años de la burbuja inmobiliaria (1995-2007) y la recesión posterior. En los siguientes artículos sobre la corrupción abandonaremos las teorías abstractas (importantísimas para detectar y combatir) para descender a las prácticas ibéricas concretas. En la mayoría de casos será necesario taparse la nariz.


BECKER, G., STIGLER, G. (1974): “Law enforcement, malfeasance, and the compensation of enforcers”, Journal of Legal Studies, 3, 1-18.

FERNÁNDEZ DÍAZ, A., FERNÁNDEZ CORNEJO, J.A. (1999): “La economía de la corrupción y el control externo”, Revista Española de Control Externo, vol. 1, 3, 9-38.

GANUZA, J. (2013): “Luchar contra la corrupción y salir de la crisis económica: dos caras de la misma moneda”, Cuadernos de Información Económica, 236.

SALINAS, M., SALINAS, F. (2007): “Corrupción y actividad económica: una visión panorámica”, Hacienda pública española, 180: 109-137.

TANZI, V. (1998): “Corruption around the world: causes, consequences, scope, and cures”, IMF Staff Papers, 45(4): 559-594.

TREISMAN, D. (2000): “The causes of corruption: a cross-country study”, Journal of Public Economics, 76, 399-457.

WEBER, M. (1947): The Theory of Social and Economic Organization, translated by A. M. Henderson and Talcott Parsons. Talcott Parsons, New York.