TodЛs somos políticЛs. TodЛs hacemos política.

Las elecciones son el paradigma definitorio de toda democracia (Dahl, 1998). Así lo recoge incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 21.3, que viene a recoger lo que se ha considerado el concepto de democracia de mínimos (Coppedge, 2005): «La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente [...]». Paradójicamente, es a este núcleo al que se han dirigido particularmente en los últimos años dudas y críticas severas por causas diversas: la sospecha de injerencia rusa en las elecciones estadounidenses, el uso de elecciones limitadas o falsas como forma de legitimación de regímenes autoritarios, e incluso la impunidad de las falsedades en campañas como la del Brexit (a este respecto, es muy recomendable la reciente película Brexit: the Uncivil War (2019)).

Concretamente, yo quiero hacer unas reflexiones acerca de cómo las campañas electorales impactan sobre la calidad del sistema democrático y su funcionamiento. Aquí hay mucha literatura del ramo de comportamiento político: sobre el impacto de las promesas, sobre la racionalidad del voto, sobre la mayor conveniencia del voto prospectivo o retrospectivo, etc. Pero yo quiero hablar en términos normativos sobre cómo se hace campaña. A saber, ¿están siendo responsables nuestros candidatos? ¿Están promoviendo el correcto funcionamiento democrático?


Acerca de las teorías de racionalidad del voto y, más concretamente, de la racionalidad de los votantes de clase alta, véase este artículo de Fidel Oliván.


España merece dos notas previas que nos sitúen en contexto: la primera, que nuestro país ha sido, durante la mayor parte de su historia democrática, una anomalía dentro de la distinción tradicional de Lijphart entre democracias consensuales y democracias mayoritarias, pues ha presentado todos los rasgos de una democracia consensual (bicameralismo, sistema electoral proporcional, descentralización) aun prevaleciendo un sistema bipartidista de mayorías claras y gobiernos monocolor (algo propio de sistemas mayoritarios, en los que la participación del poder se caracteriza por ser más restringida y menos cooperativa) (Requejo, 2008). La segunda nota es que cabe resaltar el exceso de convocatorias electorales que se han sucedido desde que esta anomalía se ha corregido (argumento expuesto por The Economist para recomendar que el PSOE obtenga una mayoría clara): desde que el bipartidismo se ha roto, la clase política —que no los españoles— no ha sabido acomodarse. La campaña electoral demuestra no sólo esto, a mi parecer, sino también que las consecuencias son muy perjudiciales.

La primera clave que quiero señalar es la obsesión por los pactos, que está siendo sin lugar a dudas el tema central de esta campaña. Más allá de lo que Pitkin (1967) señaló como las formas descriptivas y simbólicas —vótame por quién soy— frente a las formas sustantivas de representación —vótame por qué hago—, pareciera que ahora la clave de la representación se quiere dirimir en términos de con quién hablaré o, aún peor, en términos negativos: con quién no hablaré (el ejemplo más excesivo es, por supuesto, el compromiso de Ciudadanos de no negociar con el PSOE). El esquema básico de la democracia deliberativa —la herramienta básica de construcción consensual— consiste en votar en términos sustantivos, es decir, en términos del programa que más se acerca a los intereses del votante, para que luego sus representantes fragüen una síntesis democrática como producto de la contraposición parlamentaria (Habermas, 1996) (el objeto en este caso sería investir un Presidente con un programa que aúne demandas e intereses de diversos partidos). El argumento que justifica esta dinámica es evidente: la contraposición constructiva es la función elemental del representante, y requiere las garantías de entrada y de procedimiento que proveen las instituciones. En esta campaña, no obstante, los programas sustantivos juegan un papel de mínima relevancia: por poner un ejemplo muy claro, el programa es sólo uno de los 5 puntos del debate de A3M, siendo otro bloque el de los pactos (relegados para otra ocasión quedan los tradicionales bloques de economía o política social [1]). Los pactos, que deberían depender de las coincidencias programáticas, asombrosamente anulan la relevancia del programa y se superponen a éste. El resultado de subvertir este proceso me parece profundamente antidemocrático: como dirían Laclau y Mouffe (2001), supone desligitimar la pluralidad de lo social, y esto reduce el juego político a la caricatura. Por ejemplo, Inés Arrimadas dice que «Sánchez es el candidato de ERC»; es decir, tanto da si entre Ciudadanos y PSOE se podría conformar un acuerdo mayoritario en torno a un asunto u otro, el asunto independentista lo ahoga todo e impide la contraposición. Acostumbrados a las mayorías absolutas, no hay mayor indicador de la inadaptación al multipartidismo —por parte de partidos viejos o nuevos, tanto da— que la fiscalización electoral de esa labor de síntesis, que ya no puede realizarse en el sosiego postelectoral como es costumbre en las democracias consensuales.

