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El catedrático Muñoz Conde habla, en su manual de Derecho Penal parte especial, de un mundo «preñado de violencia y no es, por tanto, exagerado decir que esta violencia constituye un ingrediente básico de todas las instituciones que rigen este mundo. También del Derecho penal» (2017). Mucho ha evolucionado este ingrediente desde que el Código de Hammurabi recogiera una Ley del Talión famosa por el pasaje bíblico del «ojo por ojo, diente por diente». Actualmente, según rige el artículo 25 de la Constitución para nuestro Derecho, «las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados»; asimismo, el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos explicita que «nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes».

Es evidente que el Derecho Penal ha evolucionado; y no es un tema baladí, es la máxima expresión del uso de la fuerza y la violencia legítima por parte del Estado para garantizar nuestros derechos y libertades. Es en esta arena en la que debe celebrarse el debate en torno a la Cadena Perpetua Revisable (CPR), no al albor de casos mediáticos, oportunismo político o análisis simplistas y simplones de opinólogos. Lo que está en juego es la seguridad y los límites del Estado para garantizar la misma y la dignidad inherente a todo ser humano.

Yo estoy a favor de esta figura porque creo en la dignidad del ser Humano y sostengo que para ser libres debe existir seguridad frente al Estado y frente a la sociedad. También creo que España, por adoptar esta figura, no es menos democrática. Su adopción sitúa al país al nivel de muchos de sus socios europeos.

La CPR es introducida en el Código Penal por el PP. Se aplica para delitos del artículo 140 CP: «los asesinatos cometidos contra menores de dieciséis años de edad o personas especialmente vulnerables por razón de su edad, enfermedad o discapacidad; los subsiguientes a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima; los asesinatos cometidos por quien perteneciere a un grupo u organización criminal y los asesinatos reiterados o cometidos en serie». El legislador también ofrece la posibilidad al juez de que condene a las personas que han cometido los citados delitos en libertad vigilada.

La revisión se solventará mediante un procedimiento oral contradictorio llevado a cabo por el Tribunal sentenciador, donde intervendrán el Ministerio Fiscal y el penado, asistido por su abogado. Eso sí, el sistema de revisión y los requisitos dependerán de si se ha condenado por la comisión de un único delito castigado con la pena de prisión permanente revisable o por la comisión de dos o más delitos, en los que al menos uno de ellos tenga prevista la pena. En el primer caso, el penado debe estar en tercer grado, poseer un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y en general haber cumplido, al menos, veinticinco años de prisión efectiva. En el segundo, el examen se realizará valorando en su conjunto todos los delitos cometidos. Estos plazos variarán si las condenas han sido por terrorismo, donde se exigirá un cumplimiento mínimo de veintiocho años «y signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades».

La CPR en perspectiva comparada europea

En el caso de Alemania, la figura equivalente se aplica para delitos como el asesinato, donde se indica como pena única, o como posibilidad, atendiendo a las circunstancias, en casos de homicidio o muerte de un menor tras la comisión de abusos sexuales. En cuanto a la revisión, ésta se producirá a los quince años y se le une la valoración de la peligrosidad y la reparación de los daños. Si el dictamen es favorable para el reo se le concede un período de libertad condicional de cinco años. En caso contrario el penado podrá volver a solicitar su revisión en un período no anterior a dos años desde la denegación (Fernández, 2015).

En Francia, la figura se aplica al genocidio, la realización de prácticas eugenésicas por banda organizada, determinados homicidios, el asesinato o actos terroristas. Así, para revisar la condena el legislador francés crea un período de seguridad en el que el penado no podrá beneficiarse de las disposiciones relativas a la suspensión o al fraccionamiento de la pena. Este período es de dieciocho años a no ser que la Cour d'assises, mediante una resolución especial, decida retrasarla hasta un cumplimiento de veintidós años o incluso reducirla (Fernández, 2015).

