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Catalunya: últimos pasos hacia el precipicio

Los atentados que azotaron Catalunya a mediados de Agosto desencadenaron un cruel enfrentamiento entre las partes administrativas, con el fin de tratar de monopolizar la gestión y los posibles réditos políticos derivados de tal atrocidad. La instrumentalización del dolor con fines que sobrepasan, en muchos casos, los límites éticos y morales, no es un fenómeno nuevo en el mundo, ni mucho menos en España, pero no por ello deja de ser un hecho que produce enorme tristeza.

Si alguien esperaba una tregua, o acercamiento, tras el triste suceso, no tardó en darse cuenta de que era algo totalmente irrisorio. Dejes de grandeza, anteponer el “postureo” institucional a la efectividad administrativa, luchas de poder sin cesar, falta de lealtad, etc. Las dos administraciones han dejado latente que lo que menos les importaba eran las víctimas, y ésta es la constatación más lamentable de la toxicidad política que ha alcanzado el procés.

Uno de los ejemplos que muestra con más claridad hasta qué punto llegó la instrumentalización, y las ansias de capitalizar hacia una ideología lo sucedido, fue en la manifestación del 26 de Agosto en Barcelona. Un acto que desencadenó en un esperpento partidista indigno de lo que trataba de abanderar: la solidaridad hacia las victimas y el agradecimiento a los voluntarios y servicios de emergencias que participaron en las tareas de rescate.

Los trenes siguen acercándose al precipicio. Y el último episodio (hasta la fecha) sucedió en el Parlament, en las dos sesiones consecutivas que “validaron” las leyes que deben fundamentar el relato secesionista y “amparar” sus acciones en un nuevo marco legal. En definitiva, los canales a utilizar para realizar la consulta y transitar hacia la independencia: la ley del referéndum y la de la transitoriedad jurídica y fundacional de la "República". Jornadas que dejaron constancia de las dotes democráticas de los partidarios de la independencia, cambiando todos los procedimientos parlamentarios (saltándose la Constitucion, el Estatut, los dictámines del Consell de Garanties Estatutàries, etc.), para acelerar el proceso y evitar la incidencia de las fuerzas de la oposición. Ese hecho resulta altamente paradójico, teniendo en cuenta que se auto proclaman los valedores máximos de la democracia, a pesar de que en su gran ejercicio final son incapaces de salvaguardar los derechos de la minoría parlamentaria (representantes, en términos absolutos, de la mayoría de la sociedad catalana). Después de este acto insólito en la institución política más relevante de Catalunya, fundamentar el relato propagandista de la campaña, en las carencias democráticas de España no deja de ser, sin duda, un ejercicio de hipocresía destacable.

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Otra de las proclamas más extendidas en el argumentario independentista, para justificar los ramalazos anti democrátas del Estado español, es por su negación a facilitar las urnas de cara al referéndum. Reduciendo un significante tan fundamental, como el de democracia, a la posibilidad, o no, de votar y expresar la voluntad popular mediante la emisión de papeletas. Y aun aceptando esta premisa, tan básica, los catalanes se han destacado como una de las regiones europeas con más jornadas electorales los últimos años, y la que más veces ha tenido que acudir a las urnas en España (16 veces desde 2007). Votar es normal, pero esta frecuencia desmesurada, saltándose la legalidad vigente, no debería escudarse en la defensa de valores democráticos, sino que más bien responde a la búsqueda de una mayoría, poniendo en jaque la estabilidad de Catalunya, en pos de fines partidistas. Y qué decir de las numerosas manifestaciones y actos reivindicativos que se han ido celebrando desde 2010, con un sin fin de proclamas y eslóganes, todos ellos reproducidos hasta la saciedad por las redes sociales y los medios de comunicación. Así que en Catalunya se vota, y mucho, y se puede manifestar con total tranquilidad. No contrasta con los cánones de una nación oprimida.

El procés entra, por enésima vez, en su recta final, a escasos días de la celebración, hipotética, del referéndum y tras la enésima muestra de fuerza del independentismo en la Diada de Catalunya. Recta final marcada por la ilegalidad y por la creciente tensión entre los ejecutivos, cada vez más latente en la sociedad. Las sonrisas que despuntaban al inicio del camino secesionista se han tornado en muecas de rabia e ira, cada vez más ira. El mismo President, Carles Puigdemont, ha llegado a instar a sus adeptos a presionar por la calle a los alcaldes que no cedan sus locales de cara al 1 de octubre; una proclama que delata, una vez más, el cambio de rumbo y de valores del nacionalismo catalán. Los buenos y los malos.

Y es que, a pesar del rodillo independentista mostrado en el Parlament, ya son diversos municipios los que se han negado a colaborar con el ejecutivo catalán, y una parte importante de los Ayuntamientos todavía no se han pronunciado (o definido su postura), entre ellos Barcelona (que, a pesar del pronunciamiento favorable de Ada Colau, sigue sin materializarse en actos ejecutivos y no cuenta con la aprobación de sus socios de gobierno socialistas. Anclados en la ambigüedad que tanto juego les da a los comunes). Por lo que a pesar de que la inmensa mayoría de los mismos han acatado la propuesta de la Generalitat, un 58% del censo de Catalunya no tiene su participación asegurada (o al menos, no sabe cómo ejercerla).

Las últimas encuestas muestran la desconfianza mayoritaria de los catalanes al plan de ruta marcado por Junts pel Sí y la CUP. Más de la mitad de la población (61%), según los últimos datos, muestran su recelo a participar en un referéndum ilegal, sin previo acuerdo, y hacia las prisas mostradas por el ejecutivo catalán para liquidar el proceso y aventurarse al precipicio. La huida hacia adelante no genera consenso. Y como ya se analizó en un reciente artículo en Polikracia (y constata el estudio de El País), son los más jóvenes los que más incómodos se sienten en este nuevo escenario propuesto por la Generalitat.

La situación ha llegado a un punto crítico. El Estado tiene ante sí el mayor reto político y social desde la Transición, y debe hacer alarde de unas dotes estadistas exquisitas para poder encauzar las ansias rupturistas de una parte significativa de los catalanes. El choque parece inevitable y la respuesta del Gobierno puede acabar de dinamitar todas las aspiraciones de serenar la situación o, si más no, de controlar los daños. Ante un frente que no dará su brazo a torcer, como es el lado independentista, el ejecutivo tiene que valorar adecuadamente las consecuencias de sus mecanismos coercitivos. Esta respuesta puede generar más confrontación y avivar, una vez más, los argumentos de los separatistas, si se adopta por una postura más dura ( como la petición de la Fiscalía General del Estado de citar a declarar a todos los ediles que colaboren con la organización del 1-O).

El desastre parece inevitable. Tras la instrumentalización del dolor, la transformación del Parlament en una plataforma más de los independentistas y la enésima muestra de fuerza en la Diada, los días siguen pasando y el 1 de Octubre ya está aquí. Después de esta fecha, el precipicio. Sin garantías, ni legalidad, no hay referéndum, hay un plebiscito con una única papeleta: la unilateralidad.

Alex Sainz de Vicuña Prat

Alex Sainz de Vicuña Prat

Politólogo, Máster en comunicación política y finalizando Grado en comunicación. La actualidad política y social son mis principales áreas de interés.

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