TodЛs somos políticЛs. TodЛs hacemos política.

Vivimos en tiempos en los que el discurso de la evaluación tiene gran impacto; tanto es así que los sectores de auditoría, consultoría o asesoría crecen enormemente en el ámbito de hacer medible el desempeño humano. Hablar de calidad implica sencillamente pretender un esquema genérico de evaluación que permita contrastar ciertas manifestaciones empíricas con un modelo normativo predeterminado, para poder así ordenarlas de forma preferencial. Pero si bien en la gestión o la prestación de servicios dicho modelo suele ser evidente en función de un objetivo numérico (mejor eficiencia coste-beneficio, menor tiempo de espera, mejor ratio de casos resueltos, etc.), en el caso de un concepto como democracia es imposible no reconocer una pluralidad de modelos. La alternativa lógica, usada en casos como la medición de la satisfacción del cliente, suele ser sencillamente encuestar y comparar resultados; pero, de nuevo, esto no vale con los sistemas políticos, pues lo que importa no es —sólo— si el cliente está satisfecho, sino ante todo si debería estarlo. La única solución posible que tenemos, por tanto, es recurrir a un criterio experto. ¿Pero qué criterio?

Es evidente que el concepto democracia, en tanto gobierno del pueblo, se identifica tanto con la idea de libertad como con la de igualdad. Pero también es cierto que pueden desgranarse dos acepciones analíticas diferentes: la primera se corresponde con el discurso liberal de la democracia, que identifica la libertad más con la ausencia de injerencias de un poder arbitrario, y la igualdad más con una posición formal ante la ley; y la segunda se corresponde con el discurso republicano de la democracia, que identifica la libertad más con la determinación del propio destino colectivo, y la igualdad más con la participación del poder (del Aguila y Vallespín (eds.), 1998).

Si bien estas ideas son muy genéricas para abarcar tan tamaño concepto, ilustran adecuadamente la disputa por la medición de la calidad democrática. Así, por ejemplo, si tomamos las metodologías de los dos principales índices de calidad democrática que existen a día de hoy, el de Freedom Housey el de The Economist, veremos que el primero se corresponde con una concepción más liberal, más centrado en derechos formales y libertades individuales; mientras que el segundo da mayor importancia a elementos de cultura y participación política (de hecho, su metodología se justifica partiendo de una crítica a la estrechez de las definiciones, tales como la del índice de Freedom House, centradas en las libertades civiles y políticas). Como síntesis, es interesante considerar opciones como el índice de Varieties of Democracy, que desagrega los datos según áreas de valores o preferencias (mide la democracia separadamente en sus vertientes electoral, liberal, participativa, deliberativa e igualitaria), y permite también que cada uno agregue las que le interesan en su página web. Para otro índice popular más enfocado al análisis longitudinal y las contingencias históricas, véase Polity IV.

Las mismas dinámicas se aplican si valoramos modelos de democracia según otros ejes, como el de la división entre democracias mayoritarias o consensuales (Lijphart, 1984) (a saber, si valoramos más la inclusividad que la efectividad lo reflejaremos en nuestro criterio de medición de la calidad democrática). ¿Se puede escapar a estos sesgos? Dahl (1970) propone una alternativa: dar por inalcanzable el ideal normativo y centrarse en medir la realización de ciertas condiciones mínimas, las cuales conformarían una base —la poliarquía— que ciertamente se correspondería con un sistema muy igualitario y con perspectivas de mejora, pero que no podría llamarse totalmente igualitaria. Más concretamente, sus criterios son cinco: participación efectiva, igualdad de voto, comprensión informada, control de la agenda e inclusión.

En todo caso, hay dos cosas que podemos afirmar con seguridad. La primera es que la complejidad no exime de la responsabilidad de intentar medir la calidad de las democracias —y de hacerlo cada vez mejor—, para lo cual necesitamos índices precisos y numéricos, como un instrumento fundamental para estudiarlas comparativamente, homologarlas o denunciar sus lacras (por eso hemos dicho que no basta sólo con la satisfacción del cliente); y esto, aun sin caer en el vicio del universalismo: la democracia occidental no tiene por qué ser la democracia, y creer tener un acceso privilegiado a la verdad es un gran peligro (Berlin, 1988). La segunda es que medir la calidad democrática implica operar siempre de forma multidimensional: a saber, podemos acordar una serie de dimensiones de medida —participación, derechos, etc.—, pero no afirmar taxativamente que una sea más importante. Un ejemplo de mucha actualidad es la reivindicación de la democracia directa a través de los referéndums: ¿es una sociedad que decide cuestiones por referéndum más democrática? Depende: si favorecemos una concepción más efectiva de la democracia, nos parecerá bien que un referéndum decida cierto resultado político y, así, una parte de población gane en términos absolutos y otra pierda en términos absolutos. Si, por lo contrario, favorecemos una concepción más inclusiva, nos parecerá mal que no se ceda a los representantes políticos la tarea de elaborar síntesis o soluciones intermedias que puedan contentar parcialmente a varias de las posiciones en disputa.


Berlin, I., 1988. Cuatro ensayos sobre la libertad. Madrid: Alianza.

Dahl, R. A., 1970. Polyarchy: participation and opposition. New Haven: Yale University Press.

Del Aguila, R., Vallespín, F., eds., 1998. La democracia en sus textos. Madrid: Alianza.

Lijphart, A., 1984. Democracies: Patterns of Majoritarian & Consensus Government in Twenty-one Countries. New Haven: Yale University Press.