Italia la aplica para supuestos entre los que destacan los de asesinato del presidente de la República, alentar la Guerra Civil o cuando el homicidio se comete contra el ascendiente o descendiente con premeditación. En este país el período mínimo para poder alcanzar la revisión de la pena es de veintiséis años y cuando se cumplan las obligaciones civiles derivadas del delito. Otra peculiaridad es la de que, de volverse a cometer un delito, será revocada y el tiempo transcurrido no será descontado de la duración de la pena (como sí sucede en nuestro país) (Izquierdo, 2015).

Por último, tenemos el caso de Reino Unido; existen varias modalidades entre las que destaca por su importancia la que se conoce como life sentence. En este caso es el juez quien debe determinar en la sentencia el tiempo mínimo de cumplimiento de condena para poder optar a la libertad condicional, tomando en consideración la gravedad del delito (Fernández, 2015).

Esta figura no solo se encuentra avalada por el Derecho Comparado; hay que destacar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido que dedicar unas cuantas horas a analizar cada una de las legislaciones nacionales. En Alemania lo hizo con su sentencia del caso Meixner c. Alemania; aquí el tribunal de Estrasburgo indicó que, aunque veinticinco años de cumplimiento es un período muy largo que puede llegar a causar ansiedad o incertidumbre, no le priva de la esperanza de alcanzar la libertad algún día (Meixner c. Alemania, 2009). En Francia está la sentencia Bodein c. Francia; en este procedimiento, el demandante alegaba que su condena violaba el artículo 3 del CEDH ya que, por la acumulación de delitos, solo podría obtener la salida de la cárcel mediante indulto del Presidente de la República. Fue desestimado al considerar que existían otras vías como causas médicas justificadas y de extrema gravedad (Bodein c. Francia, 2014). Por último, en Reino Unido encontramos las sentencias Vinter y otros c. Reino Unido y Hutchinson c. Reino Unido. En la primera declaró la figura británica contraria al artículo 3 del CEDH y en la segunda compatible como consecuencia de la interpretación realizada por la Corte de Apelación británica en 2014 por la que se impone una obligación de examinar si concurren o no las circunstancias para conceder la suspensión de la pena (Vinter y otros c. Reino Unido, 2013).

La prisión permanente revisable no es una excepción; España no es la aldea íbera. Tiene acogida en los sistemas penales europeos y ha sido sometida en numerosas ocasiones y diferentes fórmulas a Estrasburgo. Por lo tanto, más allá de la opinión de ciertos sectores jurídicos y políticos de nuestro país, cuenta con el sello de aceptación de instancias que no han dudado en terminar con la doctrina Parot o las condenas por quemas de fotos de nuestros Reyes. Además, el término revisable es lo que la hace compatible con el espíritu de reinserción de nuestra Constitución. Es una figura que permite que aquellas personas que realmente se han rehabilitado se inserten en la sociedad y que aquellas que aún resultan peligrosas permanezcan en prisión. ¿De qué nos sirve tener a presos rehabilitados en la cárcel y a personas que van a volver a reincidir fuera? Es en este ámbito en el que ha de plantearse el debate, en el de la seguridad como garantía de la libertad.


Bodein c. Francia, 40014/10 (Tribunal Europeo de Derechos Humanos 14 de Noviembre de 2014).

Conde, F. M. (2017). Derecho Penal Parte Especial. Tirant lo Blanch.

Fernández, R. R. (2015). La nueva pena de “prisión permanente revisable” y el Derecho comparado. Actualidad, 5-7.

Izquierdo, E. D. (2015). Estudios sobre el Código Penal reformado. Dikinson.

Meixner c. Alemania, 3-11-2009 (Tribunal Europeo de Derechos Humanos 3 de Noviembre de 2009).

Vinter y otros c. Reino Unido, 66069/09, 130/10 y 3896/10 (Tribunal Europeo de Derechos Humanos 9 de julio de 2013).