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Dada su complejidad y a pesar de su importancia, todavía es difícil encontrar una definición completa y precisa de corrupción que englobe todos los aspectos asociados. Los autores tienden a limitar el concepto según los objetivos concretos que tiene su trabajo y los procedimientos que van a usar, lo que impide claridad y sistematización –ambas fundamentales para poder erradicar una tara de este calibre.

Los expertos en los que me baso se concentran casi totalmente en el sector público, pero es necesario señalar los numerosos fenómenos relacionados con el sector privado en que la corrupción incide. Ámbitos tan amplios como el fraude fiscal, el mercado negro o el blanqueo de capitales citados por Jain (2001) no están contemplados en los trabajos de dichos autores a pesar de referirse a temas muy interesantes para una visión global de las prácticas corruptas (tanto es así que un funcionario público corrompido suele implicar que ha existido antes un agente privado corruptor). Sin embargo, resultaría tremendamente difícil acotar y ocuparse de todas las caras de un asunto tan poliédrico.

Para empezar a hacernos una idea de lo que entienden los especialistas por corrupción podemos tomar la visión de Villoria y Jiménez (2012). La definición para los dos profesores es la siguiente: hablamos de corrupción cuando un servidor público abusa de su posición para conseguir un beneficio extraposicional directo o indirecto (es decir, en su favor o en favor de terceros) y se produce un incumplimiento de las normas jurídicas que regulan su comportamiento. Dicho beneficio puede ser dinerario (por ejemplo, la recepción de un soborno dirigido a él o directamente a su partido político) o no dinerario (por ejemplo, que un empresario dé trabajo al familiar de un funcionario como recompensa por su actuación fraudulenta).

La clave aquí es que Villoria y Jiménez (2012) se ocupan de lo que podemos llamar corrupción “office-based”, que presume homogeneidad en las normas sociales y culturales y solo presta atención a las actuaciones jurídicamente sancionables para intentar acercarse a una medición objetiva del fenómeno.

A pesar de dichas debilidades a tener en cuenta, la visión de las actividades corruptas como office-based es muy común y, en verdad, muy útil para conseguir una definición lo suficientemente clara y que permita trabajar con el concepto de manera adecuada y concisa. En el caso de Villoria y Jiménez, se ajusta bien al objetivo de su trabajo de relacionar datos objetivos con percepciones ciudadanas. Otros autores añaden diferentes matices de acuerdo con lo que pretenden analizar: por ejemplo, Sandholtz y Koetzle (2000) ponen la atención en los efectos negativos de la corrupción en la sociedad, la política o la economía definiéndola como un mal uso de los recursos públicos para beneficio privado; Warren (2004), por su parte, señala que mina los principios básicos de la democracia representativa (asunción de responsabilidades, igualdad e integración).

Otro aspecto que quiero comentar más ampliamente en futuros artículos, en relación a las teorías en boga sobre corrupción actualmente, es el modelo de agencia. Dicho constructo teórico completaría la definición añadiendo el concepto de deslealtad o traición del agente (servidor público) a su principal (Estado).

En el ordenamiento jurídico español la corrupción se contempla en delitos como el fraude fiscal, la malversación de fondos públicos o el blanqueo de dinero. Por desgracia, otras actividades muy relacionadas como la financiación ilegal de partidos políticos o sus fundaciones no se consideraban delito hasta hace apenas unos años (la reforma entró en vigor el 1 de julio de 2015, junto con la posibilidad de exigir responsabilidades penales a las propias organizaciones). Las consecuencias y posibles mejoras en el sistema penal para luchar más efectivamente contra la corrupción requerirán análisis más profundos.

Paso ahora a ocuparme de los tipos o categorías en las que se puede dividir la corrupción, siguiendo con el propósito de ser capaces de acotar lo mejor posible el fenómeno y lograr su ajuste con las intenciones de los trabajos académicos.

1. Según tipos de derecho: partiendo de la elección de corrupción pública jurídicamente sancionable que efectúan Villoria y Jiménez (consideramos obvias las categorías preliminares de corrupción pública y privada) nos encontramos con una primera división:

a) Casos sancionables por el derecho penal: elegida por Villoria y Jiménez para su trabajo y también por otros autores a los que recurriré en el futuro, como Iglesias (2007), Rivero y Fernández-Vázquez (2011) o Urquiza (2006).

b) Casos sancionables por el derecho administrativo: aquí se juzga más la competencia del servidor público en su trabajo que su honestidad propiamente dicha (defectos de forma, fallos procedimentales y similares).

2. Derecho penal: si nos centramos en el derecho penal es posible hablar de dos tipos, señalados por Schleifer y Vishny (1993):

a) Corrupción extractiva: no existe robo de recursos públicos. La cantidad pagada por el consumidor de un bien o servicio público consiste en un dinero adicional para el empleado público sumado al precio oficial. El coste del bien o servicio se incrementa, por lo que existe un incentivo para el consumidor de cara a denunciar estas prácticas.

b) Corrupción colusiva: se comete un robo de recursos públicos y daño económico a la administración. La provisión del bien o servicio se oculta porque el agente público percibe íntegra toda la cantidad pagada por el consumidor. Es posible que el precio efectivo sea menor que el oficial, por lo que el coste sería más bajo y no existirían incentivos a la denuncia por parte del consumidor. Es lo que se conoce como un crimen sin víctimas (aunque es fácil darse cuenta de que sí las hay y somos todos, tal y como vimos en el anterior artículo sobre el tema).

