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Ejecuten la orden 155

La famosa orden 66, para todos los que no sean forofos del universo Star Wars, trata de una directriz preestablecida en la psique de las tropas Clon, diseñada para hacer frente al supuesto de que la Orden Jedi cometiera contra la República un golpe de Estado. Por lo que los clones podrían volverse contra sus Comandantes Jedi por tal de preservar el orden en la República.

Estamos muy lejos de esa epicidad, tampoco está en el planteamiento de este artículo hacer una comparación de la Orden Jedi con el Govern de la Generalitat de Catalunya, ni mucho menos. Por lo que sí está este texto es por desbaratar el marco conceptual que se está creando en torno a este artículo y dar a conocer también el sinsentido de las opiniones de algunos políticos y tertulianos hiperventilados. El 155, o el mata-autonomías como les gustaría llamar a algunos, no es más que una herramienta constitucional común, presente en tantos otros textos legales, que no encierra ningún oscuro secreto.

Nuestra Carta Magna, como es sabido, bebe de diferentes textos legales de nuestros vecinos continentales. En el momento de la Transición se buscó el consenso, la equidad y la estabilidad que las anteriores Constituciones no habían logrado en el pasado, buscando para ello dotarla de una buena bibliografía que evitara críticas frívolas en cuanto al texto final (entre otras cosas).

Una de nuestras inspiraciones fue Italia. La Constitución italiana es la base principal de la concepción de regionalidad recogida en la española: ambas establecen las competencias para sus regiones, al mismo tiempo que también especifican las instituciones políticas que rigen en las mismas. Y por mentar otra característica más, ambas mencionan el régimen financiero al que se someten a la par que la creación de un Fondo de Compensación. Además de puntos progresistas como el artículo 9.2, que en la italiana sería el artículo 3.

Eso sí, hay una parte bastante curiosa en la que no se asemejan ambas constituciones. Y me refiero precisamente al artículo 120 de la Constitución Italiana, que dice: «(…) Podrá el Gobierno suplir los órganos de las Regiones, de las Ciudades metropolitanas, de las Provincias y de los Municipios en caso de inobservancia de normas y tratados internacionales o de la normativa comunitaria o bien de peligro grave para la incolumidad y seguridad pública, o cuando así lo exija la preservación de la unidad jurídica o económica (…)» Para decir más tarde: «(…) Se establecerán por Ley procedimientos destinados a garantizar que los poderes sustitutivos se ejerzan con observancia del principio de subsidariedad y de colaboración leal» (Constitución de la República Italiana (1948), Artículo 120 [Titulo V]).

Ahora viajemos a un paraje mucho más cercano: pese a ser un Estado unitario, los ordenamientos constitucionales de Portugal y España son cercanos. Concretamente, vayamos a la cuestión que nos ocupa, el artículo 234, titulado: Disolución y suspensión de los órganos regionales (per se el titulo ya es sugerente). Establece lo siguiente: «Los órganos de las regiones autónomas podrán ser disueltos o suspendidos por el Presidente de la República por haber cometido actos contrarios a la Constitución (…)» (Constitución Portuguesa (1976), Artículo 234 [Titulo III]).

Lo que podemos apreciar en estos dos ejemplos son situaciones bastante interesantes:

· En ambos casos es el Gobierno, o el Presidente de la República, quien automáticamente puede disolver órganos regionales por tal de preservar los supuestos antes mencionados. Quiero hacer particular hincapié en la rotundidad de esta fase y en el hecho de que se establezca una capacitación tan directa para los responsables políticos para poder ejercer esa facultad.

· Claramente se habla de disolución o suplantación de dichos órganos, por lo tanto podemos entender que el resto del procedimiento sería a través de alguna ley ad hoc para tal caso.

Vayamos ahora al artículo 155 de la Constitución Española:

  1. Si una CCAA no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la CA y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

  2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a las autoridades de las CCAA (Constitución Española (1978), Artículo 155 [Titulo VIII]).

