TodЛs somos políticЛs. TodЛs hacemos política.

Hablábamos en la anterior entrega de esta serie sobre corrupción de los factores sociopolíticos que fomentan su aparición. Llega la hora de tratar el tema con un enfoque más concreto, menos teórico, y qué mejor manera de hacerlo que fijándonos en el caso de nuestro país, del que podemos sacar muchas conclusiones.

Mucho se ha escrito sobre la excepcionalidad española y las supuestas diferencias irreconciliables con los países de nuestro entorno. Por supuesto, en el tema de la corrupción no podía faltar: sería posible escribir decenas de tomos tan solo con los lugares comunes que pueblan esta materia. Intentaremos, en la medida de lo posible, dilucidar qué aspectos son los que realmente resultan anómalos respecto a otros países desarrollados y descubrir los que tan solo son un prejuicio y no resisten una comprobación seria.

Para ello, nos situaremos a mediados de la década de los 90 para examinar los factores coyunturales que desencadenaron un enorme boom inmobiliario que duraría prácticamente 12 años. España ha venido sufriendo en las últimas dos décadas un tipo muy concreto de prácticas corruptas. Las investigaciones policiales y judiciales y la atención mediática se han centrado casi exclusivamente en la corrupción política a nivel local relacionada con asuntos urbanísticos.

Tanzi (1995) nos da una primera pista de las razones que pueden subyacer a este hecho: a nivel local, las relaciones entre agentes públicos y privados suelen ser más íntimas y cercanas debido a su mayor frecuencia. Villoria y Jiménez (2012) apuntan a que la divergencia en los comportamientos de políticos y funcionarios se debe a su diferente proceso de selección: asignación arbitraria por sufragio universal y meritocracia, respectivamente. La aparición de actividades ilícitas en políticas urbanísticas se produce, por tanto, al ser éste un espacio privilegiado de actuación de los políticos locales en el que los funcionarios tienen una intervención minoritaria.

En el Eurobarómetro especial sobre la corrupción elaborado en 2013 se pueden comprobar las exiguas experiencias ciudadanas en corrupción administrativa y pago de pequeños sobornos a funcionarios: el porcentaje de españoles que afirman haber realizado pagos irregulares a funcionarios para conseguir un objetivo se sitúa en el 2%, justo la mitad que la media de la Unión Europea. Podríamos decir que aquí sí ocurre una excepcionalidad, pero positiva. A pesar de ello, las investigaciones y condenas de comportamientos burocráticos corruptos son incluso menores de lo que cabría esperar, por lo que parece existir una cierta omisión de responsabilidades de control por parte de la Administración. No obstante, la corrupción administrativa no ha tenido impacto negativo reseñable en el país ni es un problema preocupante.

Durante los años 90 el nivel predilecto de los escándalos de corrupción cambió completamente. Solé-Ollé y Sorribas-Navarro (2014) proporcionan los siguientes datos: entre 1979 y 1999 solo estallaron 46 escándalos de corrupción urbanísticos a nivel local cubiertos por la prensa; sin embargo, en las 2 décadas siguientes los medios cubrieron nada menos que 557 casos. Los años finales de Felipe González en la presidencia del Gobierno (1991-96) estuvieron salpicados de graves casos que afectaban a la administración central y a altos cargos del Estado, pero con la llegada del nuevo Gobierno de Aznar todo fue diferente. Los comportamientos delictivos en el nivel central terminaron aparentemente, pero las reformas en la regulación urbanística (lideradas por la Ley del Suelo de 1998) impulsaron 12 años de especulación con bienes inmuebles y proporcionaron el caldo de cultivo para el desarrollo de la corrupción a nivel local. Nieto (1997) nos avisa de que la falta de cobertura informativa y preocupación ciudadana no significa que no existiese corrupción urbanística en absoluto en los años 80 y 90, solo implica que la fuerza del problema o la posibilidad de surgir se disiparon por la ocurrencia de unas circunstancias determinadas.

Podemos tomar la burbuja inmobiliaria española como un factor coyuntural y exógeno para el impulso de las actividades políticas ilícitas, pero no hay que olvidar que fue provocada por modificaciones legislativas concretas que abordaremos más adelante. Algunas claves del sector de la construcción a partir de 1995 proporcionadas por Jiménez Sánchez (2008) nos pueden dar una idea del alcance del boom urbanístico durante esos años. La expansión de carreteras de gran capacidad entre 1987 y 2000 alcanzó el 300%. Además, el territorio ocupado por el tejido urbano creció un 15%, avanzando hacia un nuevo modelo de ciudad dispersa ineficiente por su alto consumo de suelo y el incremento de la contaminación por el uso de transporte privado y de los costes de los servicios públicos (por su lejanía de los usuarios potenciales).