Una consecuencia evidente de que el asunto se perciba de una forma tan intransigente es que se abona el campo para la exacerbación, el insulto y el desprecio (segunda clave); así, no sorprende que un Presidente investido según mecanismos constitucionales, por la conformación de una síntesis de demandas democráticas más amplia que su oposición en el Congreso, sea tildado de «okupa», «ilegítimo», «felón» o «traidor» por razón de no incluir al partido más votado o por incluir a partidos independentistas (aunque la independencia propiamente no haya sido asunto de dicha síntesis). El constante «dejemos que los españoles decidan» de Ciudadanos, incapaces de dialogar con una coalición multipartidista, refleja en realidad una necesidad imperiosa de exigir al electorado no una decisión sino una decisión clara e inapelable —un plebiscito—, no una diversidad que requiera negociación. Pero es difícil imaginar que el mejoramiento de la democracia no vaya de la mano del reconocimiento de los intereses legítimos de una pluralidad cada vez mayor de sujetos sociales (Laclau y Mouffe, 2001), algo imposible en un clima de creciente radicalización e intransigencia.

Es fácil entender la relación de todo esto con la útlima clave: la del voto útil. Otro mecanismo que, de la mano de la falsa imagen del plebiscito, menoscaba la representación sustantiva de la pluralidad de demandas sociales; si bien, a diferencia de la obsesión por los pactos, este mecanismo funciona por una razón de eficacia: lo importante no es tener voz sino tener fuerza. «Yo soy la única alternativa», dice Pablo Casado. Similarmente, el panfleto que Ciudadanos envía a nuestras casas estos días se basa en una prospección de las anteriores elecciones para asegurar que sus votos valen muchos más escaños que los del PP o del PSOE, y que por eso «lo cambiarán todo» (como si lo relevante no fuera qué cambiar).  Este mecanismo impacta de dos formas sobre el funcionamiento democrático de las elecciones: menoscabando la soberanía del pueblo en razón de premoniciones demoscópias; y fomentando que los electores, en vez de orientarse por el programa que más les convenza, hagan cálculos basados en dichas premoniciones, generalmente no para promover sus intereses sino para asegurar que intereses contrarios no resulten mayoritarios (cálculos todos ellos, por supuesto, muy poco fiables).

Donde hemos dicho plebiscito podríamos haber dicho sistema presidencial, que es el característico de los sistemas mayoritarios (Requejo, 2008). Esto es lo que desearían todos aquellos que usan como arma arrojadiza los pactos, que exacerban su discurso contra los adversarios y que quieren primar la eficacia por encima de la pluralidad: un plebiscito del que surgiese un proyecto único. Esto es algo reflejado ya en la propuesta electoral de 2016 del PP de hacer alcalde automáticamente al candidato más votado. Un rechazo frontal de la tarea de construcción hegemónica, que es la tarea de articular diversas identidades colectivas en un proyecto más amplio que cualquiera de las partes (Laclau y Mouffe, 2001), crea un escenario en el que paradójicamente la apertura a lo común no es una fortaleza sino una amenaza. En conclusión, son mecanismos de campaña que reflejan todos ellos una profunda inadaptación al multipartidismo y que creo que tienen un impacto negativo sobre la calidad democrática de dicho proceso electoral y de las Cortes resultantes, cuya representación de los intereses de los ciudadanos es distorsionada por criterios de utilidad o pactismo impuestos sobre el electorado. Cabe reconocer el esfuerzo deliberativo y constructivo de algunas fuerzas, por supuesto, de entre las que destacaría especialmente al PNV y Unidas Podemos. Pero España, a diferencia de lo que querrían algunos, no ha cambiado tanto como parece.


[1] PD: el debate ha sido posterior a la redacción de este artículo y debo reconocer que, aunque fuera poco previsible por la forma en que se publicitó el formato, el bloque de programas acabó ocupando una proporción de tiempo mayoritaria y dio para que se hablaran muchos temas sustantivos.

Coppedge, M., 2005. Defining and measuring democracy. Working paper, International Political Science Association, April.

Dahl, R. A., 1998. On democracy. New Haven: Yale University Press.

Habermas, J., 1996. La inclusión del otro: estudios de teoría política. Barcelona: Paidós.

Laclau, E., Mouffe, C., 2001. Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia (2ª ed.). Madrid: Siglo XXI.

Pitkin, H. F., 1967. The Concept of Representation. Berkeley: University of California Press.

Requejo, F., 2008. Las democracias. Democracia antigua, democracia liberal y Estado de Bienestar (2ª ed.). Barcelona: Ariel.