3. Según el alcance de las rentas: también podemos categorizar las prácticas corruptas según el alcance de las rentas que resulten para los defraudadores y cómo afecten a la administración, siguiendo a Salinas y Salinas (2007):

a) Gran corrupción o corrupción política: cometen ilegalidades los responsables políticos electos o los cargos de confianza y permite extraer rentas muy altas. Impacta más en la percepción en la ciudadanía.

b) Pequeña corrupción o corrupción administrativa: se refiere a la calidad burocrática. Están implicados los funcionarios elegidos usando métodos meritocráticos con estabilidad laboral. Las rentas de potencial extracción son bajas, ya que suelen limitarse a pequeños sobornos efectuados por el consumidor para conseguir la provisión de bienes o servicios o mayor rapidez en ciertos trámites.

Respecto a la relación entre ambas categorías, Pope (2000) demostró que la existencia de corrupción administrativa muy extendida y generalizada garantiza que también se produzca corrupción política, ya que la cadena jerárquica se aplica igualmente en el mal uso de los recursos públicos. En cambio, la existencia de corrupción política no garantiza la administrativa, hipótesis que probaré para el caso de España en posteriores artículos.

4. Según la calidad institucional: de acuerdo con el alcance de prácticas fraudulentas en la calidad institucional (Salinas y Salinas, 2007) se puede distinguir entre:

a) Corrupción sistémica: Está organizada y todas las instituciones están infectadas.

b) Corrupción oportunística: Las instituciones formales encargadas de combatirla son ajenas a la corrupción y luchan contra ella con una mínima eficacia.

5. Según los agentes implicados: Según los agentes públicos implicados y su capacidad de implementar normativas es posible producir la siguiente distinción (Salinas y Salinas, 2007):

a) Captura del Estado: las prácticas corruptas influyen en la formulación de leyes y regulaciones y en las decisiones de políticas públicas.

b) Corrupción administrativa: se producen distorsiones al implementar las decisiones tomadas por el ente público.

6. Según el nivel gubernamental: para terminar con la clasificación, debemos atender finalmente a los niveles gubernamentales a los que afecta y sus principales áreas de riesgo. Tanzi (1998) se refiere a ellos con la siguiente clasificación:

a) Nivel central: se pueden extraer rentas muy cuantiosas. Este tipo de prácticas capturan las principales decisiones económicas del Estado como regulación, grandes contratos de infraestructuras, subvenciones y autorizaciones, y también permisos y licencias varias (éstas de menor cuantía).

b) Nivel regional: en países con una administración altamente descentralizada, como España, estas actividades pueden influir en áreas similares a las del punto anterior, aunque con menor nivel de rentas, además de la regulación urbanística autonómica.

c) Nivel local: contratación, licencias o gestión urbanística. Es el nivel que más afectado se ha visto por la corrupción en nuestro país durante las últimas 3 décadas.

Espero haber conseguido aclarar algo la maraña conceptual que rodea a las prácticas corruptas, que muchas veces confunde y emborrona en lugar de ayudar a comprender. Definir con precisión una anomalía nociva es el primer paso para poder luchar contra ella. Termino con este resumen de los puntos tratados, gracias a los cuales podremos entrar más en detalle en próximos artículos.


IGLESIAS, F. (2007): “Urbanismo y democracia. Alternativas para evitar la corrupción”, Fundación Alternativas, Madrid.

JAIN, A.K. (2001): “Corruption: a review”, Journal of Economic Surveys, 15(1): 71-121.

POPE, J. (2000): “Confronting corruption: the elements of a national integrity system”, Transparency International.

RIVERO, G., FERNÁNDEZ-VÁZQUEZ, P. (2013): “Las consecuencias electorales de los escándalos de corrupción municipal 2003-2007”, Estudios de Progreso de Fundación Alternativas, 59, Madrid, 2011.

SALINAS, M., SALINAS, F. (2007): “Corrupción y actividad económica: una visión panorámica”, Hacienda pública española, 180: 109-137.

SANDHOLTZ, W., KOETZLE, W. (2000): “Acounting for corruption: Economic structure, democracy, and trade”, International Studies Quarterly, 44, 31-50.

SHLEIFER, A., VISHNY, R. (1993): “Corruption”, The Quarterly Journal of Economics, 108, 599-617.

TANZI, V. (1998): “Corruption around the world: causes, consequences, scope, and cures”, IMF Staff Papers, 45(4): 559-594.

URQUIZA, J. (2006): “Corrupción municipal. Por qué se produce y cómo evitarla”, Almuzara, Córdoba.

VILLORIA, M., JIMÉNEZ, F. (2012): “La corrupción en España (2004-2010): datos, percepción y efectos”, Reis, 138: 109-134.