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¿Deberíamos censurar las imágenes explícitas de un atentado terrorista?

El pasado día 18 de agosto se generó un gran revuelo en torno a ciertas portadas de importantes diarios nacionales (El Mundo, El País, El Periódico, etc.) por encabezar sus ediciones con imágenes explícitas de las víctimas del atentado terrorista que tuvo lugar el día anterior en Barcelona. El disgusto social creado ha sido multitudinario en redes sociales, y no hace más que reabrir un debate que ya se producido en otros contextos sobre la difusión pública de documentos gráficos similares, como es el caso de la fotografía del niño sirio ahogado en el Mediterráneo.

Primero quiero remitirme al argumento en contra de las imágenes explícitas, que he visto que en general tiene dos vertientes: la apelación al «respeto a las víctimas y sus familiares» (como recogía el tuit de la Policía Nacional) y la acusación a los medios de instrumentalizar a las víctimas. La cuestión central en ambos casos es la prevalencia de la dignidad humana, transmutada jurídicamente en el derecho al honor (STC 85/1992), pero los dos tipos de argumentos expresan cosas diferentes: el primero, que mostrar esas imágenes es censurable porque hieren la dignidad humana (cuestión normativa); el segundo, que mostrar esas imágenes es censurable porque es empleado por los diarios para vender, lo cual hiere la dignidad humana en tanto que utiliza a las víctimas interesadamente (cuestión empírica). Creo que tratar el tema diseccionado así será más útil.

Empecemos por la cuestión normativa, a saber, ¿es indignante difundir el sufrimiento de las víctimas de terrorismo? Empecemos por analizarla mediante una reducción al absurdo: imaginemos que reconocemos en la documentación de este tipo de sufrimiento una indignidad. Censuramos, por tanto, el tipo de documentos (gráficos o audiovisuales) que se han difundido sobre el atentado en Barcelona que muestran el sufrimiento de las víctimas. En tal caso, al partir de una perspectiva normativa, estaríamos obligados a generalizar este juicio, y es evidente que siendo coherentes censuraríamos también, por tanto, todo documento gráfico que compartiese los mismos rasgos; rasgos que, si bien deberían determinarse con precisión, todos intuimos en su esencia y asociamos fácilmente a cosas que, de hecho, consumimos de forma habitual día tras día en los noticieros, pero que no levantan las mismas suspicacias (principalmente por ocurrir en suelo extranjero): coches bomba en Iraq, bombardeos sobre la población civil siria o abusos policiales en Estados Unidos.

A priori nos puede parecer saludable censurar también este tipo de exposiciones en los medios, pues es razonable creer que pueda hacer más mal que bien al banalizar el sufrimiento. Sin embargo, pensemos en otro tipo de casos, como por ejemplo el periodismo de guerra durante el conflicto de Vietnam: nadie puede negar que la difusión masiva de las imágenes del horror que se estaba produciendo contribuyeron decisivamente a concienciar a la población estadounidense y mundial para protestar y ejercer presión política para detener la guerra. Si no, imágenes como la de los niños huyendo del fuego de napalm no habrían pasado a la historia por su poder mediático. Imaginemos que el gobierno estadounidense hubiese censurado su difusión amparándose en la necesidad de preservar la dignidad de las víctimas, ¿no nos habría parecido una forma de privar de información a la población e, incluso, de indignar a las víctimas por ocultar su tragedia? La importancia del poder informativo de tales documentos se aplica también a muchos otros casos similares, como el de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, cuya documentación gráfica fue mundialmente catártica.

Tolstói se declaraba anarquista por considerar que el Estado era la maquinaria que posibilitaba las mayores crueldades contra el ser humano, al ser capaz de diluir en largas cadenas de mando la responsabilidad de tales actos, de forma que ninguno de los componentes sintiese el peso de esa responsabilidad de manera directa. Como decía él, si todo juez que sentencia a un reo a muerte tuviera que llevar a cabo su propia sentencia, habría muchas menos sentencias de muerte. Pero esto no es así, y el juez se siente obligado a aplicar la ley sin sentirse culpable; y el verdugo, asimismo, se siente obligado a ejecutar la sentencia sin sentirse culpable. Creo que ocurre algo similar con casos como el de Vietnam: el soldado se ve obligado a ejecutar las órdenes sin sentirse culpable, e incluso podríamos hablar del ciudadano que se siente obligado a pagar sus impuestos para financiar la guerra sin sentirse culpable. En toda esta cadena, un documento como esa fotografía puede tener un gran poder, haciendo posible sentir esa responsabilidad, si bien no plenamente, de una forma mucho menos diluida.

Esto nos hace ver que censurar esos documentos, sobre la base genérica de que su sola difusión atenta contra la dignidad de las víctimas, puede tener consecuencias graves, faltar a la responsabilidad de los medios de ofrecer una información veraz e, incluso, faltar también a la dignidad de las víctimas por ocultarlas y favorecer así la prolongación o reproducción de su sufrimiento; y al tiempo, hay otro tipo de casos que intuimos que son diferentes y que nos siguen pareciendo indignantes por la banalización que hacen del sufrimiento, como sería el caso de los contenidos de los noticieros. Y creo que esto apunta a la cuestión empírica como clave para entender esa diferencia que intuimos pero que aún no conseguimos juzgar certeramente.

