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El primer problema que hay que afrontar al intentar medir la corrupción es el mismo que al intentar definirla: la falta de claridad en el concepto. Tal y como los expertos construyen su propia definición de las prácticas corruptas antes de comenzar a analizarlas, así también deben elegir cómo desean cuantificarlas, factor clave para cumplir sus objetivos marcados. La complejidad del tema lo exige. Es más, ninguna herramienta por separado ofrece una medición definitiva.

Doy por cierta la suposición de que todos los autores desean reflejar el fenómeno de la manera más cercana posible a la realidad. Significa esto la búsqueda de un método objetivo y directo de cuantificar los casos. Pero aparece de entrada un gran escollo relacionado con la propia naturaleza de la materia: la corrupción implica clandestinidad, al igual que cualquier otro delito a analizar económicamente, como Becker (1968) puso en relieve. Los hechos no son observables directamente por el intento de ocultación y muchas veces por su carácter de crímenes sin víctimas y la falta de incentivos para la denuncia: se descubren muchos menos casos de los que existen. En suma, la medición directa queda descartada teniendo en cuenta además que sería necesario contar una infinidad de pequeñas acciones en tiempo real, lo cual entrañaría costes inasumibles. Si la corrupción fuese fácil de medir y detectar, sin duda su eliminación sería mucho más sencilla.

Métodos indirectos de medición

Por tanto, es necesario encontrar métodos indirectos para computar lo mejor posible las actividades corruptas. Nos encontramos con 3 formas que los expertos han usado sistemáticamente y que los trabajos de Costas et al. (2010), Tanzi (1998), Villoria y Jiménez (2012) y Ganuza (2013) nos han ayudado a resumir:

a) Informes sobre corrupción disponibles de fuentes publicadas: se trata de búsquedas bibliográficas o en internet. Son bien conocidas las publicaciones del New York Times, Le Monde, The Economist, El País o El Mundo. Como ejemplo de base de datos en internet nos sirve MyNews, plataforma usada por autores como Costas et al. (2010).

Son amplias y útiles, pero suelen referirse a un área geográfica concreta y existe gran dificultad para separar las distintas clases de delitos, que se encuentran mezclados, algunos de ellos incluso sin estar relacionados en realidad con la corrupción. Otro obstáculo de esta clase de medición puede ser el sesgo ideológico de alguno de los trabajos (en España suele ocurrir que periódicos como El País o El Mundo, adscritos a una posición política concreta, solo publiquen los casos de corrupción concernientes a uno o unos partidos concretos) o el más o menos claro objetivo político de las organizaciones que los impulsan (pensamos en fundaciones relacionadas con los partidos mayoritarios como Fundación Alternativas o FAES, think tanks de PSOE y PP, respectivamente). También preocupa la dificultad para distinguir entre escándalos con cargos judiciales abiertos y denuncias entre partidos políticos u otras organizaciones que persiguen fines interesados o electoralistas.

Una probable ventaja del uso de estos informes es que se refieren en exclusiva a los casos sobre los que el votante tiene información. Es decir, mide la reacción de la opinión pública ante la corrupción, cuyos efectos en política, economía y sociedad pueden ser más importantes que los de su ocurrencia real, especialmente en el estudio de las consecuencias electorales para los candidatos corruptos, a las que me referiré en futuros artículos.

b) Estudios de casos de agencias anticorrupción (o registros públicos de cargos): pueden provenir de la Administración fiscal, Aduanas, la Policía o la Fiscalía anticorrupción. Suelen ser muy precisos, ya que se basan en fuentes judiciales. Por otro lado, en España no hay disponible ningún censo completo de sentencias sobre corrupción y los estudios pueden adolecer de parcialidad. Hay que señalar que la existencia de un caso abierto en la judicatura no implica necesariamente culpabilidad por llevar a cabo actos de corrupción reales –solo indicios de ella– hasta la llegada de una posible sentencia condenatoria, lo que quiere decir que el supuesto de presunción de inocencia debe ser mantenido para el correcto funcionamiento de un Estado de derecho.  Además, algunos informes son confidenciales o internos, permaneciendo fuera del alcance de la opinión pública.

c) Encuestas basadas en cuestionarios: conviene no comenzar a definir este tipo de técnicas sin dejar claro que miden percepción de la corrupción, que no es lo mismo que corrupción. Los cuestionarios son concernientes a una agencia específica, pública o privada, y pueden haber sido realizados para mejorar la efectividad de programas o decisiones políticas particulares, como el publicado por el Banco Mundial. El área de acción de los cuestionarios puede ser nacional o englobar varios países. Muchas organizaciones sin ánimo de lucro se dedican a llevar a cabo dichas encuestas: Transparency International, con sede en Berlín, es la más citada por muchos autores como base para sus trabajos. También destacan Global Integrity o el Political Risk Services Group.

A su vez, un primer vistazo a las encuestas obliga a distinguir entre:

Encuestas de victimización: se trata de cuestionarios en los que la ciudadanía se expresa sobre sus experiencias directas de extorsiones que tienen que ver con el sector público, especialmente sobornos a servidores públicos por prestación de bienes o servicios públicos a los ciudadanos. La propia naturaleza de la encuesta fuerza su vinculación con la corrupción administrativa.

