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Cuando escucho o leo cómo se cuestiona el sistema de recuento de votos, un sistema que no ha variado en los diferentes procesos electorales celebrados desde la recuperación de la democracia –salvo por las innovaciones tecnológicas que se han ido introduciendo-, y en ese cuestionamiento se hacen alusiones a posibles “pucherazos”, sembrando la duda respecto a la limpieza y transparencia de dicho sistema, no puedo menos que sentir cierta perplejidad. Y es que con ello se pretende abiertamente minar la credibilidad del proceso electoral como viene regulado en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), generando desconfianza hacia la institución más fundamental de una democracia.

Primero fue el entorno de Podemos quien cuestionó el recuento tras las Elecciones Generales celebradas el 26 de junio de 2016. Podemos esperaba el sorpasso, adelantar al PSOE y quedar como segunda fuerza política más votada. Eso era lo que los sondeos pronosticaban en la jornada electoral. Pero el número de votos que obtuvo la formación morada fue inferior al esperado. A ello se unieron ciertas dudas sobre los datos de participación, lo que llevó a algunos a pensar en una posible manipulación de los resultados. Se habló de fraude electoral por parte del Ministerio del Interior y de que los datos podían haber sido falseados por la empresa que debía trasladarlos al Ministerio. No obstante, las insinuaciones de fraude se diluyeron con el paso de los días, fundamentalmente porque la citada Ley establece mecanismos para que difícilmente pueda producirse un “pucherazo”.

De nuevo se han vuelto a hacer insinuaciones sobre la posibilidad de un “pucherazo” en elecciones catalanas del 21 de diciembre. Sergi Sabrià, jefe de campaña y portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, anunció que designarían 6.000 apoderados «extra» para hacer un «recuento paralelo» ante las dudas de la limpieza con la que pudiera hacerse el recuento de votos, poniendo en duda que este proceso electoral cuente con todas las garantías democráticas.

Lo cierto es que la LOREG –de aplicación en los procesos electorales en Cataluña, al no contar con su propia Ley Electoral autonómica- regula de forma concreta todo lo relacionado con el desarrollo de la jornada electoral y, por su puesto, con el escrutinio, de manera que no se puedan manipular los resultados. Entre los artículos 25 al 28, la Ley regula la composición de las mesas electorales. Cada mesa electoral deberá estar formada por un presidente y dos vocales, quienes serán elegidos por «sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la Mesa correspondiente». Son ellos quienes, al final de la jornada, realizarán el correspondiente recuento de los votos emitidos, levantando acta de escrutinio en la que quedarán reflejados los votos obtenidos por cada una de las formaciones políticas que concurran a las elecciones –ya sean Generales, Europeas, Autonómicas o Municipales-, detallarán el número total de votos emitidos sobre el número de personas censadas en dicha mesa, así como harán constar cualquier incidencia que hubiera podido producirse a lo largo de la sesión. El conjunto de actas de cada mesa (de Constitución de la mesa, de Sesión y de Escrutinio) se introducirán en un sobre, cuyo cierre será sellado y cada uno de los miembros de la mesa firmará en cruzado sobre dicho cierre, de manera que se garantice que el sobre no será abierto antes de llegar al correspondiente Juzgado.

Además, conforme a lo previsto en la LOREG (artículos 76 a 79) cada una de las candidaturas podrá designar interventores o apoderados -quienes deberán estar debidamente acreditados por la Junta Electoral Provincial o de Zona- para que estén presentes en cada colegio electoral durante toda la jornada. Podrán supervisar todo el proceso, presentando reclamaciones si lo estiman necesario, podrán pedir copia de cada acta que levanten los miembros de la mesa e, incluso, antes de que se destruyan las papeletas, podrán contarlas, obviamente, después de que lo haya hecho el presidente y vocales de la mesa. Por tanto, a cada partido político debidamente representado en los colegios electorales, si lo solicita, se le hará entrega de todas las actas con los resultados y podrán contrastar que dichos resultados coinciden con los que se hacen oficialmente públicos.

Dicho esto, ¿por qué ERC pone en duda las garantías del proceso electoral recogidas en una Ley que ha sido siempre de aplicación en todos los procesos electorales en Cataluña? Es verdad que la excepcionalidad está presente en estas elecciones, pero ello no está reñido con que el recuento de votos no se desarrolle conforme a lo previsto en la Ley y que nada cambie respecto a otros recuentos electorales, ya sea en Cataluña o en cualquier otro punto del territorio español.

Es muy probable que tras las insinuaciones de ERC esté un nuevo intento de enturbiar un proceso democrático como son las Elecciones Catalanas del 21D. El sistema de escrutinio es el mismo que el aplicado el las Elecciones Catalanas de septiembre de 2015 y, entonces, no cuestionaron los resultados. Además, podrán contar con tantos interventores y apoderados como logren reclutar y ellos tendrán la obligación, como los apoderados del resto de candidaturas que se presentan, de revisar el recuento in situ, de asegurarse de que en el mismo no se produce ninguna anomalía y de cotejar los resultados. Desde las formaciones independentistas se ha fomentado una gran campaña de descrédito hacia ciertas instituciones, como por ejemplo el poder judicial, por su falta de independencia política. (Si bien en algunos casos la denuncia está justificada (y en tales casos no han sido ellos solos los que han levantado la voz), hacerlo de esta forma, sin fundamento y contra la institución más fundamental de nuestra democracia es especialmente peligroso, y podría ser la punta del iceberg de una ruptura definitiva del consenso democrático en Cataluña: la no aceptación del resultado electoral, de no ser favorable para ellos).

Manifestar la necesidad de observadores internacionales durante la campaña o las insinuaciones a un posible pucherazo no son más que nuevos episodios de un “suma y sigue” en el intento de los independentistas, en este caso de ERC, de desacreditar la democracia española, que tanto ha costado conseguir, y sus instituciones.