¿Podemos juzgar por el uso que hacen los medios de esos documentos explícitos la diferencia entre una difusión que es o no respetuosa con las víctimas? Creo que aquí está la clave: no en el contenido de los documentos en sí sino en el uso que se hace de ellos. El argumento importante, que verdaderamente permite diferenciar lo digno de lo indigno, está en esa segunda crítica, en el hecho de que los medios (y también los particulares, en la era digital) puedan a) emplear esas imágenes con fines no informativos o b) emplearlas de manera innecesaria (o sea, sin verdadera relevancia pública); o de ambas formas a la vez, claro está. Esta división no es aleatoria, es una interpretación generalizadora que hago basándome en los casos tratados que reconoce la jurisdicción constitucional española, en pleno alineamiento con la doctrina europea, cuya síntesis se encuentra condensada en la Sentencia 138/1996 del TC.

Es decir, la clave de censura no está en si los contenidos afectan al derecho al honor, sino en si en la colisión entre libertad de información y derecho al honor debe prevalecer el primero, si ello resultase necesario para asegurar la información libre en una sociedad democrática, tal como establece el art. 20.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (STC 171/1990).

El primer tipo de casos incluye a grandes rasgos lo que generalmente llamamos sensacionalismo: el sesgo editorial a la hora de presentar noticias para forzar sobre el público una impresión determinada, que puede causar una manipulación de la verdad. Así, las imágenes del atentado no son en sí sensacionalistas, pero sí que podemos acusar a algunos medios que las han publicado de sensacionalistas por acompañarlas, por ejemplo, con editoriales que han asociado la tragedia con el proyecto independentista (es el caso de El Mundo y El País, éste último además con una triste viñeta). Cuando la imagen de un víctima va acompañada de esa clase de periodismo, la víctima es instrumentalizada para fines no informativos y, por tanto, sería censurable según nuestro criterio que, por otra parte y como he mostrado, recoge ampliamente la jurisdicción constitucional.

Esto no implica que esas imágenes no tengan valor informativo de por sí; como ya se ha dicho, contribuyen a exponer de una manera más directa la realidad, mientras que ocultarlas sistemáticamente (como hacen otros medios) sirve para camuflar (e incluso, en ciertos casos, legitimar) la maldad que las produce. Pero sí implica sospechar que los medios que las emplean no están legitimados a anteponer la libertad de información al derecho al honor, por no contribuir al interés público sino al suyo propio.

El segundo tipo de casos, a mi parecer, es más fácil de identificar. Imaginemos, por ejemplo, que un periódico, en vez de publicar una sola fotografía de las víctimas en las Ramblas, hubiese decidido publicar un reportaje con decenas de fotografías diferentes de la misma escena; si bien lo más probable es que se haga con afán informativo, la misma información (comprender visualmente lo terrible que ha sido el atentado) se puede extraer de una sola fotografía, sin necesidad de exponer más a las víctimas. Aunque este caso es un poco inverosímil, sí que ha habido situaciones reales de este tipo en el atentado de Barcelona, pero por parte de individuos: gente que, por ejemplo, ha recorrido la escena de la tragedia documentando extensivamente con vídeos y fotografías lo ocurrido. Lo más seguro es que estas personas hayan tenido buena intención informativa, pero un vídeo así en las redes sociales es innecesario para el interés general, violentando fútilmente su derecho al honor.

Por último, también están aquellos casos que o bien cumplen las dos circunstancias o bien no sabemos con seguridad en cuál de las dos caen, aunque sepamos por el resultado que cumplen con al menos una. Precisamente creo que cabrían aquí esos casos de banalización de la violencia de los que hablábamos antes y que inundan los telediarios, esas noticias que apelan a nuestras emociones pero que no aportan nada más allá, ni contexto, ni explicación. Por ejemplo, constantemente vemos titulares del tipo «Coche bomba en Bagdad deja veinte muertos», que muestran siempre imágenes escalofriantes pero poco aportan para la comprensión de la situación que rodea el hecho en sí. Su intención puede ser buena, pero falta de profesionalidad al considerar de interés público algo que no lo es; o, por otro lado, puede que su intención no sea proveer información valiosa acerca de la situación de Bagdad, sino hacerte girar la cabeza por voyeurismo para mirar la televisión una vez más entre el titular deportivo y el tiempo. Es evidente que éste no suele ser el caso de noticias cercanas como la del atentado de Barcelona, pero nos permite comprender totalmente el alcance del segundo criterio y encajar todas las situaciones periodísticas de las que hemos hablado.

En definitiva, para cerrar respondiendo a la pregunta que origina este artículo, creo que podemos sacar dos conclusiones: primero, censurar imágenes explícitas de las víctimas de un atentado o similar no necesariamente contribuye a proteger su dignidad, y hacerlo de manera general puede atentar contra la libertad informativa e incluso perjudicar a las propias víctimas; segundo, que los contenidos no deben ser censurados sólo por afectar al derecho al honor de las víctimas, sino por la ponderación relativa entre esta afectación y su impacto en la libertad de información. Esto demuestra que hay que ser cuidadoso a la hora de pregonar la censura, pues como reconoce la doctrina constitucional casos así deben ser juzgados en su contexto y nunca de manera apriorística y generalizadora; y concretamente, en el caso del atentado de Barcelona, creo que estas reflexiones hacen pensar que varios usos que se han hecho a través de los medios y redes son claramente censurables, haciendo inútil argumentativamente la defensa que ha pretendido Iñaki Gil (Publicar fotos terribles es nuestro deber) de la cobertura que ha dado El Mundo, pues acabamos de ver que lo que es «relevante» no siempre es «periodísticamente pertinente».

Roni Kuppers

Roni Kuppers

(Barcelona, 1997) Estudiante de FPE y Derecho. Juzgad lo que digo teniendo presente que soy de izquierdas, decía mi profesor de Historia. Desbrocemos el ruido y analicemos con valentía.

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