Los encuestados en cada país deben contestar si han sufrido o no una serie de situaciones relacionadas con lo anterior divididas por sectores y se comparan los resultados con los demás países. Los sectores que presentan globalmente más este tipo de corrupción son sin duda las fuerzas de orden público y las Administraciones de Justicia que, de manera preocupante, son los principales encargados de evitarla y luchar contra ella, como señala el Barómetro Global sobre Corrupción de 2017 elaborado por Transparency International. Sobresalen otros datos como que alrededor de un cuarto de los encuestados en todo el mundo han pagado algún soborno durante ese año.

Encuestas de percepción: Los encuestados en este caso son inversores, expertos o ejecutivos de grandes empresas (en ocasiones también se pregunta a la ciudadanía en general) que deben dar su opinión sobre temas como la calidad institucional, la competencia o la corrupción existente en un país. El modo de evaluación es cualitativo. Cabe destacar en esta categoría los Barómetros realizados en España por el Centro de Investigaciones Sociológicas, en los cuales se basan infinidad de trabajos académicos. Aunque en ellos se tratan muchos otros temas políticos, sociales y económicos, con frecuencia aparecen preguntas relacionadas con la corrupción y su percepción.

Usando una o varias de dichas encuestas, las agencias elaboran índices para hacer más fácil la comparación directa entre países o su evolución a lo largo del tiempo, que pueden ser simples o agregados según se usen una o varias fuentes para su elaboración. Ejemplos de estos índices son el Global Competitiveness Report, el Political and Economic Risk Consultancy, las Gallup Polls o el Índice Bertelsmann de Transformación.  Los índices están muy correlacionados entre sí, lo que permite agregarlos sin incurrir en el riesgo de arrastrar un sesgo inasumible para un análisis preciso.

También destaca el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparency International. Se trata de un índice agregado formado por 14 fuentes de 12 organizaciones diferentes para 130 países, que los clasifica según el alcance de la corrupción en sus sectores público y político según la percepción de empresarios y expertos. Este índice varía de 0 (corrupción endémica) a 10 (corrupción inexistente).

La variación de los índices a lo largo del tiempo es clave para observar la evolución de las percepciones de los encuestados debido a factores coyunturales o cambios institucionales o estructurales. Por eso los países tienden a mantener sus posiciones en las clasificaciones, pero también se producen cambios importantes en algunos.

La relación entre los cambios en los índices de percepción y los cambios en la corrupción reales siempre han sido problemáticos. Por ejemplo, el descubrimiento de un importante caso de corrupción en un país concreto puede aumentar notablemente la percepción de los ciudadanos y se reflejaría en el índice; sin embargo, la corrupción real no habría aumentado, sino disminuido por la desarticulación de la red corrupta.

Problemas metodológicos

Por otra parte, las encuestas sobre percepción de la corrupción presentan  importantes problemas metodológicos que es necesario señalar:

  • La evolución dinámica de los índices puede ser distinta de la evolución de la corrupción real, como se señalaba en el ejemplo anterior.
  • No suelen estar disponibles para niveles subnacionales, lo que impide profundizar.
  • Existe reificación. Es decir, se sustituye el concepto (corrupción) por las medidas operacionales usadas para medirlo (percepción de la corrupción). Este hecho pone en cuestión la validez del método para analizar el fenómeno de forma global, al ser incapaz de incluir todas las modalidades de corrupción y limitarse a ofrecer la configuración personal del concepto de las agencias y los encuestados.
  • Se produce un efecto echo chamber, también reflejada en el anterior ejemplo. Éste se refiere a la gran influencia de la cobertura mediática de los escándalos de corrupción sobre la percepción general de la ciudadanía; sin que varíe el nivel de corrupción, la percepción sí lo hará al ser más visible para la opinión pública.
  • Se produce un efecto lag time, es decir se señala la incapacidad de los índices para tener en cuenta los efectos de las políticas gubernamentales en tiempo real porque la percepción aumenta cuando la corrupción real en el país comienza a disminuir. Si empiezan a producirse detenciones y descubrimientos de escándalos debido a una persecución seria de las prácticas corruptas, va a existir la sensación en la opinión pública de que existe más corrupción en las instituciones que cuando no se perseguía.

Pasaré en la siguiente entrega a realizar un repaso de los principales intentos teóricos para analizar la naturaleza de la corrupción, así como los distintos puntos de vista de algunos autores para explicar sus características más importantes.

Fuente: elaboración propia
Fuente: elaboración propia

Becker, G. (1968): “Crime and punishment”, Journal of Political Economy, 76: 169-217

Costas, E., Solé-Ollé, A., Sorribas-Navarro, P. (2010): “Do voters really tolerate corruption? Evidence from Spanish mayors”,  Working Papers IEB, 1-43

Ganuza, J. (2013): “Luchar contra la corrupción y salir de la crisis económica: dos caras de la misma moneda”, Cuadernos de Información Económica, 236

Transparency International. Corruption Perception Index 1995-2017. Berlín. http://www.transparency.org/research/cpi/.  <Público>.