El aumento en la extensión de los suelos artificiales fue notable y desigual a lo largo del territorio: solo la zona costera mediterránea absorbió el 25% de ese crecimiento. Por su parte, el volumen de construcción de viviendas se multiplicó por 6 entre 1997 y 2006, con una media de 675.000 viviendas construidas cada año. En 2006 se llegó a un máximo de 900.000 viviendas de nueva construcción (más que todas las edificadas por Francia, Alemania y Reino Unido juntas). Sin embargo, el acceso a la vivienda se iba haciendo cada vez más difícil.

Los precios de los inmuebles llegaron a crecer a un ritmo del 12% anual. La burbuja se iba inflando: mientras que el crecimiento total de los costes de construcción entre 1997 y 2006 se situó en el 35%, el ascenso de los precios en este periodo fue del 175%. La demanda de viviendas se tornó completamente inelástica y no disminuyó a pesar de la brutal subida en el importe de los inmuebles por la entrada masiva de inversión extranjera hacia el sector inmobiliario español y la generalización de la idea de la casa como inversión segura: su precio nunca bajaba. España alcanzó la tasa más alta de toda Europa en la ratio viviendas/habitante, debido a la generalización de su uso como activo financiero o segunda residencia. Al mismo tiempo, la disminución de los tipos de interés de los créditos bancarios y la ampliación media de los plazos de amortización de las deudas incentivaron el uso de las hipotecas como medio de adquisición de los inmuebles.

DECISIONES POLÍTICAS

Ciertas decisiones políticas resultaron muy importantes para el devenir del mercado inmobiliario español y merece la pena detenerse algo en ellas. Como era de esperar, las decisiones tomadas por el sector público influyeron en el desarrollo de la burbuja, facilitando su crecimiento. Entre las más importantes se encuentran las siguientes:

a) Políticas de vivienda: el efecto conjunto de las desgravaciones fiscales por compra de primera vivienda, la desregulación del mercado hipotecario (que permitió un gran incremento de los plazos de amortización y de los precios) y el desinterés de las autoridades por fomentar alternativas a la compra (alquiler o viviendas de protección oficial) no hizo más que alimentar una demanda ya creciente.

b) Políticas de suelo: La nueva Ley del Suelo se basó en la creencia de que el alto precio de la vivienda era causado por una escasez de suelo disponible para construir. Con el objetivo de acabar con las dificultades jurídico-administrativas para poner más suelo a disposición de promotores y constructores, y con una supuesta y extendida retención especulativa de suelo disponible, las autoridades facilitaron la clasificación de los terrenos como urbanizables y agilizaron su gestión. Como consecuencia de todo ello, no solo no disminuyó el precio de la vivienda, sino que el del suelo urbano se incrementó un 500% entre 1998 y 2006.

c) Financiación de ayuntamientos: Los Gobiernos locales fueron avanzando hacia una dependencia del urbanismo cada vez mayor. Esta dependencia ha sido el resultado de políticas tributarias deliberadas aplicadas con motivos electoralistas como la congelación del Impuesto de Bienes Inmuebles, pagado por el contribuyente cada año, y su pérdida de importancia en favor de impuestos potestativos, de devengo único y más fáciles de manipular con fines ilícitos.

Muchos ayuntamientos incurrieron en deudas para financiar carencias en infraestructuras, equipamiento y servicios en el núcleo urbano a las que trataron de hacer frente expandiéndose más, en una suerte de financiación piramidal insostenible a largo plazo: nuevos desarrollos costeaban déficits previos sin una planificación plurianual ordenada.

El marco legislativo imperante en materia urbanística actuó como combustible para aumentar la intensidad del boom inmobiliario. Las particularidades de la regulación española son evidentes y contrastan con las de otros países europeos, pero ese ya será el tema para nuestro siguiente artículo, dada su importancia para la gestación de la crisis inmobiliaria española y de su epidemia de corrupción.

Hemos repasado el contexto particular español durante la burbuja inmobiliaria y podemos ver que lo que realmente ocurrió tan solo es una parte del problema. Fue el caldo de cultivo para la proliferación de prácticas corruptas que se dieron y los Gobiernos centrales y autonómicos que se sucedieron no pudieron o no quisieron atajarlo. Como hemos dicho, políticas de vivienda, de suelo y de financiación local echaron más leña al fuego de la opacidad y la falta de control y la otra pata de esta mesa, la regulación urbanística per se, tampoco ayudó en absoluto, tal y como comprobaremos en la siguiente entrega.


JIMÉNEZ SÁNCHEZ, F (2008): “Boom urbanístico y corrupción política en España”, Mediterráneo económico, 14:  263-285

TANZI, V. (1995): “Government role and the efficiency of policy instruments” IMF Working Papers, 95/100

VILLORIA, M., JIMÉNEZ, F. (2012): “La corrupción en España (2004-2010): datos, percepción y efectos”, Reis, 138: 109-134