De manera similar, la Ley Fundamental alemana se expresa de la siguiente forma en el apartado referente a los Länders: «Si un Land no cumpliere los deberes federales que la Ley Fundamental u otra ley federal le impongan, el Gobierno Federal, con la aprobación del Bundesrat, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar al Land al cumplimiento de dichos deberes por vía coactiva federal. Para la ejecución de las medidas federales coactivas, el Gobierno Federal o su representante tiene el derecho de impartir instrucciones a todos los Länder y a las autoridades de los mismos» (Ley Fundamental de la República Federal de Alemania (1949), Artículo 37 [Titulo II]).

De estos dos ejemplos podemos también extraer una noción común:

· Ni al gobierno español ni al alemán se le otorga la autoridad para poder hacer efectivo la disolución de administraciones políticas. Más bien al contrario: primero incluso debe agotarse la vía dialogante, ya que es necesario primero picar a la puerta del Gobierno autonómico y, en el caso de que no correspondan, recurrir al Senado para conseguir el apoyo a las medidas necesarias, por lo que es un proceso mucho más light que el contemplado por las Constituciones de Italia o Portugal.

· En ninguno de los dos apartados se permite o ampara la disolución de órganos autonómicos, ni la suspensión del ejercicio de las competencias, y en todo momento se utiliza el término Land y Comunidad Autónoma; un detalle muy importante a tener en cuenta, ya que de acuerdo con lo establecido todas las medidas coercitivas además de los controles políticos son objeto de control jurisdiccional por parte del Tribunal Constitucional.

· Lo único claro en este apartado es la capacidad del Gobierno central para controlar a las Autoridades de las Comunidades Autónomas, pero no va más allá. Además, todos los expertos constitucionalistas (como García Torres en su manual de 1984) coinciden en que no se ampara en el caso español el uso de las Fuerzas Armadas.

Así que no, no habrá orden 66 por parte de Rajoy, no entrará una horda de militares deteniendo a toda la tropa independentista rebelde; lo que no implica negar que la Ley es la Ley y al hacer caso omiso de ella se produzcan las detenciones pertinentes, sobre todo en el caso de la vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos al intentar crear un censo de manera fraudulenta, como ha ocurrido esta semana, aunque esto ya no corresponde a una decisión política sino jurídica. No es posible por tanto en principio una suspensión de autonomía, primero porque no se recoge, segundo porque en el orden de proporcionalidad y adecuación de los actos no cabría suspender un gobierno e implantar una suerte de Gestora Autonómica, tercero porque mediante el apartado 2 del artículo 155 ya podría hacerse efectivo el hecho de que el 1-O (como ya se ha podido ver) no se produjese el referéndum.

A día de hoy, y a la vista de los acontecimientos más recientes, la aplicación del Artículo 155 dejaría de ser una opción para pasar a ser un símbolo: una suerte de Tratado de Versalles, en el sentido de que sería una forma humillante por parte del Gobierno Central de hacer excesivamente visible su poder frente al gobierno de la Generalitat.

Por otra parte, la Generalitat es totalmente consciente de que la posibilidad de llevar a cabo un referéndum tal como habían prometido en esta legislatura (y que no aparecía en su famosa hoja de ruta) no cuenta con ningún tipo de aval, de crédito político internacional o de garantías (informe de la Comisión de Venecia). Por lo que sería más beneficioso para el propio Govern provocar una reacción desde el Gobierno Central, por tal de preparar el escenario idóneo para una convocatoria electoral.

Sólo falta saber si entre todos seremos capaces de no crear vencedores ni vencidos de esta situación, y de poner en marcha un proceso de diálogo sincero. La desconexión de una parte de Catalunya es total, en la medida en que las filas independentistas han acabado creando un relato de imposible entendimiento en términos jurídicos, haciendo ver que el Parlament de Catalunya es plenamente soberano y que nada ni nadie tiene ya autoridad sobre él. Pero de momento tanto a unos como a otros les quedan muchos cartuchos que quemar. Hasta entonces, habrá que tener paciencia.

Alejandro Hernández González

Alejandro Hernández González

(Granollers, 1994). Graduado en Ciencias Políticas por la UAB, actualmente asesor financiero. Militante del PSC, Secretario de Formación de JSC Sabadell y de JSC Vallès Occidental.

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